Ricardo Vargas

Esta semana fue noticia el anuncio de un nuevo incremento del 15% al Salario Mínimo General que rige en todo México, tanto en la frontera norte como en el resto del país. El resultado de este incremento es una variación de $123.22 pesos diarios a $141.70 pesos en el país y de $185.56 a $213.39 en la Zona Libre de la Frontera Norte. Hablar del salario mínimo es y ha sido siempre un tema delicado en nuestro país, principalmente por la gran brecha de desigualdad que existe en el ingreso de los mexicanos. En este sentido, es de aplaudirse la intención de reducir esta brecha mediante un incremento en el salario mínimo, buscando que los trabajadores del sector formal puedan satisfacer todas sus necesidades y quizá alcanzar una capacidad de ahorro.

El problema con este tema es por un lado el efecto inflacionario que pudiera derivarse de un incremento en dicha unidad, y por otro lado están también las externalidades que se pueden generar dentro del mercado laboral dado un cambio por decreto en el salario formal. Hace un par de años escribí un artículo sobre el salario mínimo de nuestro país y la importancia de incrementarlo más allá del nivel de incremento en precios (inflación), porque tras varios años de no hacerlo, éste había perdido ya mucho poder adquisitivo. El problema más criticado del salario mínimo en nuestro país es que al no haberse incrementado en muchos años, mientras que el nivel de precios de la economía sí lo hacía (inflación), se generó una caída importante en el salario mínimo real. Cuando hablamos en términos “reales” nos referimos al salario comparado con la variación de precios. En aquel artículo comenté que la caída del salario mínimo en términos reales había sido muy fuerte en los últimos 20 años, por el simple hecho de que éste tuvo aumentos nominales (o por decreto) que fueron menores a la tasa de crecimiento de los precios de la economía (inflación general). En 1994, el salario mínimo general en México era de $15.27 pesos diarios, mientras que al cierre de 2017 fue de $88.36 pesos diarios, que se traduce en una tasa de crecimiento general del 479%, pero en ese mismo período de tiempo el creimiento en el nivel de precios de la economía nacional (lnflación) fue de 593%. Esto significa una pérdida cercana al 20% del poder de compra del salario mínimo, en este intervalo de tiempo. Es decir que el salario mínimo de 2018 rendía el 80% de lo que rindió en 1994 con un nivel de precios constante.

Ante estos datos, resulta ilógico pensar que no es necesario un programa serio de incrementos al salario mínimo, pues el no haberlo hecho formalmente durante tantos años y el seguir sin hacerlo únicamente generará una ampliación en la brecha de desigualdad salarial y quizá un incentivo a que la población busque laborar en la informalidad donde quizá pueda percibir mejores ingresos. El único problema o la crítica que se hace mucho a esta política es que se hace en un momento de fuerte crisis y depresión económica; la más grave en la historia moderna de nuestro país. El problema es que la economía nacional está por cumplir un año con una tendencia a la baja en actividad económica y tres trimestres sumergida en una recesión técnica.

Esta política o decreto de incremento al salario mínimo se da en un contexto en el que el Gobierno Federal dio apoyos nulos a las pequeñas y medianas empresas para poder sobrevivir la crisis, y que más allá de buscar preservar el empleo formal, las pocas acciones que se realizaron fueron enfocadas a programas sociales que son catalogados frecuentemente como de clientela electoral. Más aún, el nivel de empleos perdidos en el sector formal ha sido brutal; superando los 9 millones de asegurados y con estimaciones de Coneval que apuntan a que habrá 12 nuevos millones de pobres en nuestro país al cierre de este año. El decretar un incremento tan fuerte en el salario mínimo en plena crisis económica y con muchas actividades y sectores aún suspendidos, generará fuertes presiones a las finanzas de las empresas, algo que podrá afectar la capacidad de contratar mano de obra (al menos en el sector formal). Podríamos ver entonces dos efectos negativos; una caída en la demanda de empleo formal (al haberse encarecido), o una caída en inversión fija por parte de las mismas empresas (al intentar preservar la fuerza laboral actual).

La intención sin duda es buena y urgente. Sin embargo está muy latente la pregunta sobre si el mejor momento para hacerlo es en medio de la peor crisis económica de la historia moderna de nuestro país.

 

Soy economista del Tec de Monterrey, Campus Monterrey y tengo un par de años escribiendo artículos de opinión. Escríbame. rvargas@publimagen.mx     @1ricardovargas