Abel Barajas 
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: En la propia sede encargada de administrar el trabajo y vigilar la disciplina de los jueces ocurrían las presiones, amenazas y extorsiones.

Según la investigación que inició el Poder Judicial contra el ex Ministro Arturo Zaldívar, jueces y Magistrados llegaban al piso 14 del edificio del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), en Insurgentes Sur, sin saber el motivo por el que habían sido citados.

Se sentaban en una sala de espera, donde todo el tiempo estaban presentes unos escoltas armados, y cuando finalmente salía de su oficina Carlos Antonio Alpízar Salazar, ex secretario General de la Presidencia del CJF, éste les pedía pasar a un cubículo semivacío.

Antes del encuentro con el funcionario, debían entregar sus celulares y dispositivos electrónicos. Por seguridad, incluso les revisaban sus bolsas y bolsillos.

Era la forma en que Alpízar operaba por instrucción del entonces presidente de la Corte, en favor del Gobierno: ponía sobre la mesa la línea que debían seguir los juzgadores para resolver una vinculación a proceso, un amparo, una suspensión, una sentencia.

Por la buena, Alpízar ofrecía a cambio asignarles adscripciones favorables a los jueces y magistrados, beneficios políticos como su inclusión en las ternas para consejeros del CJF, ratificaciones en el cargo, cursos en el extranjero y hasta dinero.

«Como dice Zaldívar, ‘favor con favor se paga'», dice la denuncia.

Por la mala, esas reuniones se convertían en abiertas extorsiones, con amenazas de cambios de adscripción, inicios de procedimientos de responsabilidad administrativa o suspensiones del cargo. Ni siquiera aquellos con el expediente limpio estaban a salvo; podían «sembrarles» quejas administrativas.

Los jueces Sandra Leticia Robledo Magaña, Julio Veredín Sena Velázquez, María Dolores Núñez Solorio, Yazmín Eréndira Ruiz Ruiz y Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, así como los hoy magistrados Adrián Rivera López y Rosa Montaño Martínez, son sólo algunos de los tantos que fueron citados al piso 14, aunque la mayoría de ellos rechazaron las presiones.

Uno de los chantajes que le atribuyen a Alpízar es el que supuestamente tramó contra el magistrado Arturo Sánchez Valencia, del Primer Tribunal Colegiado Penal de Toluca, quien resultaba «incómodo» para Zaldívar», según la denuncia.

Por todos los medios posibles, el operador del Ministro habría pretendido «deshacerse» del magistrado, ordenando que se investigaran sus finanzas y las de su familia, sus declaraciones patrimoniales y las quejas que existieran en su contra.

Como no le hallaron nada, Alpízar citó en el piso 14 a Selene Tinajero Bueno, esposa del entonces juez federal Adrián Rivera López y en aquel momento secretaria del tribunal al que estaba adscrito el magistrado Sánchez Valencia.

En la reunión, el funcionario del CJF pidió a la mujer que acusara al magistrado por acoso sexual y, a cambio, una vez que su marido aprobara el examen de magistrado, le daría una «buena» adscripción.

Tinajero rechazó el ofrecimiento y, cuando su esposo aprobó el examen, lo enviaron como magistrado a un tribunal de Guanajuato. Ella ahora está adscrita en un tribunal de la Ciudad de México.
Reuniones en el rancho y restaurantes Algunas carreras judiciales de décadas fueron destruidas por rehusarse a las indicaciones que recibían en la sede del CJF en Insurgentes Sur. Otros juzgadores se convirtieron en ejecutores de los mandatos del Ministro, según la denuncia.

La denuncia anónima que indaga la Judicatura hace referencia a otro grupo de juzgadores con los que Carlos Antonio Alpízar Salazar trataba fuera de oficina, y entre ellos se encuentran algunos que resolvían sus asuntos como los dictaba la superioridad.

Esas reuniones tenían lugar en restaurantes caros y en un rancho propiedad de Alpízar –aparentemente en el Estado de México–, para darles indicaciones sobre los casos relevantes que se tramitaban en la Ciudad de México y el Centro de Justicia del Penal del Altiplano.

«A estas reuniones acudían Hugo Hermosillo, Alberto Roldán, Tito Contreras, Gabriel Regis, Victorino Hernández Infante, José Manuel Torres, Jesús Delgadillo Padierna, Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Eutimio Ordóñez, Everardo Maya, Breyman Labastida, Michele Franco, Artemio Zúñiga, Abigail Ocampo, Fernando Córdova del Valle, Adrián Rivera, Iván Zeferín, Salvador Bravo, Rodrigo de Zulueta, Tania Méndez, entre otros», relata.

La denuncia señala que los que aceptaron las presiones fueron el juez Delgadillo, quien dictó la prisión preventiva a Rosario Robles; Zúñiga, quien la impuso a Emilio Lozoya y ordenó la aprehensión de Genaro García Luna; Zeferín, quien giró la captura de Francisco García Cabeza de Vaca y tramitó casos como el de Cruz Azul y Telra-Infonavit; y el magistrado Córdova, el que descongeló las cuentas de Sandra Ávila «La Reina del Pacífico».

De acuerdo con el anónimo indagado por el CJF, Alpízar también organizaba reuniones entre juzgadores y funcionarios de las Secretarías de Gobernación y la Defensa Nacional, bajo el pretexto de «sensibilizarlos».

La realidad es que esos encuentros eran para presionar a los jueces y magistrados; en algunos casos, los militares fueron a presionarlos para que se apuraran a negar amparos contra extraditables porque era prioridad del Ejecutivo federal entregarlos a Estados Unidos.

Fue el caso de las juezas Abigail Ocampo y Michele Franco, cuando estaban adscritas en Toluca, a quienes Alpízar sentó con un militar identificado como «el comandante», quien les pidió celeridad para resolver unas demandas de dos miembros específicos del crimen organizado.

Los juzgadores Rosa Montaño, Julio Veredín, María Dolores Núñez, Yazmín Eréndira Ruiz, Sandra Robledo Magaña y Patricio Vargas también fueron presionados por casos relacionados con extradiciones.
Intromisión de SchererLa denuncia señala que hubo un momento en el que Julio Scherer Ibarra, entonces consejero Jurídico de la Presidencia, ejerció directamente la coerción sobre los juzgadores.

«Sabemos que acudió al Sexto tribunal Colegiado Civil de la Ciudad de México con el magistrado Ismael Hernández, a quien presionó con un cambio de adscripción, para que recibiera a los abogados de una de las partes de un asunto en el que se dilucidaban grandes cantidades de dinero y avisara al mismo Scherer antes del dictado de la resolución. Acción que deja en claro la injerencia que tenía ese personaje en las decisiones del CJF relacionadas con la conformación de los tribunales colegiados», dice la denuncia.

Revela que Scherer también fue a presionar a los jueces en materia civil Alejandro Dzib Sotelo y Concepción Martín Argumosa, para gestionar actuaciones en concursos mercantiles.

Además, en 2021 Scherer también acudió al Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México para presionar a los tres magistrados «respecto de uno de los asuntos de sus despachos favoritos».

En este caso, solicitó a los magistrados que le avisaran por conducto de Alpízar el sentido de la resolución que dictarían, «advirtiéndoles que lo revisaran con mucho cuidado y evitarán problemas».