Víctor Hugo Granados Zapata

Toda decisión pública trae consigo un impacto social, ya sea bueno o malo. Este impacto, a su vez, debe ser afrontado por el Gobierno en caso de dañar a otras personas, así como también se les debe reconocer cuando el beneficio sea notorio, sin embargo ¿qué pasa cuando las decisiones resultan en tragedia? Con el paso de los años, las decisiones de los gobiernos han ido tecnificándose justamente para evitar el desastre, por más minúsculo que sea el daño, el estado en su conjunto debe responder (incluso, en derecho a esto se le conoce como “responsabilidad patrimonial del estado”). Con esto quisiera abordar un tema delicado y reciente, la muerte de un estudiante hidrocálido que fue víctima de la mala planeación gubernamental.

Antes de iniciar quisiera dejar en claro que en este texto no voy a indagar en posibles culpables (eso lo determinará la Fiscalía en el curso de la investigación), mi propósito es establecer una pauta para prevenir y mejorar la cobertura de educación superior. Una vez aclarado esto, tenemos que hacer un mapeo de las circunstancias que rodean al asunto en cuestión ¿qué fue lo que falló?

El derecho a la educación, ubicado en el artículo 3° de la Constitución, es una materia concurrente entre la Federación, y las entidades federativas e incluso los municipios (bajo ciertas excepciones). Por ende, si el Gobierno Federal o Estatal desean construir un nuevo plantel, este debe contar con las condiciones óptimas para que todas las y los alumnos puedan desarrollarse académica, profesional y personalmente.

La infraestructura básica es el primer eje, que las instalaciones cuenten con electricidad, aulas, baños con drenaje y separación por sexo, y un largo etc.; posteriormente, se requieren de docentes que estén capacitados para enseñar según el nivel escolar ofertado (educación básica, media o superior); y finalmente construir una currícula integradora de la cual deriven los programas de estudio (certificados por la SEP, el IEA y las autoridades educativas correspondientes). Se tiene la creencia de que una vez completadas las tareas que mencioné anteriormente ya no es necesaria mayor intervención, ya que la garantía del derecho a la educación ha terminado de materializarse y que el resto de gestiones relativas a esta institución educativa naciente son más de índole burocráticas, es aquí donde comienza el error.

Utilizando un enfoque de derechos fundamentales, la garantía y el disfrute de los derechos se encuentra interrelacionado, es decir, para que se pueda alcanzar el máximo goce y disfrute se requiere, de manera conjunta, garantizar otros derechos fundamentales. En el caso del sector educativo tenemos una gama amplia de derechos y servicios que requieren ser garantizados a la par del de la educación, por ejemplo el derecho a no ser discriminado (el acoso escolar es la viva imagen del incumplimiento), transporte público, a la salud (instalaciones de salubridad dignas), al libre desarrollo de la personalidad, expresión, etc.; una vez tomando en cuenta esto ya podemos dimensionar cómo debe planearse la construcción de un plantel educativo más allá de solamente las cuestiones de infraestructura, docencia y planes de estudio. Desafortunadamente, es en este punto de inflexión donde muchas cosas pueden ocurrir si no se cuenta con una planeación adecuada, como fue el caso del homicidio de Johan Fabián Rodríguez Sánchez.

Johan era alumno de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes (UTMA), ubicada en Villas de Nuestra Señora de la Asunción dentro del municipio capital. Hace 2 semanas fue asaltado y herido en el pecho por parte de unos ladrones que se encontraban cerca de su universidad, al llegar los paramédicos Johan se encontraba en un estado crítico y posteriormente falleció a causa de las lesiones que le provocaron. Los estudiantes de la UTMA exigían que las autoridades no solamente investigaran el caso, sino que cumplieran con la función de asegurarles un entorno educativo seguro. De las múltiples declaraciones de los estudiantes hay una coincidencia importante y es que todos mencionaron que hubo múltiples asaltos a las afueras del lugar, que contaban con poca vigilancia (casi nula) por parte de la policía y que llevaban meses exigiendo que se tomaran cartas en el asunto.

El fraccionamiento en el que se encuentra ubicada la universidad es conocido por tener altos índices de delincuencia, por lo que al querer construir un plantel educativo lo primero que deberíamos tomar en cuenta, antes de abrir las instalaciones, es la seguridad de todas las y los estudiantes. Ahora, esto no quiere decir que debemos prohibir la construcción de escuelas en algunas zonas de la ciudad por sus condiciones de seguridad, sino que se debe contar con un refuerzo cerca del lugar para asegurar que dentro y a los alrededores todas las y los alumnos estén lo más seguros posibles. Esta condición es igual en materia de movilidad, los accesos de traslado deben estar lo más cercano a dichas instituciones educativas, contar con alumbrado público y protocolos de seguridad.

En pocas palabras, la lección que debemos contemplar de este triste y desafortunado suceso es que no basta solamente con construir planteles educativos. El entorno que rodea a éstos, los traslados, la seguridad pública, etc., también son parte fundamental para garantizar el derecho a la educación de todas las y los estudiantes. Por ello, las autoridades (en sus tres niveles de Gobierno) deben escuchar con mayor detenimiento las exigencias de la comunidad escolar y contemplar una planeación más rigurosa y coordinada antes de construir cualquier escuela, porque como hemos visto el costo de no hacerlo puede llegar a ser fatal.

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