De conformidad con las leyes mexicanas, existe la presunción de inocencia y en tal orden de ideas cualquier persona a la que pretenda imputársele la comisión de un ilícito (delito), tiene ese “derecho” a que se presuma su inocencia en tanto no sea declarado o declarada como culpable mediante una sentencia tras el debido proceso de un juicio radicado y tramitado correctamente. Mencionado lo anterior, debemos también comprender que, en nuestro marco legal y constitucional, se prevé algo llamado prisión preventiva.

La prisión preventiva, permite privar de la libertad al probable comisor del delito sin que se haya demostrado en un juicio su culpabilidad. Tal y como ha sido expuesto por brillantes mentes del mundo jurídico en los últimos días, dicha excepción pareciera compleja desde el punto de vista de la tutela de los derechos fundamentales; sin embargo, se considera por parte de algunos tratadistas y juristas, que encuentra cierta justificación o cabida, a la luz de tratados internacionales que pretenden de manera excepcional justificar como un evento de “interés generalizado” el que se juzguen ciertos hechos con apariencia de delito.

Principalmente, a la luz de la legislación mexicana, se pretende que dicha figura sea utilizada para aquellos casos en los que existe una alta probabilidad de que el pretendido comisor del delito pueda darse a la fuga y la manera en la que se pueda asegurar que dicha persona atienda correctamente sus audiencias es teniéndolo en prisión. Pareciera algo sencillo; sin embargo, la ejecución de dicha figura requiere un análisis sumamente profundo desde un punto de vista legal, histórico e inclusive sociológico.

Basta con reconocer que nuestro país cuenta con una alta tasa de impunidad para ciertos delitos en los que los probables comisores escapan del país o se refugian en rincones inimaginables del territorio nacional, con tal de que no puedan ejecutarse ciertas órdenes de aprehensión en su contra. De ahí que el dilema entre la presunción de inocencia y la prisión preventiva se agudiza y su solución no parece tan sencilla.

Durante los próximos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá en sus manos analizar a grandes rasgos y entre muchas otras cosas: la inconvencionalidad y, por tanto, la inconstitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa para ciertos delitos contenidos en la Constitución; así como quizá si la excepción de la prisión preventiva debe analizarse caso por caso o puede existir una lista de delitos donde automáticamente se aplique esta medida cautelar.

Fiel a su estilo de gobernar e intentando vulnerar la división de poderes, el presidente Andrés Manuel López Obrador intenta desde su púlpito mañanero influir en las decisiones de los ministros y “orientar” la labor jurisdiccional bajo la absurda premisa de que los jueces son corruptibles y no cuentan con la capacidad para razonar como lo hace el “pueblo sabio”. Ante dicha aberración de pensamiento gubernamental, no me queda más que manifestar mi inconformidad a través de las presentes líneas y por lo menos intentar expresar mis pensamientos para que de alguna manera se replique el malestar y el propio Poder Judicial logre dar un manotazo sobre la mesa que permita hacerle ver al Presidente la trascendencia de una discusión como esta.

La justicia constitucional en nuestro país vivirá una de las decisiones más importantes en los últimos años; razón por la cual estaré dando puntual seguimiento al tema. Agradezco el favor de su lectura y les deseo un muy buen fin de semana.

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