Esta semana, el debate sobre la reforma judicial ha alcanzado su punto de inflexión y con ello, el destape de los intereses de quienes plantean los cambios. El pasado jueves, el Congreso de la Unión convocó a representantes de los grupos parlamentarios de ambas cámaras, a las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal, representantes de los sindicatos de jueces de distrito y magistrados de circuito, entre otros participantes; quienes expusieron sus opiniones en cuanto a la propuesta de reforma al Poder Judicial Federal, haciendo énfasis en la viabilidad de que las y los jueces y magistrados sean elegidos mediante voto popular. La discusión fue contrastante y reveladora, no solo por los señalamientos polémicos que hicieron los diferentes expositores, sino por las posiciones que se tomaron en torno a la administración de justicia en nuestro país: qué significa la impartición de justicia y la independencia judicial.

Nuestro país está pasando por momentos de alta tensión entre la labor técnica y la representativa, visualizándolas como antagónicas entre sí, cuando en realidad deberían ser complementarias. La colisión de las diferentes posturas emerge de distintas visiones sobre cómo se debe dar legitimidad a los cargos de mayor importancia dentro de los órganos jurisdiccionales y la importancia de garantizar la imparcialidad de los juzgadores. Derivado de ello, los integrantes del Poder Judicial Federal plantearon las exposiciones que considero más cercanas a las necesidades técnicas y de mejora que requiere el Poder Judicial (federal y locales), así como las fiscalías y las diversas instituciones de acceso a la justicia (asesorías, defensorías públicas, etc.); sin embargo, más allá de ofrecer rutas de consenso, quienes plantearon la reforma judicial (grupo parlamentario de Morena, PT, Partido Verde y otros ex funcionarios judiciales afines al oficialismo) se apartaron de cuestionar la eficacia técnica de la labor jurisdiccional y se concentraron en atacar la labor de los ministros, jueces y magistrados federales, insistiendo en que la única alternativa es apostar por una legitimación democrática.

La agenda de justicia quedó expuesta en la mesa de diálogo, pero quienes ostentan actualmente los cargos de elección popular y estaban presentes en la mesa no hicieron más que voltear hacia otro lado, ignorando (dolosamente, en el caso de algunos presentes como Olga Sánchez Cordero y, como invitado, Arturo Zaldívar) que la tarea de quienes imparten justicia no puede depender de la aprobación mayoritaria, toda vez que detrás de cada sentencia habrá inconformidades entre las partes; asimismo, que la labor de la SCJN como tribunal constitucional es vigilar el cumplimiento de lo que establece la Constitución en el actuar del Estado en su conjunto en todo el país. La ministra Lenia Batrés apoyó la propuesta de reforma judicial, haciendo señalamientos sobre la labor de los integrantes del PJF, calificándola como clasista, misógina, elitista, entre otras sin justificar el origen de su apreciación, denostando el trabajo de más de 50 mil funcionarios judiciales en todo el país (una fórmula que ya se había visto antes cuando Marx Arriaga, titular de la dirección de materiales educativos de la SEP expuso su percepción del modelo por competencias y los planes educativos previos, atacando indirectamente a la labor magisterial… sin ninguna réplica por parte de los docentes); si lo anterior no fuera sumamente alarmante e irresponsable de su parte, también propuso restarle eficacia a las sentencias de amparo, básicamente proponiendo dejar sin efecto a las decisiones del poder judicial en distintas materias y que el actuar del resto del aparato estatal tenga vía libre para actuar como le plazca (aun y cuando estemos en presencia de una violación de derechos fundamentales o vulneración al debido proceso).

Quizás, el enojo y resentimiento de la ministra Batrés se originó debido a los señalamientos que la comunidad judicial hizo sobre su labor juzgadora, quien a pesar de tener 400 asuntos rezagados se presentó el pasado domingo a un foro informativo convocado por Morena con diversos trabajadores del PJF. Su discurso consistió, básicamente, en tergiversar la labor de la Corte en materia penal, afirmando que los titulares del PJF actuaban para beneficios de grupo, siendo abucheada por parte de la comunidad judicial e incluso, algunos de los presentes en dicho foro, le gritaron “ministra burra”. Más allá de la falta de ética de la ministra al participar en eventos políticos, los integrantes del PJF no se dejaron engañar por la propaganda de la “ministra del pueblo”, saben perfectamente que estaba mintiendo y atacando la carrera e independencia judicial. Tal y como lo expuso el ministro Laynez Potisek en la mesa de diálogo de la reforma, los jueces no actúan de forma soberbia, sino que se preparan y trabajan desde la soledad de sus despachos, hablando únicamente a través de sus sentencias.

Finalmente, las propuestas más viables que emergieron de esta mesa de diálogo fueron las que expuso la ministra Ríos Farjat, quien planteó la certificación y extensión de la formación técnica de las fiscalías (incluyendo la FGR), la ampliación de las defensorías públicas, la creación de centros de asesorías jurídicas en diferentes materias para garantizar el acceso a la justicia, así como también la certificación de las escuelas de derecho (una vacuna sumamente necesaria para erradicar las escuelas “patito”). Pero, al igual que el resto de los posicionamientos de los ponentes que defendían la independencia y carrera judicial, se dejaron de lado las propuestas para seguir atacando la labor de los funcionarios judiciales.

La reforma judicial se acerca y en vez de analizar aquellos temas que se deben abordar para atender la agenda de justicia en nuestro país, el oficialismo se centró en atacar a los ministros, jueces y magistrados. Decir que la imparcialidad vendrá desde la “legitimidad democrática” de las urnas será un error contundente que terminará por pavimentar el camino para que los intereses políticos y económicos invadan al PJF. Este error traerá consigo el fin del Estado de Derecho y comprometerá la esfera jurídica de millones de mexicanas y mexicanos. Ojalá algún día, los legisladores que celebran el avance de esta iniciativa vean el trabajo que se hace en los juzgados, comprendan su complejidad y la dedicación con la que trabajan decenas de miles de funcionarios en todo el país y entiendan que detrás de cada expediente hay familias y personas buscando justicia. Una justicia que no se puede someter a votación.