Fernando López Gutiérrez

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El 15 de agosto del 2014 se publicó la convocatoria de la licitación pública para la construcción del Tren Rápido México–Querétaro. Como consecuencia de este acto se inició un proceso en el que diversas empresas participaron con la intención de ser las encargadas de realizar tan importante obra. El resultado de lo anterior fue de todos conocido: el lunes pasado se anunció que un consorcio de empresas internacionales y mexicanas, lideradas por China Railway Construction, sería el encargado de llevar a cabo el proyecto, y el jueves posterior, se hizo pública la cancelación del fallo para otorgar una prórroga que permitirá la participación de un mayor número de empresas en un nuevo proceso de licitación.

Los acontecimientos mencionados constituyen un hecho con características insólitas. El gobierno tiene bajo su responsabilidad la planeación de este tipo de procesos y si bien pueden generarse contratiempos en el desarrollo de alguno de ellos, la emisión de un fallo y su posterior cancelación dejan una señal clara de incompetencia e influencia política en la asignación de obra pública.

Las condiciones en las que la ley establece la realización de las licitaciones públicas, tienen como finalidad transparentar los procedimientos de contratación gubernamental y aislar su desarrollo de decisiones arbitrarias, ineficientes y sustentadas en criterios distintos a la capacidad técnica y económica de las empresas participantes.

Con la decisión de la revocación del fallo se puede llegar a dos conclusiones mínimas: o bien, la licitación en la que China Railway resultó ganadora no se llevó a cabo en los términos previstos por la ley o la Administración Federal ha cedido ante la presión y cuestionamientos que diversos grupos realizaron como consecuencia del resultado. En ninguno de los dos casos se observa una actuación responsable o se otorga certeza respecto a la seriedad en la asignación de obra pública en nuestro país. Sólo resta esperar que, ante el anuncio de una nueva licitación, las cosas comiencen a llevarse a cabo bajo criterios claros, confiables, transparentes y apegados a la normatividad, para que no quede margen a la negociación política de tan importantes actos administrativos.