Luis Muñoz Fernández / Miembro del Colegio de Bioética, A.C.

La interrupción voluntaria del embarazo es un tema de la máxima actualidad en Aguascalientes, ya que en estos momentos están por discutirse en el pleno del Congreso del Estado dos iniciativas legales que pretenden “proteger la vida desde la concepción y hasta la muerte natural”, una promovida por los partidos políticos PAN, PVEM y PES y la otra por la representación local del Frente Nacional por la Familia. Es evidente que estas iniciativas pretenden poner obstáculos a iniciativas presentes o futuras para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo. Nos parece que en Aguascalientes la posición conservadora que impulsa las iniciativas legales citadas ha recibido hasta el momento una mayor atención y difusión en los medios de comunicación.

En las condiciones ideales de una sociedad democrática como la nuestra, un tema de la complejidad e implicaciones que caracteriza a la interrupción voluntaria del embarazo exigiría antes de su llegada al Congreso un debate público amplio y razonado en el que se abordasen todas las facetas que lo integran. Lejos de ello, lo que parece observarse en nuestro caso es un enfrentamiento entre dos posiciones encontradas, irreconciliables, que, siguiendo al doctor en filosofía Gustavo Ortiz Millán (La moralidad del aborto. Siglo XXI Editores, 2009), llamaremos conservadora y liberal. Este autor señala también que en México existe una tercera posición a la que llama moderada:

En el caso de México, un buen porcentaje de la población, en su mayoría católica, así como la mayor parte de las leyes que penalizan el aborto en los códigos penales estatales, no suscriben la postura del conservador extremo, sino una postura conservadora-moderada. El conservador moderado suele aceptar el aborto terapéutico, por violación y eugenésico (por malformaciones congénitas), aunque tiene mayores dificultades para aceptar el aborto por problemas económicos o por casos en los que fallan los métodos anticonceptivos.

Dado que el Artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal…”, es importante que en el tema que nos ocupa se privilegie el enfoque laico, es decir, respetuoso de todas las creencias sin favorecer a ninguna en particular, asumiendo que en nuestra sociedad, más allá de que una mayoría se asuma, nominalmente como católica, en la realidad cotidiana existe una pluralidad moral.

Ya que la interrupción voluntaria del embarazo es un tema de particular interés para la Bioética laica, que basa su enfoque y propuestas en fundamentos racionales, científicos y filosóficos, parece apropiado exponer a la opinión pública los planteamientos de esta disciplina, hasta ahora ausentes en un intercambio de opiniones que se ha caracterizado por su crispación y radicalidad. Siendo imposible analizar el tema a profundidad en un texto como el presente, lo que se pretende solamente es ofrecer a la opinión pública y a los legisladores algunos elementos adicionales que les permitan enriquecer su análisis y formarse un juicio propio, contribuyendo así a un debate sereno y razonado que hasta ahora ha brillado por su ausencia.

Benjamín Forcano, exsacerdote y teólogo, coautor de Debate en torno al aborto. 20 preguntas para debatir sin crispación sobre el aborto (Desclée de Brouwer, 2014) responde a la primera pregunta “¿Es posible, y cómo, debatir sin crispación sobre el aborto?” de la siguiente manera:

Debería ser posible hacerlo en un estado democrático y aconfesional. Pero el tema del aborto es un tema complejo, que requiere una mirada atenta a todos sus aspectos. Se tenga una u otra interpretación, vamos a movernos dentro de una pluralidad de valoraciones. Todos coincidimos en que somos libres para una u otra, y que nadie puede imponer la suya a los demás.

Y en relación a la misma pregunta, Federico Mayor Zaragoza, científico y exdirector de la UNESCO, señala en el libro citado lo que pareciese haber sido dedicado a los legisladores de Aguascalientes:

A mí me parece importante insistir desde el comienzo en lo de no imponer. Las decisiones, en cualquier caso, deben ser adoptadas después de un concienzudo análisis y de haber recabado consejos por parte de las personas más cualificadas en los distintos temas. De este modo se evitarían medidas ejecutivas o directrices legislativas erróneamente adoptadas por manifiesta incompetencia, lo que es especialmente grave cuando su aplicación puede producir efectos irreversibles. Consulten, déjense asesorar en temas en los que debe prevalecer el rigor científico. Y, sobre todo, no pretendan “obligar” a nadie a que se comporte en cuestiones tan esenciales en virtud de criterios deformados por el partidismo, el miedo o el dogmatismo (las negritas son mías).

La experiencia histórica en todo el mundo permite asegurar que ante un embarazo no deseado, el recurso al aborto siempre ha sucedido, sigue sucediendo y seguirá ocurriendo en el futuro. Y que es completamente erróneo suponer que su penalización, tal como hoy está establecida, es una estrategia disuasoria eficaz, cuando lo que provoca en realidad es que las mujeres con esos embarazos acudan a la clandestinidad para interrumpirlos, con las graves consecuencias que hacen del aborto clandestino un auténtico problema de salud pública, tal como lo señalan numerosos grupos de expertos, como es el caso, sólo por citar algunos, del Colegio de Bioética, A.C. (con sede en la Ciudad de México) y el Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona, España.

El aborto es también un problema de discriminación socioeconómica porque está bien demostrado que las mujeres de elevados recursos económicos con embarazos no deseados acceden fácilmente a abortos seguros con todas las garantías sanitarias practicados en clínicas del extranjero o por médicos que los realizan veladamente en condiciones seguras y apropiadas. En cambio, como se menciona en el párrafo precedente, las mujeres pobres de nuestro país, más si son indígenas como factor de discriminación sobreagregado, se ven obligadas a recurrir al aborto clandestino y, cuando son denunciadas, llegan a pagar con cárcel lo que se considera un delito.Aquí vale la pena señalar que la despenalización del aborto, tal como lo demuestra la experiencia en la Ciudad de México, reduce significativamente tanto el problema de salud pública como el de la discriminación socioeconómica, dejando en manos de la mujer la decisión de interrumpir o no su embarazo de acuerdo a sus propias convicciones y creencias personales.

Si bien en todos los estados de la República existen lo que se denominan las causales de despenalización del aborto, que permiten su práctica sin que lo castigue la ley, y que en la Constitución del Estado de Aguascalientes incluyen la violación, el aborto imprudencial (cuando la madre se lo provoca accidentalmente) y el peligro de muerte para la gestante, en la práctica sigue siendo un verdadero calvario y fuente de revictimización para la mujer acudir a estas causales para obtener la interrupción del embarazo a la que tiene pleno derecho. Ya en Aguascalientes tuvimos una muestra de ello el año pasado, cuando una mujer que fue embarazada por una violación no pudo lograr que se le practicase el aborto en el sistema público de salud y tuvo que viajar a la Ciudad de México para lograr que su solicitud fuese atendida.

Por último, aunque es un aspecto en el que no podemos profundizar aquí, vale la pena mencionar que considerar al cigoto y al embrión un ciudadano no sólo es un exceso, sino un absurdo desde el punto de vista embriológico y jurídico.

Sin caer en la ingenuidad de pensar que en esta ocasión se procederá con sensibilidad, generosidad y altura de miras, esperaríamos que antes de votar en el pleno la aprobación o rechazo de las iniciativas legales que están en curso, los legisladores convocasen a los expertos y a la sociedad en su conjunto para conocer sus puntos de vista si, claro está, por sociedad se entiende algo más amplio y diverso que los dirigentes y miembros de los partidos políticos promoventes y los que conducen y forman parte de la organización ultraconservadora antes mencionada.