Prof. Flaviano Jiménez Jiménez

Por indicaciones del actual presidente de la República, el Congreso de la Unión modificó el Artículo Tercero constitucional, entre otras razones, con el fin de poner todo el énfasis en la INCLUSIÓN, esto es, para favorecer en la atención educativa, de manera específica y preponderante, a los más necesitados: a los que requieren educación especial, a los indígenas en precarias condiciones y, en general, a los más pobres. Es de reconocer, particularmente a esta administración, el hecho de haber puesto en la Ley la inclusión como uno de los más sobresalientes principios de justicia social para los grupos vulnerables. Los gobiernos anteriores crearon programas y los soportaron con recursos federales para la atención de estos grupos; si bien no fueron suficientes los apoyos económicos para cubrir todos los requerimientos, sí hubo esfuerzos para brindarles la mejor atención posible. Por tanto, el vigor que de entrada manifestó esta administración por ofrecer, prioritariamente, servicios educativos a todos los que se encuentran en estado crítico, hizo abrigar grandes expectativas al respecto.

Sin embargo, una cosa es expresar buenos deseos en  el discurso, incluso en la Ley, y otra, muy distinta, es lo que  pasa en los hechos. El pueblo sabio dice “el que quiere azul celeste que le cueste”; en otras palabras, si el Gobierno de la República quiere brindar más y mejor atención educativa, especializada, a todos los grupos vulnerables, se requieren cuantiosos recursos presupuestarios; y resulta que en lugar de incrementar recursos, éstos están disminuyendo, en forma drástica,  por la llamada Austeridad Republicana. Los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad, hasta el 2018, disponían para gastos de operación 670 millones de pesos. En estos momentos, por los recortes, tan solo disponen de 34 millones de pesos. Si 670 millones eran insuficientes, ¿qué  se podrá hacer ahora con 34 millones? Las escuelas primarias del país que hasta la fecha cuentan con el programa Escuelas de Tiempo Completo, apoyan a los padres de familia, de escasos recursos, brindado permanencia a sus hijos por  más tiempo en las escuelas mientras  concluyen sus trabajos; por otra parte, estas escuelas brindan a los niños servicios educativos adicionales para su mejor aprovechamiento y, en muchos casos, proporcionan alimentos a los niños más pobres. Pero, por lo recortes presupuestales, a este  programa le quitan el 52% de su soporte financiero, afectando a más de 10 mil escuelas ubicadas en zonas marginadas y, de continuar los recortes, las Escuelas de Tiempo Completo desaparecerán, así como está desapareciendo la enseñanza del inglés para los niños que no tienen manera de pagar estos estudios. Para la Escuela Digna, el anterior Gobierno Federal dispuso de 500 mil millones de pesos (para cinco años), con los cuales se daba mantenimiento y embellecimiento a las escuelas en condiciones precarias; ahora, el Gobierno Federal tan solo destinará 20 mil millones de pesos para dar mantenimiento a más de 265 mil escuelas que funcionan en todo el territorio nacional. Y para las escuelas predilectas de esta administración, las normales rurales, donde, ciertamente, asisten los estudiantes de lugares marginados, en el discurso se ha dicho que a estas instituciones las van a modernizar integralmente con el objeto de formar, en ellas a los mejores maestros, sin embargo, de los 447 millones de pesos de presupuesto que tenían las normales rurales, para el 2020 únicamente tendrán 262 millones de pesos, siendo el recorte cercano al 40%.

Así como en el Sector Salud la Austeridad Republicana está golpeando a los grupos más vulnerables, en educación está pasando lo mismo con los grupos marginados, y eso que para el Gobierno Federal lo más importante es la inclusión educativa, la equidad o la justicia social para los más pobres. ¡Qué cosas se hacen para lograr la 4T!