Luis Muñoz Fernández

El 3 de enero de 2019, escribí en mi columna “El Observatorio” de este mismo periódico un artículo dedicado al tema que hoy nos ocupa y que titulé “Objetando la objeción”. Fue unos meses después de que se publicase la modificación al artículo 10 bis de la Ley General de Salud relativa a la objeción de conciencia. El texto del artículo modificado y publicado el 11 de mayo de 218 en el Diario Oficial de la Federación es el siguiente:

El personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Nacional de Salud, podrá ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece esta Ley.

Cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica, no podrá invocarse la objeción de conciencia, en caso contrario se incurrirá en la causal de responsabilidad profesional.

El ejercicio de la objeción de conciencia no derivará en ningún tipo de discriminación laboral.

Este artículo faculta sin límites al personal sanitario para que no preste el servicio profesional que se le solicite si este contraviene sus convicciones éticas, de conciencia o de religión. Es evidente que la reforma al artículo 10 bis de la Ley General de Salud aprobada en 2018 va dirigida a justificar la negación de la prestación de servicios sanitarios en el ámbito de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, lo que incluye el acceso a los métodos anticonceptivos, en especial a la anticoncepción de emergencia o “pastilla del día siguiente”, el acceso a las técnicas de reproducción asistida y, sobre todo, el acceso a la interrupción legal del embarazo.

El 11 de junio de 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una demanda de inconstitucionalidad en contra de la modificación del mencionado artículo. La demanda considera que, tal como fue redactada, la reforma al artículo 10 bis es sumamente defectuosa, ya que vulnera el derecho a la protección de la salud de la población (en especial de las mujeres), así como otros derechos consagrados en nuestra Carta Magna. El Colegio de Bioética se sumó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos elaborando un documento (amicus curiae) que amplía y detalla lo manifestado en el recurso de inconstitucionalidad presentado ante la Suprema Corte. El documento puede leerse aquí:

https://estepais.com/tendencias_y_opiniones/amicus-curiae-sobre-objecion-de-conciencia/

Este lunes 20 de septiembre de 2021 conoceremos la sentencia del alto tribunal.

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