Durante la década de 1960 y los años posteriores, la mayor parte de los países latinoamericanos se encontraban gobernados por dictaduras, esto debido al estallido de la Revolución Cubana en 1959, cuando se desarrollaron diversos movimientos guerrilleros marxistas. Estados Unidos, preocupado por la influencia que este movimiento podía generar en el resto de América, puso en marcha la Doctrina de Seguridad Nacional para proteger las democracias occidentales que se encontraban en peligro por la influencia. En esta doctrina se impulsaron métodos desarrollados por Estados Unidos y asumidos por la mayoría de los ejércitos latinoamericanos, buscando la lucha antiguerrillera, técnicas de interrogatorio, apelando a gobiernos represivos. Es por ello que años más tarde encontramos periodos de dictadores atroces en Latinoamérica: Pinochet, Stroessner, Videla, Bordaberry, entre otros.
Un caso particular fue el de Chile, donde después de la elección de Salvador Allende en 1970, en el año de 1973 Augusto Pinochet dio un golpe de estado quebrando la democracia chilena. Pinochet dirigió el país durante 17 años, disolvió el Congreso Nacional, proscribió los partidos políticos, tuvo el mayor número de desapariciones forzadas y una enorme cantidad de violaciones de derechos humanos durante este periodo, aunado a un nuevo modelo económico neoliberal. Todo esto en relación con la presencia de un gobierno militar de ultra derecha, la represión de los medios de comunicación y la poca información a sus ciudadanos, atendiendo la educación y la expresión en los medios de comunicación de manera detallada. Chile vivió el mayor periodo represivo, hasta que en 1983 inició una fuerte oposición contra el Presidente, culminando en 1998 con la iniciativa del mismo gobierno de un plebiscito para preguntar a los ciudadanos en campaña electoral si deseaban continuar con el gobierno, una vez más manejándose este mecanismo por el gobierno del General Pinochet, donde tenían claras ventajas como un mayor número de minutos al aire en campaña. Según datos de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, votaron el 5 de octubre de 1998 el 97.5% de los chilenos ciudadanos votantes, donde ganó el «No» con un 54%, mientras que el «Sí» obtuvo un 43%. Posteriormente, Patricio Aylwin fue elegido presidente en elecciones democráticas.
Al inicio del nuevo gobierno se pusieron en marcha comisiones para la búsqueda de personas desaparecidas y violaciones de derechos, mismos procesos de justicia transicional para Pinochet y su gobierno. Aylwin es criticado por haber mantenido vigente el Decreto Ley de Amnistía, por el que los perpetradores de los hechos atroces de represión, especialmente los militares y jueces, salían impunes. El periodo de transición se vio altamente influenciado por las fuerzas militares, la burocracia, beneficios para el Poder Ejecutivo y Legislativo, incluso por el hecho de la continuidad del General Pinochet como actor político en el mundo militar y un alto grado de autonomía de las Fuerzas Armadas hasta 1998, dejando mucho que desear de la justicia transicional que se había planteado. El caso de Pinochet fue altamente conocido en la jurisprudencia global sobre crímenes de lesa humanidad, juzgado por el derecho internacional en 1998 y arrestado en Londres. Una jueza española inició un proceso en contra de Pinochet, pero no se logró enjuiciar en España y regresó a Chile supuestamente por razones de salud, donde murió. Sin embargo, enfrentó un panorama político, mediático y jurídico diferente a otros perpetradores.
La justicia transicional del caso de Pinochet no se juzgó ni finalizó, y mucho menos recibió una pena por crímenes de lesa humanidad; sin embargo, fue el primero de muchos dictadores en donde el Derecho Internacional comenzó a proceder contra estos perpetradores.
