René Urrutia De La Vega

Por mucho tiempo en el pasado muy reciente, la preocupación número uno de la población y de la sociedad había sido el tema – el gran tema – de la inseguridad, la violencia, la delincuencia y todo lo relacionado con estos conceptos, la Seguridad Pública o Ciudadana, tanto así, que en los últimos procesos electorales, no solo de las entidades federativas sino también en el ámbito federal, se subieron estos temas al debate público y a las propuestas y compromisos de campañas políticas de una manera muy directa y firme, como nunca antes se habían abordado, ya que la norma no escrita en política decía que los candidatos no deberían de ocuparse de ese tema debido a que normalmente no obtendrían ningún rédito electoral con eso, sino que únicamente se deberían limitar a prometer, eso sí, que todo sería mejor y que todo lo iban a resolver llegando al poder.

De manera que, volviendo al punto inicial, la seguridad pública o seguridad ciudadana venía acaparando, por mucho, todos los reflectores en la discusión política y social, en los medios de comunicación y en todos los entornos sociales de nuestro país; la inseguridad y violencia creciente que se ha venido experimentando sostenidamente en las últimas décadas, así como los fenómenos delictivos cada vez más alarmantes y las manifestaciones de criminalidad, particularmente por parte de los grupos de delincuencia organizada, aunque no exclusivamente, han sido el número uno en todas las encuestas de percepción social y preocupación ciudadana.

Solo un fenómeno de dimensiones mundiales en materia de salud pudo cambiar este panorama, a partir de que apareció el hoy famoso virus, la seguridad ciudadana pasó del primero, no al segundo, sino quizá al tercer lugar en la discusión nacional e internacional, pues fue relevado por una ola de grandes dimensiones de información relacionada con un enemigo casi invisible que nos ha traído un cambio de dinámica social, de vida, de paradigmas y de muchas otras cosas que además siguen y seguirán cambiando por un tiempo considerable. Puede ser que este tema se haya relegado hasta el tercer puesto porque, después de la salud, contingencia sanitaria, pandemia y todo lo relacionado con lo primero, pudiera ser que el tópico económico haya tomado el segundo lugar, debido a todas las repercusiones y efectos colaterales de gran impacto que está y también seguirá teniendo la serie de medidas y formas de afrontar la pandemia que se han dado desde los distintos niveles de gobierno, lamentablemente casi siempre desarticulados y también casi siempre desacertados, no ausentes de encono y de tintes políticos, en algunos caso.

El problema que quiero plantear consiste en que no sabemos quién está en este momento diseñando de manera correcta, minuciosa y responsable las estrategias de gran alcance que deberían estarse cocinando para hacer frente a la problemática que se viene en materia de delincuencia y criminalidad, en materia de manifestaciones delictivas que serán consecuencia de las afectaciones económicas y de las nuevas formas de delinquir, no solo por parte de grupos de la criminalidad organizada, que seguramente si están haciendo su propia tarea para incrementar sus ganancias y sus beneficios ilícitos e ilegítimos, sino también por parte de la delincuencia común, esa que surge, que emerge y que se agudiza siempre que la economía se ve afectada, siempre que viene una nueva dinámica social que modifica los esquemas y, hay que decirlo, siempre que se relajan las estrategias preventivas, combativas y operativas por parte de las dependencias e instituciones públicas encargadas de generarlas de forma anticipada para tratar de evitar, o al menos mitigar, los daños que ciertamente se advierten inevitables.

Y es que vamos a regresar a una “nueva normalidad”, probablemente más pronto que tarde, que nos arrojará una realidad en la que, si el rezago en materia de prevención e investigación de delitos, así como de administración e impartición de justicia por parte de los poderes judiciales de la federación y de los estados, de por sí venía siendo cada vez más complejo, después de meses de una disminución sustancial de la atención de los casos, se verá seriamente incrementada, de manera que se creará un verdadero vacío en ese rubro, que lamentablemente puede ser aprovechado por quienes actúan al margen de la ley afectando a quienes tratamos de mantenernos dentro del respeto a la norma y al prójimo en todas sus esferas.

Lo lamentable es que no vemos que existan equipos de funcionarios responsables de la seguridad, la procuración e impartición de justicia y de la ejecución penal, desarrollando los esquemas estratégicos necesarios, coordinados y eficaces para hacer frente a una serie de consecuencias en la materia, que si bien, ya venía haciendo mucha falta, ahora será verdaderamente apremiante. Nada me gustaría más que estar equivocado.

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