Víctor Hugo Granados Zapata

La educación superior en México siempre ha tenido matices complejos, principalmente por la oferta educativa existente y lo complejo que es llegar a tener estudios superiores. Si tomamos en cuenta las cifras de la Secretaría de Educación Pública, en 2020 hubo aproximadamente más de 4 millones de estudiantes de educación superior en todo el país, de los cuales 2.8 millones son de instituciones públicas y los 1.2 millones restantes son de institutos privados. Las cifras anteriores pueden parecer altas, pero si las comparamos con el número de estudiantes matriculados en educación básica (primaria y secundaria) que son aproximadamente 25 millones de estudiantes, vamos a ver cómo baja de manera drástica la proporción (de 10 estudiantes sólo 2 llegarían a educación superior). Muchos factores pueden incidir, desde la falta de oferta educativa, problemas económicos, pocas oportunidades o apoyos, etc.; sin embargo, en esta ocasión analizaremos dicha problemática desde un enfoque jurídico ¿por qué? El martes pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Educación Superior, aprobada por un alto porcentaje de legisladores de todos los partidos. ¿Qué implicaciones tendrá la reciente ley en la educación superior? Lo veremos a continuación.
En primer lugar, es necesario entender que el derecho a la educación que señala el Artículo 3° de la Constitución comprende desde la educación preescolar hasta la educación superior, lo que obliga al Estado a garantizar el acceso a la educación en todo el país. Este derecho fundamental se materializa principalmente a través de la creación y mantenimiento de las escuelas, dado que el proceso de instrucción y enseñanza se da ahí, así como la formación humanista y social que también contempla el derecho a la educación (no solamente se busca brindar conocimientos y habilidades a las y los estudiantes). Lo anterior puede visibilizarse también como la creación de “oferta educativa “, es decir, que el Estado genere espacios para que quienes demandamos el servicio educativo, se nos pueda brindar. En mi caso, como alumno de educación superior, mi demanda se enfocaría en universidades que el Estado tiene que crear o asegurarse de que si el sector privado lo hace tenga los elementos básicos necesarios.
Lo anterior es clave para entender el gran problema de la garantía al derecho a la educación superior, puesto que en México no hay suficiente oferta educativa y ésta se ha buscado ampliar desde años anteriores bajo distintas modalidades (mixta, abierta, por examen, etc.) así como también se ha logrado ampliar el catálogo de carreras que el Estado ofrece, pero aún así no es suficiente. Por lo tanto, si el Estado no garantiza la oferta educativa, no puede llegar a cumplir con su obligación de garantizar el Artículo 3° en su totalidad, ya que desde la reforma de 2019 el derecho a la educación superior se añadió a la constitución y con ello también se creó la Ley General de Educación Superior como una ley reglamentaria que marcará las pautas para garantizar el acceso a la educación superior.
Esta nueva ley es un gran avance en materia educativa y jurídica, puesto que marca los lineamientos para consolidar a largo plazo mejores políticas educativas enfocadas a este sector. Dos de los artículos más relevantes de dicha ley son el 36 y 37, los cuales marcan nuevas obligaciones que deberán atender las autoridades educativas y escolares para garantizar el derecho a la educación superior, como lo es implementar medidas para reducir la brecha educativa entre entidades federativas, implementar medidas para detectar y sancionar acciones discriminatorias así como también aplicar medidas afirmativas para eliminar dichas acciones, realizar cambios institucionales para garantizar la igualdad de género, etc. (fracciones I, II, III, IV). Otro artículo muy importante es el 62, en el cual se señala la obligación del Estado, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de respetar el presupuesto asignado a educación superior, señalando que éste sólo puede cambiar en los proyectos de presupuesto para aumentarlos y no pueden ser menores a los del año anterior; por otro lado, el artículo 64 señala que la SCHP deberá crear un fondo en el próximo proyecto de egresos para tener recursos suficientes que puedan apoyar el fomento a la gratuidad del derecho a la educación superior (recursos destinados para el apoyo presupuestal o de infraestructura que se requiera). En suma, dicha ley marca nuevos caminos que la anterior Ley de Coordinación de la Educación Superior (ya abrogada) no contemplaba y que significan un gran avance en materia educativa.
Por otro lado, la ley se discutió hace aproximadamente dos meses en la Cámara de Diputados, donde se logró un consenso por parte de casi todos los partidos con excepción el Partido del Trabajo, cuyos integrantes señalaron (lo sintetizo) que esta ley va a “mercantilizar” la educación superior, así como también que se incumplía la garantía si se continuaba con el sistema de exámenes de admisión en escuelas públicas. Obviamente dichas consideraciones provienen de la desconfianza de que se da la gratuidad continua de la educación superior, sin embargo, para lograr la gratuidad completa de la educación es necesario llevar años de inversión pública para generar una mayor oferta, algo que en la actualidad no se podría lograr contemplando una sola ley. Finalmente, la ley también marca dentro del tercer transitorio (fracción IV) que la creación del fondo se dará con base en la “disponibilidad presupuestaria” de la SHCP, lo cual pone en duda si el fondo llegará al PEF del 2022.
La educación superior es uno de los grandes propulsores económicos en México, dado que la mayoría del capital humano se conforma en este nivel y la importancia de ofertarla es vital para un crecimiento económico sostenido. Debemos invertir más en el sector educativo, pero sobre todo generar oportunidades para que las y los estudiantes no se queden a la mitad de su formación educativa.