David Reynoso Rivera Río

Hace unos días, el mundo jurídico y político se estremeció ante la inesperada renuncia del ministro Eduardo Tomás Medina-Mora Icaza, quien ocupaba desde hace poco más de cuatro años un espacio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Según consta en el propio texto, la renuncia dirigida al Senado Mexicano y al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos argumenta basarse en temas personales.

De inmediato, las redes sociales y los medios de comunicación comenzaron el escarmiento público y las suposiciones sobre si la renuncia obedecía a algún tema de salud o a alguna de las múltiples investigaciones que habían comenzado hace unos meses por supuestos ingresos irregulares no declarados en su declaración patrimonial, en el lapso que fungió como embajador del Gobierno Mexicano por ciertas operaciones que se rumora ocurrieron en Estados Unidos de Norteamérica e Inglaterra. Aunado a ello, sorpresivamente la Unidad de Inteligencia Financiera decidió emitir pronunciamientos casi de inmediato y se comentó que el ministro Medina Mora impulsaba desde la Suprema Corte criterios para proteger a grupos y personas del gobierno anterior.

Ante lo anterior, considero importante hacer varios señalamientos ya que, desde hace unos años, en este espacio se han abordado todas las vacantes en la Suprema Corte. Ello, bajo la tesitura de que, en mi humilde opinión, el Poder Judicial es quizá el pilar más importante para la consolidación del anhelado Estado de Derecho, además de que considero que es el único poder que cumplía con los estándares de meritocracia suficientes, ya que durante años hemos sido testigos de una Suprema Corte empoderada que comenzaba a marcar tajantemente su línea e importancia tras el desarrollo de criterios progresistas, mientras que por el otro lado observábamos miembros de los poderes Ejecutivo y Legislativo, cuyos conocimientos y experiencia en el tema nos han arrastrado a errores garrafales en el funcionamiento del gobierno.

Primeramente, reconozco que nuestra democracia continúa debilitándose ya que resulta inaudito que una institución como el Senado Mexicano, no haya exigido la comparecencia del ministro que cobardemente se retira de un cargo público. Por lo que quedan en el aire muchas dudas sobre este proceso que no permite conocer el estado que guarda la inocencia del ministro Medina Mora, ni mucho menos nos permite conocer y sólo deja especulaciones sobre la posibilidad de que la“renuncia voluntaria” es más bien una “renuncia obligada” que consolidaría un intento más por parte del partido en el poder para continuar centralizando el poder.

Ante las desafortunadas declaraciones de algunos funcionarios de la “Cuarta Transformación”, resulta realmente alarmante, el observar como la “presunción de inocencia”, por la que tanto nos hemos rasgado las vestiduras, queda totalmente alejada ante quien fungió como uno de los máximos jueces de nuestro país. Finalmente, me gustaría dejarles algunas preguntas que me surgen: ¿En manos de qué jueces queda entonces la protección de nuestros derechos fundamentales? ¿En manos de qué jueces queda la defensa de nuestra Constitución?… pero aun más importante: ¿En manos de qué legisladores queda la próxima designación? ¿Será una designación del Ejecutivo o realmente el Legislativo demostrará su indepedencia?

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