La discusión en torno al acceso a la justicia ha resaltado los diferentes mecanismos mediante los cuales, la ciudadanía puede solicitar el apoyo del estado para pedir protección, denunciar un delito, tener una defensa o asesoría jurídica gratuita en los diferentes rubros y materias. Sin embargo, la agenda de justicia suele tener diversos agentes y cuando los casos polémicos salen a la luz, tanto la población en general como los medios de comunicación suelen dirigir responsabilidades a los diferentes actores que integran este ámbito público (específicamente jueces y fiscales), pero los grandes problemas de trasfondo no se logran atender debido a la falta de claridad en cuanto a quién o quiénes les corresponde ejecutar políticas públicas en este rubro. Es por lo anterior que debemos preguntarnos ¿quiénes deben encargarse de ampliar el acceso a la justica?

De entrada, al existir diferentes materias (penal, fiscal, laboral, etc.), existen diversas instituciones encargadas de llevar a cabo labores de procuración y administración de justicia, así como también de defensoría y asesoría jurídica. Esencialmente, conocemos que la FGR y las fiscalías locales se encargan de perseguir los delitos, así como de la labor de investigación de la mano de los policías ministeriales a su cargo; por otra parte, las y los jueces siempre dependerán del Poder Judicial (federal y local) excepto en materia administrativa (dado que se integran como órganos constitucionales autónomos); y en materia de trabajo, los Centros de Conciliación y Arbitraje. Asimismo, las defensorías suelen ir de la mano del ejecutivo con excepción de la materia federal (que dependen del PJF). Tal y como usted lo puede advertir, hay una suerte de dinamismo (o desorden) sobre el origen de las atribuciones en cuanto a la defensoría y la asesoría jurídica, ya que varían dependiendo de la entidad e incluso a nivel federal (así como también el resto de las dependencias previamente mencionadas cuentan con sus institutos de formación en materia de mediación y los MASC en general). En pocas palabras, hay un laberinto institucional en el cual se desenvuelven estas responsabilidades y, a final del día, si queremos promover mecanismos de mejora también se sigue una suerte similar ¿quién debe o puede fomentar estas mejores? ¿el congreso? ¿los gobiernos? ¿los poderes judiciales?

Partiendo de este escenario, considero que es necesario reubicar distintas funciones en una misma área para eficientizar las labores. Lógicamente, las atribuciones de administración y procuración de justicia les corresponden exclusivamente al poder judicial y las fiscalías (por un tema de imparcialidad y congruencia con el orden constitucional); sin embargo, las áreas de los MASC, los Centros de Conciliación y Arbitraje, las defensorías e instituciones de asesoría jurídica pueden estar agrupadas en una misma institución. De aquí emerge la siguiente pregunta ¿qué tan viable sería impulsar un “Instituto de Acceso a la Justicia”?

A simple vista, saltan distintas inquietudes con relación a la centralidad y las malas experiencias que hemos tenido a lo largo de la historia (sobre todo en materia electoral). Pero, también ha existido un avance sustancial en cuanto a la tecnificación de la administración pública partiendo de los sistemas profesionales y servicios de carrera (INEGI, PJF por poner algunos ejemplos). Si se lograra agrupar a estas instituciones que impulsan el acceso a la justicia, podría implementarse un servicio profesional de carrera especializado por cada rubro y eficientizar los procedimientos de formación, crecimiento y ampliación desde el ejecutivo como un órgano descentralizado de la administración pública (con miras a que, en un futuro, pueda constituirse un órgano constitucional autónomo). Lo anterior podría fomentar la calidad de las y los operadores jurídicos que integran estas instituciones, así como también desarrollar el crecimiento interno a través de convocatorias, defensores especializados en distintas áreas, privilegiando la antigüedad y el merito profesional (que vaya de la mano, lógicamente, con salarios y prestaciones correspondientes a su nivel).

Esta propuesta surge, también, por diferentes inquietudes en cuanto a la planeación de políticas públicas en la materia. Por ejemplo, hace una semana salió el ex ministro Arturo Zaldívar a debatir sobre las propuestas de campaña en el programa Es la hora de opinar, argumentando que su gestión se caracterizó por aumentar la calidad de la defensoría pública federal, sin embargo, el enfoque que debe tener como ex titular del PJF no debería estar encaminado a mostrarse a fin a una de las partes, sino a la imparcialidad y la mejora continua de los órganos jurisdiccionales. Entiendo que, al tener esta encomienda, es fundamental que impulse las medidas que tanto él como el CJF consideraron pertinentes, pero este trabajo le debería corresponder a otra institución que no sea parte (pero que cuente con el mismo rigor técnico e institucional). Las y los jueces, así como el resto de los operadores jurídicos, no deben impulsar políticas públicas porque no forma parte de la esencia de sus atribuciones. Ahora, no estoy sugiriendo que se les deba apartar del diseño de los programas de mejora en materia de justicia, sus aportaciones son indispensables y deben forzosamente formar parte de las decisiones, pero la ejecución, evaluación y desarrollo demandan otro tipo de perfiles técnicos; así como también, las y los funcionarios públicos de las defensorías, asesorías jurídicas, MASC y CCA deben tener sus propios sistemas profesionales de carrera que (por la naturaleza de nuestro enfoque institucional actual) debe instaurarse inicialmente desde la administración pública descentralizada.

Aunque muchos no estemos de acuerdo, la realidad es que la voluntad política emerge principalmente de los poderes ejecutivos. Si queremos cimentar mecanismos de acceso a la justicia a nivel local, debemos enfocarnos en profesionalizar e invertir en estas instituciones, así como también rediseñar los programas y políticas públicas en la materia. Tal y como lo mencionaba Ana Laura Magaloni en el diario El País, “en México tenemos una deuda enorme con la justicia local…”, este puede ser el primer paso para saldar esta deuda histórica con la ciudadanía.