Jesús Eduardo Martín Jáuregui

La venganza es un platillo que se sirve frío. Pierre Ambroise Choderlos de Laclos

Justicia, no venganza. Simon Wiesenthal.

La venganza no es mi fuerte. Andrés Manuel López Obrador.

 

La “filtración” de una grabación aparentemente de hace algunos años, en los que aparentemente algunos empleados del Senado de la República aparentemente reciben grandes cantidades de dinero, aparentemente para comprar las voluntades de senadores de diversos partidos para lograr aparentemente una votación favorable para que aparentemente la reforma energética transitara sin problemas por el Senado, una grabación que aparentemente se encontraba en poder del señor Emilio Lozoya, delincuente confeso, que aparentemente ha recibido trato preferencial para convertirse en el instrumento de la venganza presidencial, video que ha circulado profusamente en los medios de comunicación tanto formales como informales, se ha convertido en un sólo día en un tópico de gran actualidad.

El mismísimo presidente de la república en su “talk show” matutino anticipó la grabación diciendo, palabras más, desde luego, nunca palabras menos, que ojalá el señor Fiscal General de la República diera a conocer las grabaciones entregadas por Emilio Lozoya porque el pueblo tenía derecho a conocer toda la verdad en torno a la corrupción en que “antes” se encontraba hundido el país, porque como es del dominio público la corrupción ya se terminó.

El presidente de la república sabe que existe un “debido proceso” que es un derecho fundamental para todo indiciado, que no sólo tiene la lectura de que “protege a los delincuentes” como la estulticia popular sostiene, sino que verdaderamente constituye una garantía de que los culpables sean castigados, el daño a víctimas sea resarcido y la sociedad toda satisfecha. Si no se cumplen esas reglas mínimas de los procedimientos y luego el proceso legal, se deja abierta la puerta para que los delincuentes eludan el justo castigo por sus comportamientos antisociales. El caso de Florence Cassez, muy conocido en el país, es un buen ejemplo, además de que en él tuvo una importante participación la ministra Olga María del Carmen Sánchez, como se dieron a conocer en los medios de comunicación videos “aparentemente” de las investigaciones, la Suprema Corte estimó que no se le podía garantizar un juicio justo y ordenó su liberación.

El presidente de la república juró cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan, y ahora de acuerdo con la nueva doctrina constitucional, el paquete de constitucionalidad se forma también con los tratados internacionales y las disposiciones a las que remita la carta magna. El juramento lo obliga a respetar los principios de los derechos fundamentales y aunque por su calidad de jefe del estado y jefe de gobierno tiene impunidad, no debería, como lo hace frecuentemente incurrir en comportamientos que para cualquier otro ciudadano serían punibles. Tendría que respetar sobre todo, los principios básicos de la convivencia y de la administración de justicia, uno de ellos, principalísimo la presunción de inocencia. ¿Se podría garantizar un juicio justo a alguna persona luego de que el presidente de la república, en cadena nacional y en el foro del gobierno de la presidencia, lo señale como responsable de conductas delictuosas?.

Lo que se planteó aparentemente como un triunfo policíaco derivado de la “inteligencia”(?) y de las negociaciones para lograr la extradición de Emilio Lozoya, se ha convertido en un vergonzoso sainete, que deja mal paradas a las instituciones de procuración y administración de justicia, a las que, hasta el Secretario de la Defensa, en presencia del presidente de la república, las denuesta.

El punto de la salud del famoso personaje es trivial frente al fondo gravísimo de las violaciones a la legalidad llevadas a cabo por la Fiscalía General de la República con el festinamiento cómplice del gobierno de la república. El señor Lozoya llegó a México requerido por el Poder Judicial por diversas órdenes de aprehensión, luego de renunciar a su impugnación del derecho de México a pedir su extradición debería haber quedado de inmediato a disposición del juez o jueces que libraron la o las órdenes de aprehensión. La Fiscalía que dispone de aviones “que no los tiene ni Obama” en un vuelo trasatlántico modelo de “austeridad republicana” transportó un sólo pasajero, los demás eran tripulación y custodios. Al momento de abordar el avión de matrícula mexicana, para todos los efectos legales el señor Lozoya se encontraba en “territorio nacional”, en donde sin ninguna cortapisa de derecho internacional pudo ejecutarse la detención. Al llegar a territorio continental la obligación de los aprehensores era poner de “inmediato” a disposición del o de los jueces al detenido. De inmediato significa sin nada enmedio, ninguna acción, ninguna actuación, sólo ponerlo a disposición. En vez de eso la Fiscalía lo sustrajo, con el pretexto de atención médica lo aisló, le tomó declaraciones, lo que presumiblemente se había hecho también durante el vuelo, le dio tratamiento de una figura que legalmente ya no era compatible con su condición de detenido y luego de varios días lo puso a disposición del poder judicial.

Inexplicablemente ni el Consejo de la Judicatura ni la Suprema Corte de Justicia han  pronunciado ni media palabra ante las evidentes violaciones constitucionales de la Fiscalía.

Cualquier persona que tenga mediana noción de pruebas legales o simplemente un poco de buen sentido, sabe que la grabación que se ha exhibido carece de los elementos indispensables para que pudiera utilizarse en un juicio. Un video notoriamente editado, (el que circula en redes es ligeramente diferente del que mostró el presidente en su “chou” matutino), sin que se adminicule a otras probanzas no tendrá ninguna relevancia. Las acusaciones públicas del propio presidente, la desmesura desbozalada del Fiscal General de la República y el consecuente linchamiento de algunos de los señalados por la opinión pública y quizás por la opinión pública, son oro molido para la defensa en un proceso penal.

Salvo que, en realidad no se pretenda enjuiciar a ninguno de los sujetos señalados, y todo sea una representación con fines electoreros, pura politiquería como dice AMLO.

 

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