Mtro. Juan Sergio Villalobos
Pueden proponerse diversas formas de perfeccionar el procedimiento de elección de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de jueces y magistrados federales. Por sí solo, todo proceso de elección es perfectible; pero aventurarse a proponer que la mejor forma de hacerlo es por medio del sufragio universal carece de sentido.
A diferencia de lo que sucede con la elección de quienes integran los poderes políticos, el Poder Judicial se consolida a través de dos vertientes: el conocimiento teórico y la práctica continua del quehacer jurisdiccional. El Poder Judicial puede equilibrar el peso de los poderes políticos precisamente porque su naturaleza y raíz es diversa a las tempestades y avatares políticos. No podrían sus miembros haberse gestado en militancias o campañas sin perder en ello su propia independencia de criterio.
Podemos estar o no de acuerdo con el fallo o resultado judicial en un juicio determinado, pero las reglas constitucionales son claras: el árbitro es el Poder Judicial, y sus fallos, como los de todas las autoridades judiciales del país, son de orden público y su cumplimiento y observancia es obligatorio. No es factible que se pretenda incidir en la designación de los árbitros judiciales desde las urnas de votación, a fin de lograr fallos a modo.
La independencia de los Poderes Judiciales a nivel federal y locales ha sido una conquista social que ha llevado años consolidar, y en ello se incluyen etapas álgidas, como aquella en la que, siendo presidente de México Ernesto Zedillo Ponce de León, la Suprema Corte de Justicia de la Nación pasó prácticamente de la noche a la mañana de contar con veintidós ministros a ser integrada solo por once.
Las instituciones públicas constantemente deben evolucionar para satisfacer las necesidades de la población, eso es cierto. Pero los nuevos diseños que resulten necesarios para su mejor funcionamiento no pueden llegar al extremo de desvirtuar la naturaleza de su función. No podría imaginar a algún diputado o presidente de partido pretendiendo que la silla presidencial se rote y alterne de forma sexenal entre todas las fuerzas políticas, eliminando así los costosos procesos electorales.
Lleva muchos años y recursos formar a jueces y magistrados. Años de lecturas incesantes de expedientes, de conocimiento teórico, de actualización de criterios jurídicos y de reformas a los textos normativos, de desarrollo de capacidades de dirección y gestión de recursos y de personal. Existe un gran andamiaje de consejos de la judicatura, escuelas judiciales y de institutos de capacitación que garantizan la vanguardia en el conocimiento jurídico y la designación de las personas mejor preparadas a los puestos de impartición de justicia. Se plantea ahora que todo eso se cambie por campañas y voto popular. Esta última fantasía de elegir jueces y magistrados mediante voto popular pone de manifiesto algo terrible: el desconocimiento de la naturaleza y función del Poder Judicial Federal. Se proponen modelos decimonónicos para instituciones del siglo veintiuno. El modelo político-social cambió. Ya no son los tiempos donde el hombre providencial, el caudillo del pueblo, el jefe máximo, salva a los hijos de la patria. Es ahora el Poder Judicial, tanto federal como local, quien se yergue como el garante de la democracia, la paz y el desarrollo. La última palabra ya no es la que dice el señor presidente, sino la que expresa la ley por voz de sus jueces; y en ello, ya no hay retorno.
