Víctor Hugo Granados Zapata

Este término (Política Educativa) se puede definir, a grandes rasgos, como aquellas acciones que realiza el Estado (en sus tres niveles) para mejorar el Sistema de Educación, desde diferentes vertientes. La composición de la Política Educativa puede variar, desde la implementación de una política de mejora a la infraestructura escolar (como el caso del programa “Escuelas al Cien” en el sexenio pasado o “La escuela es nuestra” del gobierno actual), planes de apoyo a estudiantes o a sus familias (como el programa anterior “Prospera” y el actual “Becas para el bienestar Benito Juárez”) y la entrega de útiles escolares, laptops, uniformes, becas por desempeño, etc. (labores que se dan más a nivel Estatal y Municipal).

Cada uno de los objetivos que persiguen dichos programas son diferentes y la mayoría de las veces, concurren en obtener efectos beneficiosos para las y los estudiantes, como lo es evitar la deserción escolar a partir de un apoyo al ingreso, equipar a las escuelas con mayores herramientas (tecnológicas y de pedagogía), y apoyar a la formación docente en el manejo de éstas. De esta forma, las acciones de política educativa buscan acabar con los problemas que aquejan en el sector educativo en un sentido más amplio, como lo es el analfabetismo, la falta de oportunidades para integrarse a las escuelas y, el más importante, la desigualdad educativa (brechas de la educación).

Ahora, así como la Federación aporta aproximadamente el 80% de recursos para el gasto en educación en todo el país, su participación en la Política Educativa es tradicionalmente mayor; mientras que los Estados y Municipios tienden a realizar programas más enfocados a atender problemas relativos al contexto local. Por otro lado, también las acciones a nivel federal tienden a ser las más llamativas en la arena de la discusión pública, por poner un ejemplo reciente la creación de “Aprende en Casa”. El objetivo de este programa es garantizar el acceso a la educación en los tiempos de aislamiento nacional, a través de las vías de comunicación del Estado y ha sido discutido con frecuencia en los medios.

Por otra parte, las políticas educativas también pueden traer defectos o características que deben ser corregidas. Volvamos al caso del “Aprende en Casa”, una de las críticas más recurrentes fue su aplicación en zonas comunitarias e indígenas, donde se les entregó un cuaderno de trabajo a las niñas y niños, esto ante la falta de infraestructura en estas comunidades donde no tienen acceso a internet, computadoras o televisión. Esta medida se puede catalogar como eficiente en cuanto al gasto, pero la atención hacia las niñas y niños (en este sector) fue casi nula.

Las correcciones a la política educativa son fundamentales para lograr un mejor resultado ¿Quiénes detectan dichos problemas y cómo se proponen nuevas soluciones? Principalmente desde los centros de investigación, la academia y la sociedad civil (a través de AC), quienes deben ser parte fundamental en la toma de decisiones. Un ejemplo de esto son las recientes críticas que ha lanzado el Coneval al programa de las Universidades del Bienestar, donde se les ha solicitado que aseguren el tema de la matrícula escolar en todas sus universidades, así como ser más transparentes en cuanto a su administración y gestión.

Sin embargo, el presidente se ha comportado de forma indiferente ante estas críticas, además de siempre reafirmar que está tomando las mejores decisiones ¿realmente son estas las mejores decisiones para el sistema educativo nacional? ¿Por qué no atiende a dichas críticas y decide arreglar este problema?

Todos los análisis de la política educativa deben llevarse a cabo con una metodología basada en los datos. Los datos nos ayudan a visualizar cuántas niñas y niños están siendo beneficiados de este programa y nos permiten establecer un parámetro para comprobar si dicha acción del gobierno está mejorando la condición por la que se interviene. Un ejemplo de esto es la prueba ENLACE, este examen estandarizado permite al gobierno visualizar qué tanto han mejorado las habilidades cognitivas de las niñas y niños en matemáticas, español y ciencias durante cierto periodo de tiempo. Si el gobierno decide implementar un programa que busque mejorar dichas habilidades en las escuelas, podríamos utilizar los resultados de esta prueba y verificar si durante el tiempo que se aplicó dicho programa mejoraron las habilidades de las niñas y niños, no mejoraron o si llegaron a bajar.

El ejemplo anterior es muy simple, pero la realidad es que las evaluaciones tienen que verse desde distintos ángulos y con más datos para entender con mayor amplitud el panorama educativo. De aquí la importancia de que todos los programas que emplean los gobiernos deben tener mecanismos para poder ser evaluados y que brinden los datos necesarios para que podamos determinar si están funcionando o no (desde los diferentes sectores de la sociedad) y, lo más importante, que se tomen en cuenta dichas evaluaciones para la toma de decisiones.

Este último punto es el momento culminante de la Política Educativa, dado que así se puede entender qué cambios hay que hacerse, qué retos se tienen por delante y, lo más importante, la rendición de cuentas. La Política Educativa es para mejorar la educación pública y atender los problemas que aquejan a las y los estudiantes en sus diferentes niveles, por lo que todas las evaluaciones que se hagan deben ser con base en esto. Si la SEP no quiere atender los señalamientos que se hacen a los programas, estarían poniendo sus intereses políticos primero, incumpliendo su deber constitucional de darle la educación que tienen derecho las niñas y niños de México.