Jesús Eduardo Martín Jáuregui

Me parece recordar que el lema de campaña o quizás del gobierno del presidente José López Portillo fue “La corrupción somos todos”, y seguramente para que no quedara la menor duda, él mismo personificó con su manera de gobernar, la veracidad de su postulado. Fue un presidente frívolo con una gran facilidad de palabra y dotado para el histrionismo. Recuerdo cómo mi papá, que siempre fue un priista convencido que era tanto como decir un gobiernista convencido, se conmovió hasta las lágrimas (lo que no era nada frecuente en él), con el famoso discurso del perro: “Ya nos saquearon, no nos volverán a saquear… defenderé el peso como un perro”. Como gran fin de fiesta en un golpe espectacular determinó la medida de estatizar la banca, lo que trajo al país un serio retroceso que costó mucho dinero a los ciudadanos que, como siempre, terminaron pagando el pato.

Hace apenas unos días se da a conocer un nuevo estudio de percepción respecto de la impunidad en nuestro país. Se trata de un proyecto promovido por una universidad prestigiada del país que arroja, como sin duda era previsible para quien tuviera un mínimo de información de nuestro México, que estaría si no en el primero, en uno de los primeros lugares, porque sin duda en esa especialidad desde hace muchos años tenemos asegurada una medalla en el podium. Triste realidad. El anuncio del resultado de este estudio no arrojó como pudiera haber sido previsible el enojo y la consecuente anatemización, que si bien no provendría del señor José Antonio Meade por no corresponder a su área de responsabilidad, podría ser manifestado por multitud de corifeos que festinan los logros (con minúscula) disimulan los yerros (con mayúscula) y defienden las iniciativas (chiquísculas o grandúsculas) que provengan del Gobierno, fundamentalmente del ejecutivo.

Suele plantearse la pregunta que como el huevo de Colón parece no tener una clara respuesta “qué fue primero, el huevo o la gallina”. Qué se da primero, la corrupción o la impunidad. Evidentemente se implican. El hecho de que las conductas ilícitas no se castiguen propicia que éstas cundan, y con ello surge la invitación a la corrupción. Un funcionario con cierta proclividad a apartarse de la recta función de su cargo, se puede ver tentado a actuar ilícitamente y, refrenar sus impulsos ante el conocimiento de las penalidades que acarrean las conductas antijurídicas, pero, si se percata de que no solo no son castigadas sino que proliferan a todos los niveles, desde el policía de tránsito hasta el jefe de gobierno del Distrito Federal, tan sólo por mencionar algún cargo, aunque de los primeros conozca muchos ejemplos y del segundo lo presuma a partir de las notas periodísticas.

Se suele preguntar por las causas de la impunidad o de la corrupción, para el caso es lo mismo. Se han aventurado hipótesis, que no son más que eso, en el sentido de que provienen de una cierta composición étnica resultante de un mestizaje que acentuó los aspectos más negativos de las razas que entraron en el crisol. Se suele afirmar también que es una resultante cultural de prácticas que fueron afianzándose con el correr del tiempo. Se asegura que la causal última es la ineficiencia de las instituciones porque al no cumplir cabal y adecuadamente con sus atribuciones, propician que el usuario necesitado del servicio busque la manera de lograr el resultado que necesita “aceitando” el mecanismo burocrático. No falta quien considere que si la corrupción cunde eso se debe a que no existen los controles adecuados para evitar las prácticas desviadas y que en tanto no se dé una adecuada supervisión el proceso negativo seguirá propiciándose y presentándose.

Durante mucho tiempo los mexicanos hemos cargado con el sambenito de la conquista, el “trauma” que llaman algunos, lo que explica el origen de nuestros males, y la condena irrevocable a arrastrar las lacras per sécula seculórum. Sin embargo, la ojeada al panorama mundial nos da la certeza de que la corrupción y su hermana gemela la impunidad no son detentados exclusivamente por los pueblos iberoamericanos, aunque ciertamente, parece ser más notorio, quizás porque parte de nuestra idiosincrasia implica realizar el comportamiento perverso, regodearnos en él y ostentarnos como héroes, y, de alguna manera, convertir al delincuente en modelo romántico a seguir. Dígalo si no desde los personajes legendarios como Chucho el Roto hasta los narco corridos que hacen triste apología de delincuentes que corroen las estructuras sociales. Sin embargo, una simple ojeada a las noticias internacionales nos muestran que desde los países con una milenaria tradición de honor como puede ser el Japón, hasta los considerados ejemplos de ciudadanía responsable como son los nórdicos, pasando por los latinos y llegando a los policías del mundo, nuestros ¡Oh Dios! (¿odios?) vecinos, la corrupción se presenta, y si se presenta a nivel de grandes funcionarios del gobierno o de corporaciones mercantiles, puede inferirse sin temor a dudas que también se presentarán en los bajos niveles de la administración pública o privada.

Seguramente la misma ojeada a las notas internacionales nos permitirá que los casos de corrupción y de impunidad se presentan en países que tienen una larga tradición cultural o en aquellos que se encuentran en la cúspide de la civilización. No se puede explicar tan solo a partir de una práctica social más o menos tolerada, o de una elaboración sofisticada de un fraude administrativo que no encuentra castigo en el sistema judicial. Nadie podría aceptar como práctica recomendable el cohecho, aunque se encuentre dispuesto a realizarlo o de hecho forma una parte común de su actividad económica. Hace unos días un compañero abogado de Querétaro sostenía el dicho común de que el que hace la ley, hace la muey.

Coincidir con algunos en el sentido de que la ineficiencia propicia la corrupción sería anteponer el utilitarismo a los valores de la convivencia y del desarrollo armónico de la sociedad. Podría plantearse igualmente la hipótesis contraria que seguramente se sustentaría con igual fuerza: la ineficacia se produce por la corrupción y no al revés. El funcionario intencionalmente realiza sus labores con lentitud, de mala manera y con peores resultados porque busca de esa manera forzar al usuario a recurrir a la corrupción para obtener los resultados que requiere, porque de otra manera sus costos operativos se dispararían. La corrupción se convierte entonces en un mal necesario.

«Quis custodiet ipsos custodes?» se pregunta el poeta latino Juvenal, no hay manera de asegurar que la cadena de vigilantes se vuelva cadena de corruptos. El que necesita ser vigilado para realizar correctamente su trabajo buscará la primera oportunidad para desviarse de la línea recta, y el vigilante corrupto aprovechará su condición para lograr beneficios ilegales.

La piedra está lanzada. Los mexicanos, para oprobio, pero fundamentalmente para tristeza, somos un país de corruptos entre los corruptos. Lo sabemos y ¿ahora?…

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