RODRIGO ÁVALOS ARIZMENDI

En las últimas semanas la población ha podido enterarse que al interior del priismo local comienzan a darse algunos jaloneos y han brotado las inconformidades de parte de los militantes que aún quedan en ese instituto político luego de la tremenda derrota que le infringieron los panistas el pasado 5 de junio en la contienda electoral en que se eligió gobernador, alcaldes y diputados locales. Lógicamente que luego de la derrota, y ya sin gobernador priista, era de esperarse que la dirigencia tricolor tenía sus días contados. Lo mínimo esperado era que dignamente quienes encabezan el comité directivo estatal hubieran presentado su renuncia para dar paso a una dirigencia que no estuviera desgastada ni que cargara a cuestas tan estrepitosa, aunque ya esperada, derrota electoral.

Lo que ayudaba a los dirigentes actuales es que la ciudadanía en general no está interesada en nada que huela al PRI. Si actualmente hay un partido desprestigiado es precisamente el Revolucionario Institucional. Por eso si continúa la misma dirigencia o se va, da lo mismo para el electorado. Para los que no es lo mismo es para algunos militantes y así fue precisamente como inició la pugna por aclarar paradas. Mario Guevara Palomino, con una militancia de casi treinta años en el PRI, miembro de una familia de abolengo tricolor –nieto de un gobernador priista–, e integrante de uno de los grupos políticos priistas locales más importantes y con mucha influencia en el CEN, sacó la cabeza y realizó una reflexión en su cuenta de Facebook en donde cuestionaba entre otras cosas el manejo del dinero y el porqué no daban a conocer el informe de justificación de gastos que le otorga el INE al partido, y ¡zaz! que se engancha la todavía presidenta del PRI en Aguascalientes, en un novedoso litigio en las redes sociales; y si mucha gente no se había dado cuenta de lo escrito por Mario Guevara en el face, pero se dieron cuenta y comenzaron a seguir con interés los dimes y diretes cuando Norma Esparza contestó que cuando quisiera Mario las cuentas estaban a su disposición para que las checara, y de pasadita, con su buena dosis de jiribilla, le mencionó que no se olvidara de pagar sus cuotas. Con la respuesta de la presidenta, la cosa se hizo grande y fue conocida por propios y extraños, pero para su desgracia el debate se inclinó a favor de Guevara, que sólo había realizado una simple reflexión con ese cuestionamiento de orden interno partidista. Mario comprobó que algunos integrantes de la dirigencia desconocen las obligaciones que marca el estatuto del PRI, como lo es emitir los informes y balances financieros tanto de los recursos que se ejercen en campaña así como de los recursos que vienen del dinero público que es otorgado como prerrogativas, ello debe por obligación presentarse ante el consejo político estatal, en este caso, para hacer el reporte y que el consejo conozca las finanzas que guarda el partido en la entidad.

La reacción a la petición anterior fue inesperada y colérica, de parte de la actual dirigente; una petición en la que Guevara Palomino nunca le faltó al respeto. Se supone que la crítica al interior de los partidos políticos debe ser una constante, un ejercicio cotidiano que debe de enriquecer el debate y sobre todo dar ideas para que los partidos entren en un proceso de transformación, de cambio. Sin embargo en este caso al parecer esta opinión fue tomada como si hubiera sido emitida por un adversario o enemigo y de inmediato hubo respuesta descalificatoria, sin reparar en que esa actitud es precisamente la que tiene cansada a la sociedad, en lugar de abrirse más como espacio de participación democrática y no de autoritarismo.

En lo referente al pago de sus cuotas, Mario Guevara manifestó que desde que ingresó al PRI paga sus cuotas y que tiene los recibos, los cuales ha pagado puntualmente y disponibles para quien los quiera ver, incluso ahora que es funcionario federal le corresponde aportar al comité ejecutivo nacional, como lo hace hasta el día de hoy.

La realidad es que tanto la militancia como a la sociedad no tienen claro cuál es el uso de los recursos públicos, porque son públicos, y eso genera muchos comentarios y suspicacias, lo cual se solucionaría si se presenta un informe. En fin, el debate anterior resultó alimento, combustible, para las escaramuzas que sólo ponen en evidencia a la dirigencia priista ante la opinión pública.

 

EL EJÉRCITO MEXICANO, ENTRE LA ESPADA Y LA PARED

Hay un asunto que no se ha querido debatir de manera jurídica profunda, y es ¿qué se puede esperar de las fuerzas armadas en México? y ¿hasta dónde los criterios civiles pueden ser aplicados en materia de control de la fuerza, a instituciones cuyo único mérito, es precisamente la fuerza? La fuerza, digámosle así, inconsulta. La fuerza que no pregunta. La fuerza que actúa, que se presenta. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza.  No se trata de justificar el uso indiscriminado de la fuerza, por eso no creo que se le debe encargar a quien no discrimina, porque en la lógica castrense no se puede perder un segundo, porque se debe estar seguro de que el adversario o enemigo sí va a aprovechar ese segundo, los va a matar.

Tenemos dos historias de helicópteros. Una en la que el helicóptero de las fuerzas armadas es derribado por un misil operado por narcotraficantes, con ocho efectivos militares muertos. Y después otra historia de un helicóptero también de las fuerzas armadas, en este caso de la Marina, que no permite que lo abatan, disparando antes. Ellos no sabían si los que estaban abajo tenían las mismas armas que tenían aquellos que derribaron el helicóptero de sus compañeros de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Qué hicieron? ¡Dispararon! ¿Con qué? ¡Con lo que les dieron para disparar! Porque esos helicópteros Black Hawk, que algunos son parte de la Iniciativa Mérida, están para eso.

El Ejército no quiere que lo pongan a hacer esas cosas, porque dentro de poco va a tener que acabar en los estadios cuidando los juegos que congregan mucha gente. El problema es que esta Ley de Seguridad Nacional lo único que pretende abatir, al final de cuentas, es un índice mal comprendido, que es el que se llama el “Índice de Letalidad”, porque alguien inventó que en los ejércitos modernos siempre después de un enfrentamiento hay más heridos que muertos. Y que en los enfrentamientos entre el ejército mexicano y grupos armados que lo agreden, o que tratan de repeler su presencia, siempre hay puros muertos porque los militares mexicanos no dejan títeres con cabeza, y eso se debe a ejecuciones extra judiciales o a lo que ya se vendría llamando el uso indebido de la fuerza.

Obviamente que las fuerzas armadas tienen mejor uso de las armas de las que disponen porque son profesionales de eso, el Estado gasta mucho dinero en enseñarles a los militares lo que saben para después pedirles que no lo apliquen o que lo dosifiquen hasta el punto en que resulta innecesario que sepan lo que saben, y lo que saben es táctica, estrategia, inteligencia y en el momento necesario, cómo apretar el gatillo de un arma, sea ésta la que sea.

Y si hay una Ley de Seguridad Nacional que deje al Ejército haciendo las labores que están realizando ahorita, esa ley no va a resolver absolutamente nada. La Ley de Seguridad Nacional debe obligar a los gobiernos estatales a hacerse cargo pleno de la seguridad y a las fuerzas municipales a hacerse cargo pleno de la parte que les toca, pero en materia de seguridad, en materia de grupos policiacos, y no seguirle pidiendo al Ejército que haga lo que hace, para que cuando lo hace le digan que está violando todos los derechos humanos habidos y por haber. Aunque a veces hay violaciones, claro que las hay, pero no toda la presencia de los soldados es una condición violatoria.