La Estafa Ponzi en el Estado, en donde la Fiscalía General del Estado, la Universidad Autónoma de Aguascalientes y el ISSSSPEA invirtieron en bonos que llevaron al desfalco de cientos de millones de pesos, causó preocupación e indignación pública hace unos meses, y ahora volvemos a tener noticia de ella, con un nuevo caso, recién descubierto, otra vez por parte de la Máxima Casa de Estudios del Estado. Esta situación ha alentado la desconfianza y desilusión de la sociedad, puesto que las instituciones involucradas son nada más y nada menos que la encargada de investigar este tipo de ilícitos y una de las instituciones educativas con mayor prestigio en la entidad.

La sociedad hidrocálida, catedráticos y trabajadores de la Universidad, indignados, han clamado por justicia y exigen que se investigue a profundidad, que se llegue hasta las últimas consecuencias y se sancione a los culpables reales, porque priva la percepción generalizada de que la impunidad es una constante en estos tiempos. Porque no sólo hay un perjuicio en la credibilidad de las autoridades, sino un detrimento económico considerable, en el que se han visto y se verán afectados los estudiantes universitarios, al reducirse las oportunidades de una mejora educativa con los proyectos o programas que no podrán llevarse a cabo, como si no fueran suficientes el estancamiento y retrocesos que trajo la pandemia del COVID-19.

La buena noticia es que, al margen de la obligación de la Fiscalía General del Estado de llevar a cabo las investigaciones, existen diversos entes y mecanismos que fueron creados para vigilar que se sigan correctamente los procedimientos legales y se sancione a los responsables de situaciones como ésta.

Por un lado, están los órganos internos de control de dichas dependencias, que seguramente ya están llevando a cabo los procedimientos de responsabilidad administrativa por el ejercicio indebido de recursos y del cargo público y, eventualmente, la determinación de responsabilidades para resarcir los daños y perjuicios ocasionados al erario público.

Por otra parte, está el Sistema Estatal Anticorrupción, conformado por un Comité Coordinador, un Comité de Participación Ciudadana, un Sistema de Fiscalización Estatal y la Plataforma Digital Estatal, autoridades y mecanismos que cuentan con facultades legales y operativas para dar seguimiento puntual a las acciones que se realicen para esclarecer los hechos y coadyuvar con la información que recaban, para que se determinen las responsabilidades correspondientes.

De igual forma, el sistema nacional y estatal de Transparencia es una herramienta eficaz para obtener datos importantes relacionados con estos hechos, a través de las solicitudes de información que se pueden plantear en la Plataforma Nacional de Transparencia y que está al alcance de todas las personas.

Todo lo anterior encuentra respaldo en un compromiso internacional asumido por el Estado Mexicano desde mayo de 2004, con la suscripción de la “Convención de las Naciones contra la Corrupción”, a partir del cual se ha generado la legislación y los organismos con las facultades para prevenir, investigar y sancionar la corrupción, mediante la aplicación puntual de la ley y de los tratados internacionales.

De igual forma, la Auditoría Superior de la Federación realizará lo propio, porque se comprometieron recursos federales con estos fraudes, por lo que a la par de las acciones locales, también habrá consecuencias a nivel federal.

Éste no es un caso fácil; desentrañar los hechos y deslindar responsabilidades será una tarea compleja, pero la colaboración interinstitucional y la aplicación de los mecanismos existentes en materia de fiscalización y corrupción serán aliados fundamentales para llegar a la verdad y que se hagan efectivas las consecuencias legales correspondientes.