Tras el confinamiento, surge la siguiente pregunta: ¿Se puede mantener indefinidamente a gran parte de los ciudadanos en un limbo que posterga la necesidad de dirimir cuestiones a través del acceso a la justicia? La seguridad jurídica y la justicia son quizá dos de los pilares más importantes para enfrentar las consecuencias a las que nos enfrentamos y enfrentaremos en este largo peregrinar de lo que denominados “la vida en tiempos del Covid-19”. Resulta inadmisible que el sistema político y judicial, no hayan logrado un punto de convergencia para encontrar el camino que hoy permitiera a la justicia tener pleno funcionamiento.
Diversos tribunales en toda la república han decidido extender la suspensión de actividades en el servicio judicial, ya que su funcionamiento no se ha incluido dentro del famoso “catálogo” de actividades esenciales; en virtud de lo anterior, me permito manifestar que es un grave error no considerar a la función jurisdiccional como esencial en el desarrollo de un país.
Si bien nos encontramos rodeados de un sistema judicial que se caracteriza por ser poco eficiente, no podemos negar que el acceso a la justicia permite defender todos aquellos derechos que diariamente son atropellados en el contexto de un México con desigualdades. En mi opinión, la actividad jurisdiccional jamás debería de parar; sin embargo, así se decidió por parte de las cúpulas jurisdiccionales y el planteamiento tras varios meses estriba en transformarse para permitir la defensa de miles y miles de personas que esperan ansiosas para defender su patrimonio, vigilar su libertad, obtener alimentos, entre muchas otras cosas más.
En la actualidad, el acceso a la justicia en nuestro país se caracteriza por llevarse a cabo mayoritariamente a través de un abogado; siendo entonces necesario tratar de acercar la justicia a la gente sin interponer tantas barreras procedimentales y/o formalismos para evitar el conflicto y privar la solución de los problemas. Actualmente existen mecanismos tecnológicos que ya se ponen en marcha en otros países e inclusive en nuestro propio país, mismos que permiten la presentación de demandas y promociones a través de plataformas electrónicas y la sustanciación de juicios en línea.

Derivado de lo anterior, resulta más que necesario, un profundo análisis para realizar inversiones en el rubro y no permitir que el sistema de administración de justicia detenga su marcha. Las medidas de seguridad y los protocolos sanitarios deben de respetarse; pero al mismo tiempo deben de respetarse y hacerse valer los medios de defensa jurídicos, por lo que esperar más tiempo conllevará retrasar su impartición y/o acumular la carga de trabajo.
Se aplaude la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que decide regular la integración de los expedientes impresos y electrónicos en controversias constitucionales y en acciones de inconstitucionalidad, así como el uso del sistema electrónico para la promoción, trámite, consulta, resolución y notificaciones por vía electrónica en los expedientes respectivos. Será momento de que dichas instrucciones y procedimientos, se desdoblen en las diversas instancias del Poder Judicial Federal y puedan también llegar a los poderes judiciales de las Entidades, de manera que se pueda hacer frente a la presente contingencia pero al mismo tiempo, nos permitan prevenir algunas otras que en el futuro pudieran suscitarse.
Agradezco el favor de su lectura y les deseo un excelente fin de semana.

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