Fernando López Gutiérrez

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En los últimos años, el Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública se ha afianzado como un instrumento fundamental para la rendición de cuentas y la supervisión de la gestión administrativa en todos sus niveles. Aunque el marco jurídico vigente limita de manera notable las posibilidades de generar responsabilidades y sancionar las faltas derivadas de sus observaciones. Cada año, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y grupos políticos revisan a detalle el contenido de este documento con la finalidad de difundir las anomalías que reporta.

La difusión de una gran parte de los escándalos sobre la utilización de recursos o el desempeño de las dependencias federales, estatales y municipales tiene su origen en la revisión que realiza la Auditoría Superior de la Federación (ASF). En diversas ocasiones, la combinación de la información técnica presentada en los informes de resultados, con la exhibición mediática, la denuncia política o el activismo social impulsa la generación propuestas y cambios relevantes al régimen vigente. Sin duda, sería preferible tener órganos e instituciones que pudieran actuar de forma directa y eficaz ante las fallas identificadas, pero esa posibilidad aún se encuentra en proceso de consolidación y depende más de otros factores que de la labor de la propia ASF.

En este contexto, el Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2013 posee una relevancia particular para la actual administración federal. Por primera vez, le corresponde a la ASF —por medio de este instrumento— informar sobre los resultados de las auditorías realizadas a las distintas dependencias en el periodo de gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto y dicho ejercicio se realiza en el marco de un proceso de reformas en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.

El gobierno federal no tiene más la posibilidad de responder públicamente a las observaciones del Informe mediante la mención justificada de que corresponden al desempeño de la administración pasada. Si bien, siempre ha podido actuar para modificar las causas que dan origen a dichas observaciones, es hasta este momento que se le puede responsabilizar de no atender a una labor tan importante.

En el mensaje que el Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, pronunció durante la entrega del Informe a la Cámara de Diputados se puede identificar la lectura de este escenario. Como no lo había hecho con anterioridad, el pasado 18 de febrero señaló puntualmente “trece áreas de riesgo de mayor impacto y representatividad en el sector público”. Destaca que en la revisión de esas 13 áreas se dejan en claro los enormes desafíos en las diversas áreas de la gestión gubernamental y se expresa la necesidad inminente de una reforma integral de la función pública en nuestro país.

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