Si en las alturas se lleva a cabo una rifa para que los cuadernos lleguen a cargos públicos de relevancia, entonces ¿por qué no hacerlo aquí?, diría la o el interesado en alcanzar una mayor categoría, por lo que ahora en que por ley se tiene la veda informativa sobre lo que hacen o dejan de hacer los gobiernos, puede ser aprovechado por la alcaldesa capitalina para decidir quién quedará en su lugar a partir del 1 de septiembre.

Con esta nueva licencia –que será la tercera que solicite en los cinco años que lleva al frente de la comuna-, impondrá un récord político-administrativo, a lo que se agrega la que obtuvo en 2016 para dejar la diputación federal y venir al pueblo como presidenta municipal, acto que podría repetir a finales del presente año para ir tras la postulación interna de su partido a la gubernatura.

María Teresa Jiménez fue electa para ocupar la alcaldía en el trienio 2017-2019, pero pidió licencia para buscar la reelección y en su lugar dejó a Marta Miriam Tiscareño Rodríguez, quien estuvo del 14 de abril al 31 de julio de 2019, regresó el 1 de agosto del mismo año y estuvo hasta el 6 de marzo de 2021 y nuevamente se separó para ser candidata a diputada federal, por lo que a partir del 6 de marzo quedó en su lugar Juana Cecilia López Ortiz, que estuvo hasta el 21 de junio en que volvió la titular.

Las apuestas se centran en quién va a dejar del 1 de septiembre al 14 de octubre, en que concluye su segundo período, por lo que estos días de silencio pueden ser aprovechados para definir el nombre de quien cerrará este ciclo. Aunque en teoría el Cabildo es el que designa al sustituto, en la práctica aprueba lo que ella decide, por lo que las miradas están puestas en los movimientos que haga la jefa y a quién le va a encargar algunos trabajos relacionados con la administración, lo que podría ser una señal por dónde irá el relevo.

Durante muchos años hubo estabilidad en la administración municipal, lo que se vivió a partir de Enrique Osornio Camarena, quien estuvo del 1 de noviembre de 1945 al 31 de diciembre de 1947, después siguieron Luis Ortega Douglas, Jaime Aizpuru Jayme, Antonio Medina Romo, María del Carmen Martín del Campo Ramírez, Gilberto López Velarde, Francisco Guel Jiménez, Juan Morales Morales, Carlos Macías Arellano, Ángel Talamantes Ponce, Felipe Reynoso Jiménez, Francisco Ramírez Martínez, Pedro Rivas Cuéllar, Miguel Romo Medina, Héctor del Villar Martínez, Armando Romero Rosales, María Alicia de la Rosa López, Fernando Gómez Esparza, Alfredo Martín Reyes, Luis Armando Reynoso, Ricardo Magdaleno, Martín Orozco, Gabriel Arellano Espinoza, Adrián Ventura Dávila, Lorena Martínez Rodríguez, Juan Antonio Martín del Campo, María Teresa Jiménez, Marta Miriam Rodríguez, María Teresa Jiménez, Juana Cecilia López y María Teresa Jiménez.

En el caso de María Teresa, se repite por las veces que ha pedido licencia, aunque en esta cronología también hubo otros alcaldes interinos, como fue el caso de María Alicia de la Rosa, que estuvo en lugar de Armando Romero, del 13 de mayo de 1991 al 31 de diciembre de 1992; al igual que Adrián Ventura que en 2010 fungió como alcalde al pedir licencia el titular Gabriel Arellano.

De quienes estuvieron como alcaldes de 1948 a la fecha, han sido gobernadores Luis Ortega Douglas, Francisco Guel Jiménez, Luis Armando Reynoso y Martín Orozco y quienes no lograron ese grado fueron Gabriel Arellano y Lorena Martínez, inclusive Arellano también fracasó en volver a ser presidente municipal.

De los presidentes que entraron como relevo, sólo con Adrián Ventura Dávila se cumplió lo que dispone la ley, de que el suplente sea quien quede en el cargo.

POCAS NUECES

Aunque sean uno o dos los que lleve al banquillo de los acusados, pero a la fiscalía especializada en delitos electorales le urge hacerlo para justificar su presencia, por lo que hace alarde de que hay mano dura con aquellos que se atrevieron a violar la ley en los pasados comicios.

