David Reynoso Rivera Río

La intervención en las comunicaciones privadas, se ha consolidado como el gran tema de los últimos días derivado de la acusación presentada por varios activistas y periodistas al gobierno federal tras la escandalosa publicación del diario norteamericano “The New York Times”. Misma que obtuvo como reacción un breve comunicado por parte del gobierno federal en el que se deslinda y asegura la inexistencia de pruebas que puedan incriminarlo.

Como primer punto, me gustaría dejar muy en claro que resulta innegable el carácter ilegal y el lacerante atentado a la privacidad que representa intervenir el teléfono o cualquier otro medio de comunicación de cualquier ser humano. Por lo que espero se tomen cartas en el asunto, se pueda llegar a prontas conclusiones y en caso de ser determinados los culpables, se les castigue.

Mencionado lo anterior, me parece sorprendente que justamente ahora los medios de comunicación sean los más preocupados e indignados al respecto, cuando han sido ellos los principales promotores de la rentabilidad que les otorga la divulgación de conversaciones. Bastaría con recordar que ellos mismos fueron promotores de conversaciones obtenidas de manera ilegal a través de las fuentes “filtradas” de sus grandes notas como el audio entre Mario Marín y Kamel Nacif o la reciente conversación del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, en la que se burlaba de la forma de hablar el español de un líder indígena.

Las tecnologías de comunicación y la modernidad, nos insertan en un mundo globalizado caracterizado por carecer de fronteras y consolidar el acceso casi instantáneo a millones de recursos. En México actualmente existen alrededor de 110 millones de celulares en uso que, aunados a las computadoras y su navegación mediante internet y redes sociales, permiten al ser humano atender y obtener información que antes sonaba imposible; sin embargo, su uso requiere una gran responsabilidad y de igual manera exige aprender los nuevos métodos de proteger la privacidad.

La intervención de las comunicaciones ha sido utilizada en todo el orbe a lo largo de la historia, principalmente en eventos bélicos y diplomáticos; sin embargo, en los últimos años esta tecnología se ha incorporado a los servicios financieros, empresariales y a todos aquellos que manejan información confidencial. De estas cadenas de ilegalidad han sido víctimas algunos comunicadores, prominentes empresarios y los políticos (entendiéndose como candidatos, legisladores, servidores públicos o inclusive sus familiares); todos ellos, con un elemento en común, el no haber sido del agrado de algún particular o inclusive de algún gobierno.

Desde la perspectiva jurídica, el artículo 16 constitucional establece lo siguiente: Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionaraì penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacidad de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El juez valoraraì el alcance de éstas, siempre y cuando contengan informacioìn relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley. Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Puìblico de la entidad federativa correspondiente, podráì autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberaì fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando ademaìs, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podráì otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor. Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigacioìn de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberaì existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Puìblico y demás autoridades competentes. Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos en las leyes. Los resultados de las intervenciones que no cumplan con éstos, carecerán de todo valor probatorio.

Queda claro que existe un marco legal adecuado; sin embargo, aún hay mucho por hacer.

Tanto en la Cámara de diputados como en el Senado de la República se han presentado iniciativas para regular con mayor profundidad la intervención de comunicaciones privadas e incluir sanciones más severas desde el ámbito penal a las ya existentes.

La responsabilidad que enfrenta nuestro gobierno, no es única, sino compartida, ya que exigimos sanciones para toda intervención y con mayor ímpetu exigimos el respeto a nuestros derechos fundamentales. Es momento de que gobierno, sociedad civil y medios de comunicación, colaboremos a poner un alto a esta deleznable práctica que muchas veces directa o indirectamente se ha visto propiciada por todo tipo de actores.

Correo: davidreynoso@sapiensiuventus.com

Twitter: @davidrrr