María del Consuelo Medina de la Torre

Leer o escuchar la palabra inquisición causa terror, se piensa en crueles castigos corporales, inhumanos instrumentos de tortura, gente quemada viva en la hoguera, censura y muchas más cosas horrorizantes. Esta institución fue creada en la Edad Media en Europa con la finalidad de proteger la religión católica, lo cual implicaba imponer normas, cuidar conductas, perseguir y juzgar los delitos que ponían en riesgo la fe católica, así como las buenas costumbres de la época. Con el matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, la inquisición se extendió a dichos reinos unificados desde 1478, tomando el nombre de Inquisición Española.

El establecimiento de la inquisición en la Nueva España fue parte de la estructura política y social que impuso el reino español en sus recién descubiertas tierras. La población natural del nuevo mundo no fue sujeta a las normas de la inquisición por ser considerados nuevos cristianos, por lo que no podían ser reprendidos como los cristianos de siempre.

Para atender los delitos cometidos contra la fe católica por la población no india, se creó el Tribunal del Santo Oficio de México. Las faltas que se llegaron a castigar fueron la judaización, protestantismo, la negación de las verdades de la fe, bigamia, supersticiones, hechicerías, blasfemias, testimonios falsos, entre otros.

Según la falta, el tribunal decidía la pena, que podía ser cárcel, destierro, sanciones económicas, azotes, vergüenza pública, abjuración, represión, penitencias espirituales y en el peor de los casos la muerte en la hoguera.

Para ejercer sus objetivos, en cada villa de la Nueva España hubo un representante del Santo Oficio, cuyo cargo se denominó Comisario del Santo Oficio. Su tarea era registrar las acusaciones, con testigos, después se enviaba a la capital de la Nueva España, donde se procesaba por el Tribunal y luego se dictaba la sentencia para que se cumpliera, según el caso.

En el Fondo Adquisiciones y Donaciones del Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes (AHEA), se localizan documentos fotocopiados de algunos casos ocurridos en la villa de Aguascalientes y denunciados ante el Santo Oficio, los originales se encuentran en el Archivo General de La Nación (AGN) en Fondo Inquisición.

Se documenta la denuncia que se presentó contra Juan García de Santa Ana, vecino de la villa de Aguascalientes, el 15 de noviembre de 1604, solamente por ser “sospechoso de ser judío”, aunque no se tiene noticia de si se comprobó dicha acusación o a qué castigo fue merecedor.

Los asuntos de supersticiones y hechicerías fueron muy recurrentes. Un caso que llama la atención es la denuncia que hace el clérigo de órdenes menores Sebastián González de Espinoza el 5 de junio de 1692 ante el fiscal del Santo Oficio contra Tomasa González por el “hábito de beata y alumbrada”; las mencionadas “alumbradas” se adjudicaban ciertos atributos místicos, por lo que era considerado como hechicería por el Santo Oficio. Es importante mencionar que estos casos abundaron no solo en la Nueva España, sino también en los otros reinos españoles de América, hasta en el mismo Reino de España se documentan estas situaciones, sobre todo en el siglo XVIII.

Las faltas por curanderos y supersticiosos abundaron mucho, como es el caso de la acusación ante Juan de Casasola en contra de Asencio Caldera el 11 de abril de 1714, acusado por Felipe Cayetano de Siordia por curandero y brujo, y el proceso inquisitorial contra Feliciana de Garza, coyota (hija de mestizo e indígena), del Puesto del Ojo de Agua por Curandera, supersticiosa en 1730.

Los asuntos de la fe católica fueron minuciosamente cuidados, prueba de ello es la denuncia ante el Santo Oficio hecha por Cristóbal del Campo y Ordoñez el 16 de octubre de 1714 contra Juan el Milanés por no portar el rosario en el cuello como buen cristiano.

Entre los mencionados documentos no sólo hay denuncias hechas por terceros, el temor a Dios llevó a muchos a hacer autoacusaciones para salvar su alma de padecer en las llamas eternas del infierno. De las que se documentan, destacan algunas como la autoacusación ante el Comisario del Santo Oficio hecha por Lorenzo de Arce y Castilla por supersticiones y acudir con curanderas el 20 de marzo de 1721. Otra autoacusación hecha por José de Salazar, coyote por haber comprado una piedra supersticiosa el 20 de marzo de 1721.

El 21 de marzo de 1721, el Comisariado del Santo Oficio atendió la autoacusación hecha por Gabriel Rodríguez, mulato, esclavo de Antonio de Escamilla, por haber deseado ofender a Dios con una mujer española y haber hecho supersticiones.

Las mujeres también hicieron autoacusaciones como la de Antonia Lugarda de Herrera, mujer legítima de José García por haberle dado de beber a su esposo agua con la que se lavó sus “partes inhonestas” para que no la regañara más, el 21 de marzo de 1721.

Cabe resaltar que la similitud de las fechas de los tres casos mencionados no son una simple casualidad, teniendo en cuenta que coincide con la cuaresma, tiempo de reflexión, arrepentimiento y purificar las faltas.

También, el 18 de abril de 1722 Juan de Aranda, español, se autoacusa por haber permitido que su mujer, Francisca Ruiz de Esparza, le propusiera hechicerías a un indio del pueblo de San Marcos llamado Juan Bermejo.

En momentos de desesperación se puede recurrir hasta lo imposible para ver sana a una hija, como Miguel de Alba Bocanegra que se autoacusa el 2 de abril de 1722 por haber contratado a la india Dominga para que pasara unas hierbas a su hija Theresa (difunta), porque tenía vómitos extraños y su esposa, Nicolasa Beltrán de la Cueva, creyó que la habían hechizado.

La autoacusación hecha por Juan de Aranda, vecino del barrio de Triana, por haber escuchado de niño la propuesta de un indio conocido como Cocote para que tomara una hierba llamada pullumate (también puyumate, dicha hierba tiene propiedades estimulantes, por lo tanto, se prohibía su consumo) para ser buen jinete, toreador y enamorado, que no la toma, pero se arrepiente 3 de mayo de 1722.

17 de abril de 1722, autoacusación ante el Comisario del Santo oficio hecha por María Manuela, española hija de Antonio Terrazas y Sebastiana Prado, por haber hecho caso a la india Rosa, del barrio de Triana, por haber traído una piedra imán para hacer que regresara un hombre que había conocido carnalmente.

Es de resaltar que en estos cuatro casos señalados los sujetos a castigos son los que se autoacusan, no los indios que hacen las hechicerías, ya que, como se dijo, éstos quedaban exentos de ser juzgados por el Santo Oficio por ser “nuevos cristianos”.

En fin, cada tema merece su propio estudio porque no se puede generalizar. En 1813, las Cortes de Cádiz suprimieron oficialmente el Tribunal del Santo Oficio en toda la monarquía española, sus controversias siguen vigentes por los casos documentados, que son de gran interés, con verdades y con mitos.