Hace unos días, la Cámara de Diputados aprobó una de las últimas ocurrencias morenistas, en la que se busca reducir constitucionalmente la edad con la cual una ciudadana o un ciudadano pueda ocupar un espacio en la Cámara de Diputados o pueda integrarse al gabinete del Ejecutivo Federal. De manera tal que se pretende bajar la edad de 21 a 18 años para ser diputado federal y de 30 a 25 años para ser titular de alguna secretaría federal.
Si bien comienzo a alejarme poco a poco de la famosa “juventud”, aún me considero como un joven y con dicho carácter me permito emitir algunos comentarios en relación con la aludida iniciativa. Para partir de un análisis, considero importante dejar en claro que, desde mi humilde punto de vista, ni la vejez ni la juventud garantizan experiencia o proactividad; por ende, ni “viejos” ni “jóvenes” garantizan tampoco buenos resultados en el quehacer legislativo o en la vida pública del país.
Aún no se pretende que la iniciativa recaiga en una “cuota”; sin embargo, legisladores morenistas ya han anunciado que, tras su aprobación, cuentan con la intención de presentar una nueva iniciativa para incentivar una “cuota de jóvenes” legisladores y funcionarios de primer nivel. Ante dichos comentarios, no me queda más que reflexionar que las cuotas políticas han venido a formar parte de la cultura política mexicana, con la intención de emular algunas de las resoluciones jurisdiccionales más trascendentales en países de formación anglosajona o latina. Si bien, los resultados han sido sorprendentes transformándose en algunas acciones afirmativas, lo cierto es que también se ha caído en un excesivo mal uso que puede llevarnos a colocar en puestos estratégicos a personajes sin la capacidad ni probidad adecuada para el correcto ejercicio del deber público.
A lo largo de mi vida, he tenido la oportunidad de colaborar de cerca en el Poder Legislativo Federal y es por ello que me considero apto para poder opinar y calificar esta iniciativa como una aberración. El Poder Legislativo Federal de nuestro país, requiere una profunda transformación que no se solucionará con la incorporación de más jóvenes ya que resulta importante recordar que contamos con 500 diputados federales de los cuales una amplia mayoría pueden ser calificados como ineficientes, faltistas, irresponsables, poco preparados y en su mayoría sin la capacidad o conocimientos suficientes para poder realizar su trabajo de manera adecuada.
Las principales funciones de un legislador se deben de resumir de la siguiente manera: legislar, auditar y gestionar; mientras que las funciones de un secretario de Estado deben de estribar en llevar a cabo una correcta administración de una dependencia gubernamental en la que, comprendiendo las atribuciones de ley, se utilice el aparato gubernamental para la prestación de servicios y/o el planteamiento e implementación de políticas públicas adecuadas en el rubro correspondiente.
De ahí que, la iniciativa debería de alejarse del tema de la edad y enfocarse más en un tema de capacidad. Si un joven de 18 años o un viejo lobo de mar de la política mexicana con más de 60 años cuenta con los conocimientos y la capacidad para ser legislador o secretario de Estado, dejémosle que sea un legislador o un funcionario de primer nivel. Nuestro país requiere urgentemente a profesionales de la política y a legisladores de primer nivel que puedan abstraer correctamente la realidad para plasmar y proponer normas jurídicas adecuadas.
Dejo mis reflexiones sobre la mesa, agradeciendo el favor de su lectura y deseándoles un muy feliz fin de semana.
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