De 40 denuncias que recibió, solamente 6 podrían proceder y que se encuentran en vías de conclusión, y de ellas “tal vez” algunas lleguen a la judicialización mismas que corresponderían a empleados de municipios del interior.

Para cumplir con la encomienda, la citada fiscalía tuvo a su disposición un ejército de agentes del Ministerio Público que estuvieron de guardia en la jornada del 6 de junio, sin embargo más que denuncias eran chismes que los quejosos llevaron a la mesa de los funcionarios y que por su naturaleza no cabía investigarlos, entre ellos “intento de compra de votos”, por el uso de recursos públicos y amenazas entre militantes de distinto partido sin que pudiera acreditarse el delito, por lo que sólo se registró la queja para la estadística.

Se investiga si trabajadores de algún municipio hicieron uso de recursos públicos para favorecer a un candidato y si además, al momento de llevar a cabo esa acción estaban en horario de trabajo, aunque de encontrar culpables no pasarán de ser uno o dos, al igual que dos personas de Asientos a quienes, presuntamente, se les encontraron varias credenciales para votar.

En la fiscalía en delitos electorales se asegura que de llegar a comprobarse que en esos y otros casos hubo un delito se pedirá girar órdenes de aprehensión, lo que de ocurrir sería de prisión preventiva oficiosa por el tiempo que dure la investigación y luego vendrá la sentencia, sin embargo debe recordarse que al término de cada elección siempre hay este tipo de amenazas para los supuestos “delincuentes electorales”, cuyas inculpaciones terminan guardadas en algún cajón, mismas que podrían reactivarse si el partido al que pertenecen asumen una actitud contraria a la autoridad en turno, por lo tanto lo único que puede ocurrir es que, justamente, ahora se envíe ante el juez a una o dos personas para demostrar efectividad en la citada fiscalía, a manera de argumentar su presencia.

Tanto a nivel federal como estatal se actúa de la misma manera, al presentarse un cúmulo de querellas que en su momento despiertan interés en la ciudadanía, al suponerse un despertar cívico ya que medio mundo está dispuesto a no permitir que se viole la legislación electoral, por lo que recurre a las instancias correspondientes a exponer sus demandas y que no prosperan porque generalmente son de “oídas”, habladurías, calumnias o suposiciones, que técnicamente no se pueden comprobar, como la presunta compra de votos, lo que la misma autoridad sabe que únicamente se busca ensuciar el resultado, o tratar de intimidar a la autoridad para que acepte como hechos reales lo que ni siquiera el denunciante puede probar. Esto lleva a archivar la mayoría de las querellas y dejar vigentes sólo aquellas que por incuestionables deben ser investigadas y consignadas.

ALARMANTE AVANCE

Los empresarios se encuentran en alerta ante las acometidas de la delincuencia organizada y del fuero común, por lo que exigen a los tres niveles de Gobierno una mayor coordinación para que lleven a cabo una verdadera vigilancia, que detenga a los malhechores y no permitan que sigan introduciéndose en el estado. Aunque las autoridades insisten que sí hay organización entre todas las instancias, en la práctica son varios los hechos que ponen en tela de juicio que esto sea una realidad. La obligación de la Federación y de los gobiernos Estatal y Municipal es garantizar la seguridad de los aguascalentenses, desechando la teoría fallida de “abrazos y no balazos” cuando en los hechos hay ataques de células criminales que no dudan en asesinar a sus rivales, lo mismo que ladrones de poca monta que tienen en jaque al comercio, al que asalta en cualquier parte poniendo en peligro la vida de los empleados. El mayor problema que mencionan los hombres de negocios es la presencia de células de cárteles que se mueven por la ciudad y el estado sin presión alguna, mientras que los asaltantes de negocios roban para hacerse de dinero que les permita comprar la droga, por lo que en ambos casos hay una interrelación que debe combatirse. Aunque se insiste que hay un cerco para evitar que ingreses los facinerosos, existen múltiples formas de que lo hagan sin ser detectados, por lo que tiene que haber mayor efectividad en la vigilancia, detección y detención, que permita devolver la tranquilidad que hasta hace poco gozaba los aguascalentenses.