En tanto la polémica económica-laboral se ha concentrado en si es conveniente o no el aumento del 15% en el salario mínimo, que en realidad en poco beneficia al obrero, se está dejando de lado la reforma al sistema de pensiones, “parece que de esto, la autoridad federal ni los legisladores federales se han dado cuenta, y esto sí afectaría a quienes se han jubilado o se jubilarán en 2022 o 2023”.
Esto lo expresó el presidente del Colegio de Contadores Públicos de Aguascalientes, José Alfredo Franco Hernández, quien resaltó que a partir del 2021, se tendrá una reforma fiscal que irá de nueva cuenta, sobre los contribuyentes cautivos, y al ser un año electoral, es muy probable que sea un tema de campaña, aunado al asunto del COVID que hasta ahora, ha sido una herramienta política más y que no ha sido manejada de manera correcta.
El tema aquí es que se trata de un tema que caerá a la federación justo a la mitad de su administración, y pareciera que las autoridades no se han dado cuenta de ello, por lo que deberían comenzar a trabajar en ello, pues para entonces la ciudadanía a punto de jubilarse o pensionarse se darán cuenta del problema, pues no será grato para quienes corresponda, recibir solamente una tercera parte de lo que estaría percibiendo para entonces. “ojalá trabajen y expliquen cómo van a enfrentar esto, cómo le harán; pareciera que ni siquiera lo han pensado”.
Por ahora, insistió, lo que se ha movido mediáticamente desde las autoridades federales ha sido relacionado con el salario mínimo y la eliminación del outsourcing, ambos temas manejados con tinte político, pues “no se puede salir y atacar de ilegal a millones de mexicanos para decir que tienen un empleo informal por trabajar en ese formato, cuando sí es una forma legal de contrato y de trabajo”.
Mientras que en el aumento salarial, la forma en que se ha promovido el aumento, incluyendo el del año pasado, primero del 20% y ahora del 15%, sólo se debería aclarar que no es logro del gobierno, sino acuerdo de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, en donde tienen participación representantes de la iniciativa privada y de los trabajadores, además, “quienes dan el pago son los empresarios, no los gobiernos”.