Jesús Eduardo Martín Jáuregui

La Suprema Corte de Justicia (así se llama y así hay que decirle aunque poco tenga que ver con ella, con la Justicia), dictó una resolución que si no es la más aberrante de su historia, está muy cercana a serlo. Merece la pena hacer algunas reflexiones, a sabiendas que un número importante de simpatizantes del presidente son refractarios a las argumentaciones y reaccionan sólo de acuerdo con sus simpatías y antipatías. Aunque evidentemente analizar un fallo de la Corte tiene implicaciones técnico jurídicas, procuraré recurrir lo menos posible a tecnicismos buscando hacer un análisis claro y objetivo destacando los puntos, en que a mi juicio la resolución dejó de ser un concierto de inconstitucionalidades, como le llamó el ministro  Luis María Aguilar, para pasar a ser un concierto de ambigüedades, un concierto de zalamerías al Presidente y un concierto de ilegalidades.

El Derecho no es una ciencia, aunque hay una ciencia del Derecho, de manera semejante se puede decir que la Religión no es una ciencia, pero se puede hacer una aproximación científica a la religión. El Derecho como producto cultural es materia opinable y por lo mismo las soluciones jurídicas no suelen ser uniformes y dificilmente se estandarizan. Los tribunales no son órganos democráticos aunque sus decisiones tengan que tomarse por mayoría, porque las sesiones no son mero recuento de votos, son espacios para la discusión, el análisis, el escrutinio, encaminados a unificar los criterios en cuanto a la aplicación de la ley bajo la óptica constitucional. No es infrecuente que haya  diferentes opininones y no es raro tampoco los cambios de criterio de la Corte en Pleno, sin embargo hay parámetros, que la misma ha fijado que permiten hacer en algunos casos, como el presente un examen bastante objetivo.

Como en todos los casos jurídicos los antecedentes son importantes.

Desde su toma de posesion el Presidente fue muy claro en señalar, que los ex-presidentes serían enjuiciados por sus responsabilidades penales o administrativas, sólo si el pueblo se lo pedía, independientemente de que, como se ha señalado repetidamente esa consideración no tiene sentido, porque las autoridades tienen la obligación de perseguir y castigar los delitos y las faltas.

El presidente insistentemente había señalado que se perseguiría, enjuiciaría y castigaría a los ex-presidentes sólo si el pueblo se lo solicitaba.

El Presidente hasta la actual, había desdeñado la Ley Federal de Consulta Popular, que por cierto fue promulgada y publicada por el presidente Enrique Peña Nieto, sus tres mas relevantes consultas: las que echaron atrás el aeropuerto de Texcoco y la Cervecera de Baja California y la que echó para adelante la refinería de Dos Bocas, fueron un remedo de consulta, lo que, dicho sea de paso constituye una ilegalidad por parte del Presidente al no ceñirse a los mandatos de una ley federal específica.

Para cumplir con su forzado ofrecimiento, la Ley Federal ofrecía al Presidente tres opciones: recabar firmas por una cantidad equivalente a un porcentaje del padrón electoral, alrededor de un millón ochocientas mil firmas, obtener el acuerdo mayoritario del Congreso o hacer la propuesta directamente el Presidente, revisada la constitucionalidad por la Corte.

Se inició el recabamiento de firmas con módulos en lugares públicos del país, para apoyar la siguiente propuesta textual:”¿Quiéres que Salinas, Zedillo, Fox, Peña y Calderón, vayan a la cárcel?. En el tiempo previsto por la ley no se recabaron las firmas necesarias. El Congreso con Morena dividido por la disputa interna por su presidencia, no ofrecía confianza en obtener un voto mayoritario por la consulta. El Presidente quemó su última carta y formuló su petición con su pregunta que pasó a la Corte para su revisión.

La función de la Corte de acuerdo con la ley de Consulta es calificar su constitucionalidad, revisar que la pregunta derive directamente de la materia de la consulta; no sea tendenciosa o contenga juicios de valor; emplee  lenguaje neutro, sencillo y comprensible. Nada más y eventualmente algo extraño, la faculta para realizar las modificaciones conducentes a la pregunta para garantizar que sea congruente con la materia y cumpla con los criterios de redacción.

Merece la pena detenerse para precisar que no es factible preguntar cualquier ocurrencia, aún cuando no fuese inconstitucional, por ejemplo no se puede consultar sobre la procedencia de cumplir o no con un tratado internacional; no se podría preguntar si se está de acuerdo o no con implantar la pena de muerte, hay compromisos internacionales que nos lo impiden, y no se podría obviamente preguntar cosas tales como: está de acuerdo en que el sol siga saliendo o que el metro mida cien centímetros, o que tres strikes sean un ponche.

El proyecto del ministro Luis María Aguilar abunda en los análisis técnico jurídicos con gran precisión y claridad, que pueden sintetizarse diciendo que no se puede consultar el cumplimiento de la ley, menos aún cuando el resultado de la consulta pudiera ser contrario a derechos fundamentales de víctimas u ofendidos, ni se puede supeditar la  obligación de investigar de la Fiscalía y demás autoridades a la opinión de la ciudadanía. La inconstitucionalidad era clarísima.

Mayúscula sorpresa fue que seis ministros introdujeron en el análisis de la propuesta un enfoque que puede enunciarse sencillamente así: Si la pregunta ”
¿quiere usted que se investigue y procese a los ex-presidentes Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña? fuera congruente con la materia de la consulta sería sin duda inconstitucional, luego vamos a examinar cuál es la materia de la consulta y encontraron que, la materia de la consulta no era enjuiciar a los ex-presidentes sino revisar cómo había operado la administración pública. O sea lo que el presidente quiso decir no fue lo que dijo, no fue lo que consultó Morena, no fue lo que propuso al Congreso y revisó la Corte, sino lo que la Corte dijo que quiso decir, para calficar de constitucional su intromisión en las próximas elecciones con una consulta torpe, amañada y politiquera.

Merece destacar la dignidad y entereza de los cinco ministros restantes, pero lamentablemente privó el cinismo, la desvergüenza y la abyección.

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