La nulidad en materia electoral implica que los actos que integran el proceso electoral se pueden declarar nulos, cuando no se realizaron conforme a la ley y con ello afectaron el desarrollo y el resultado final de una elección.

Respecto a los resultados de una elección como la que acabamos de vivir, podemos encontrarnos ante tres supuestos: la nulidad de los votos, la nulidad de la votación recibida en una casilla o la nulidad de toda la elección.

En cuanto al primer supuesto, los votos, en lo individual, pueden anularse de manera directa por el elector al momento de votar. Es decir, un voto se anula cuando el elector no marcó ningún cuadro de los que aparecen en la boleta, o bien, cuando marcó dos o más cuadros sin existir coalición entre los partidos cuyos emblemas hayan sido marcados. También es nulo el voto que se emite en forma distinta a la señalada como voto válido y cuando no puede determinarse en favor de quién se emitió.

Por otra parte, la nulidad de la votación recibida en una casilla se trata de la anulación de la totalidad de los votos emitidos en una casilla específica, cuando se acredite que se dieron las siguientes circunstancias:

  • Sin causa justificada, se instaló la casilla en lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital.
  • Se entregó fuera de los plazos legales el paquete que contiene los expedientes electorales al Consejo Distrital.
  • Se realizó el escrutinio y cómputo en un local diferente al determinado por la autoridad.
  • Se impidió el ejercicio del derecho de voto a los ciudadanos.

De igual forma, si se recibió la votación en horario distinto al señalado para la celebración de la jornada electoral; la votación fue recibida por personas u órganos distintos a los facultados; si medió dolo o error en la computación de los votos; se permitió a ciudadanos votar sin credencial de elector o su nombre no aparecía en la lista nominal de electores; si se ejerció violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores o si existieron irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que, en forma evidente, pongan en duda la certeza de la votación.

Es importante precisar que estas irregularidades deben ser determinantes para el resultado de la votación, de lo contrario, los votos subsistirán.

En último término, está la nulidad de una elección, que equivale a dejar sin validez todos los votos emitidos en el universo de casillas que corresponden a un distrito o una entidad federativa, según sea el caso, lo que trae como consecuencia la realización de nuevas elecciones.

Esta nulidad se da cuando se configura un hecho que es violatorio de un principio o norma constitucional o parámetro de derecho internacional en el contexto electoral, siempre y cuando tales irregularidades graves se acrediten plenamente con las pruebas pertinentes, se compruebe el grado de afectación sufrido y que las violaciones sean cualitativa o cuantitativamente determinantes para el resultado de la elección.

Aunado a esta causal de nulidad, el Tribunal Electoral creó una línea jurisprudencial que adicionó otras causales para anular una elección, como lo es, exceder los gastos de campaña en un determinado porcentaje, la compra o adquisición de cobertura informativa, la recepción o utilización de recursos públicos o de procedencia ilícita, violación al principio de separación Iglesia-Estado o la presencia de violencia política contra la mujer en razón de género.

Finalmente, es importante precisar que la serie de actos jurídicos que conforman una elección tiene a su favor una presunción de validez que sólo por excepción puede destruirse, por lo que, para que una nulidad se decrete, la elección deberá ser impugnada en tiempo y forma y probando de manera fehaciente las causales de nulidad que se invocan, porque, de lo contrario, se considerarán válidas, definitivas e inatacables.