Durante los últimos ocho años, he dedicado este espacio a infinidad de temas de trascendencia jurídica, siendo así, que en esta ocasión no podía dejar de comentar lo que aconteció en nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación hace un par de días.

Como es del dominio popular, hace unos días la Corte decidió sobre la constitucionalidad de la pregunta a desarrollarse sobre una posible consulta popular en la que se ponía en tela de juicio si se debería de juzgar a los exmandatarios federales. Siendo así, que el ponente y ministro Luis Ma. Aguilar concluía que su contenido era un “Concierto de inconstitucionalidades” y a todas luces inaceptables; sin embargo, el propio presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, demostró cómo la Corte continúa al servicio del Ejecutivo como en los viejos tiempos de la hegemonía hiperpresidencialista.

Lo anterior, tras una maniobra en la que decide cambiar la pregunta y se obtiene la aprobación de 6 ministros. La pregunta aprobada y que será puesta en boletas para el próximo año 2021 considera lo siguiente: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”

Según marca el propio proceso, la consulta deberá celebrarse en agosto; sin embargo, ya comienzan algunos legisladores morenistas a presentar iniciativas para modificar la fecha de la consulta e incidir en la jornada electoral que tendrá verificativo el próximo año. Para cualquier estudioso del derecho e inclusive para cualquier estudiante; queda más que claro que ningún exfuncionario público cuenta con fuero constitucional y que estos pueden ser investigados en cualquier momento por las autoridades correspondientes.

Siendo así, que una pregunta en una consulta popular no debe de ser el motivo por el cual se castigue a los servidores públicos. En el mundo jurídico, las cortes supremas o constitucionales, deben de ser los garantes máximos de los ordenamientos constitucionales; mientras que parece que nuestro país se esmera en parecerse más a otras naciones como Venezuela, en las que los poderes de la unión funcionan como sátelites del Ejecutivo y no como entes de contrapreso independientes.

Se trata de que nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, debió ponderar lo que significa gastar una infinidad de recursos para realizar una consulta popular en la que se le ordene a una autoridad hacer su trabajo. Suena paradójico, pero así es, el resultado de una consulta popular definirá si diversos funcionarios hacen su trabajo o deciden hacerse “de la vista gorda” formando parte del régimen de corrupción que tanto juran combatir.

Agradezco el favor de su lectura y les deseo un excelente fin de semana.

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