POR: OCTAVIO DÍAZ GARCÍA DE LEÓN

@octaviodiazg

Uno de los grandes problemas para entender mejor el fenómeno del delito en México es la falta de cifras confiables en esta materia. Ya se ha visto la discusión sobre el conteo de homicidios, una de las cifras que debería ser mejor cuantificada por tratarse de uno de los delitos más graves; sin embargo, existen miles de desaparecidos que no se sabe si fueron asesinados y hay desacuerdos sobre las cifras reportadas.

Se da, además, la dificultad de que la mayor parte de los delitos no son denunciados. Por ello el INEGI realiza desde el 2011 la “Encuesta Nacional De Victimización Y Percepción Sobre Seguridad Pública” (ENVIPE) que en 2014 se aplicó a 95,516 viviendas para conocer qué está pasando con el delito en México. El INEGI señala que esta encuesta no permite conocer delitos como los de narcotráfico, delincuencia organizada o tráfico de migrantes, entre otros, ya que estos no necesariamente afectan a hogares.

Se acaban de publicar los resultados de la ENVIPE 2014 y no son alentadores. Para empezar, en el 33.9% de las viviendas del país reportan haber sido víctimas de algún delito y el total de delitos ocurridos en el país durante 2013 fue de 33.1 millones (Un delito por segundo) que afectaron a 22.5 millones de víctimas de 18 años o más, lo que arroja una tasa de 28.2 víctimas por cada 100 habitantes. Asimismo el 58% de los encuestados consideran que el problema más importante que aqueja a su entidad es la inseguridad, seguido por 46.1% para el desempleo y un 37.7% para el aumento de precios.

Como en años anteriores, llama la atención el hecho de que el 93.8% de los delitos no se denuncie o no se inicie averiguación previa. Únicamente en el 3.1% de los casos hubo inicio de averiguación previa; solo en el 0.45% de los casos se puso a disposición de un juez a los delincuentes; y hay un 1.44 % de casos en trámite. Además, el poner a disposición de un juez no implica que se vaya a sancionar a los inculpados, sino que se les va a juzgar. Sería interesante saber en cuántos de estos casos realmente se castiga a los delincuentes. La tasa de impunidad alcanza un 98% lo cual es un gran aliciente para que los delincuentes continúen con sus actividades delictivas porque no hay consecuencias.

Otras cifras que llaman la atención es que el costo del delito en el año 2013 se estima en $213.1 mil millones de pesos (MDP) equivalentes al 1.27% del PIB, más $64 mil MDP que fue el costo de las medidas preventivas que tomaron los hogares para defenderse de los delitos. La cifra de secuestro también creció de 2012 a 2013 en forma alarmante ya que pasaron de 105,682 a 131,946 (25% más) y el número de víctimas de secuestro pasó de 94,438 a 123,470 (31% más).

Por lo que respecta a Aguascalientes el número de víctimas del delito disminuyó entre 2012 y 2013 en un 1.6% mientras que a nivel nacional aumentó en un 3.2%. Tamaulipas, Chihuahua y Nuevo León disminuyeron en 17.9%, 16% y 15.3% respectivamente. En cuanto al número de delitos, en Aguascalientes disminuyó en 23.7%, la mayor disminución a nivel nacional, seguido por Baja California Sur y Tamaulipas (reducción de 23.6% y 23.1% respectivamente); los estados que más aumentaron son Estado de México con 69.9%, Chiapas 49.8% y Baja California 45.2%. En cuanto a qué tan inseguro es el estado, el 49.1% de los encuestados opinaron que Aguascalientes era inseguro vs. 73.3% a nivel nacional, mientras que Yucatán con 29.5%, Querétaro, con 38.5% y BCS con 39.3% fueron los más bajos. Los peor calificados son el Estado de México donde el 92.6% de la población piensa que es inseguro, seguido de Morelos con 89% y Tabasco con 86.1%. Con respecto a homicidios, Aguascalientes tiene solo 4 por cada 100,000 habitantes, solo superado por Yucatán que tiene 2. La media nacional es de 19. Los estados más violentos son Guerrero, Chihuahua y Sinaloa con 63,59 y 41 respectivamente.

Es importante hacer notar que los delitos que se mencionan en esta encuesta son delitos del fuero común, esto es, responsabilidad de las procuradurías y tribunales estatales, y de las policías municipales y estatales. Por ello, la solución a los problemas de la delincuencia reflejada en la ENVIPE no está en manos del gobierno federal, sino de los estados y municipios. Si bien la federación dedica $7,401 MDP en subsidios a entidades federativas y municipios a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) con los programas “SUBSEMUN” y “FASP”, es importante que estos recursos se liguen a resultados y haya una adecuada rendición de cuentas por parte de los receptores de estos apoyos. Que se cuenten con indicadores para medir si estos recursos están dando los resultados que la sociedad espera de ellos y que existan condiciones de cumplimiento amarrados al otorgamiento de estos fondos en el futuro. Otro programa a cargo del SESNSP que tiene una incidencia directa en la prevención del tercer delito más mencionado en la ENVIPE –el robo de vehículosמ es el Registro Público Vehicular (REPUVE) por lo que es urgente lograr la cobertura universal de este registro.

Los resultados de la ENVIPE demuestran que el problema de la delincuencia se está agravando, por lo que estados y municipios, auxiliados por la federación, deberán redoblar esfuerzos para abatirlo.

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