POR: OCTAVIO DÍAZ G.L.

@octaviodiazg

No se había visto un movimiento de médicos tan importante como el que ocurrió el pasado 22 de junio en las principales ciudades del país, desde el movimiento que tuvo lugar entre noviembre de 1964 y septiembre de 1965 de los médicos al servicio del estado. El movimiento de hace cincuenta años tuvo que ver con reclamos de carácter laboral tales como la obtención de plazas, pagos de aguinaldo y mejoras salariales; el tratamiento que le dio el gobierno del presidente Díaz Ordaz a este movimiento fue el primer indicio de la dureza de su gobierno ya que no aceptó las demandas y tomó medidas fuertes contra líderes y participantes. Esto fue un presagio de lo que ocurrió con el movimiento estudiantil de 1968.

A diferencia del movimiento del 65, las protestas del 22 de junio se iniciaron contra acciones del Poder Judicial, por la emisión de órdenes de aprehensión a 16 médicos en Jalisco, acusados de homicidio por negligencia médica debido a la muerte de un menor que después de 50 días en terapia intensiva falleció. Por cierto, los médicos que se manifestaron en Guadalajara fueron a pedir ante la delegación de la PGR que se despenalice la negligencia médica, en lugar de acudir ante su Congreso que es el que puede modificar las leyes locales dado que son delitos del fuero común y no es competencia de la PGR. Pero confusiones aparte, la marcha del 22 de junio también se dirigió hacia el gobierno federal y los gobiernos estatales por las malas condiciones de trabajo que existen en muchos de los hospitales y clínicas del sector público (Salud, IMSS, ISSSTE) reflejando una problemática más de fondo.

La queja de los médicos va en el sentido de que el equipamiento, capacidad de los hospitales, disponibilidad de los insumos, su calidad, y otras limitaciones importantes en instalaciones y materiales no permiten tener las condiciones óptimas para tratar a los enfermos. Podemos deducir entonces que las muertes evitables en esos hospitales son más frecuentes de lo que nadie quisiera admitir. Es entendible entonces de que si ocurren estas muertes evitables, los médicos estén preocupados de que la culpa se les atribuya a ellos cuando existen otros factores que contribuyen.

Debería entonces haber una corresponsabilidad del Congreso por no dar los recursos suficientes, o de los administradores de los sistemas de salud pública por no procurar esas condiciones óptimas, o de los organismos de fiscalización que no son capaces de parar la corrupción en las adquisiciones de medicamentos y otros insumos que los encarecen o que no tienen la calidad necesaria. Tampoco exime a hospitales del sector privado la existencia de muertes evitables ya que al operar bajo una lógica de lucro le dan prioridad a las ganancias sobre la salud de los pacientes. Por eso se debe ver de manera integral todo el tema de atención a la salud.

Pero ¿es válida la petición de los médicos para pedir que se despenalice el homicidio por negligencia médica? ¿Qué protección tienen entonces los pacientes? Existe la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED), órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, cuyo objetivo es “contribuir a resolver los conflictos suscitados entre los usuarios de servicios médicos y los prestadores de dichos servicios”. En el caso de la muerte del menor en Jalisco, la CONAMED eximió de responsabilidad a los inculpados pero el juez que giró las órdenes de aprehensión no opinó igual.

Creo que no se puede eximir a los médicos ni a ningún otro profesionista, de las responsabilidades penales, civiles y administrativas en que incurran por negligencia, dolo u omisión. Pero en el caso de los médicos, hay que ver el contexto en el que operan para mejorarlo de manera urgente ya que ellos luchan todos los días contra la enfermedad y la muerte. El médico está obligado a dar todos los medios a su alcance para la cura de una enfermedad, pero no puede ser responsable de si se cura o no el paciente ya que esto depende más de cómo reaccione el organismo del enfermo.

Quizá para dirimir los casos de prácticas y abusos por parte de los malos médicos, que los hay, aparte de la CONAMED al gremio también le hace falta un comité de ética formado solo por miembros de la profesión al que puedan ser llevados casos de conductas inadecuadas y con ello el gremio ejerza la autocorrección. El comité deberá poder impedir que ejerzan la medicina en cualquier institución de salud aquellos médicos que incurran en faltas graves. Este comité, para ser eficaz, deberá funcionar con honestidad y no para encubrir. También serviría para que hubiera otra instancia a la que pudieran acudir los pacientes además de la CONAMED.

En paralelo y de manera urgente, es necesario que el Estado Mexicano otorgue mejores condiciones de trabajo entre salarios, insumos e instalaciones a los médicos a fin de que puedan dar una buena atención al público. Para ello quizá sea necesaria una reorientación en el gasto público. En lugar de gastar más en carreteras, trenes rápidos y otras obras de primer mundo, sería mejor invertir en educación y salud. Los buenos médicos y trabajadores de la salud requieren todo el apoyo de la sociedad, pero ellos también tendrán que hacer lo suyo para expulsar a los malos practicantes de su profesión.

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