Víctor Hugo Granados Zapata

La pandemia ha orillado a las autoridades educativas a generar y buscar nuevas alternativas para mejorar la educación en todo el país, pero sobre todo encontrar la manera de frenar los efectos negativos y reducir el daño que han sufrido en sus aprendizajes las y los estudiantes. Estas acciones o políticas públicas que puede llevar a cabo tanto a la Federación como los estados y municipios no pueden construirse a través de corazonadas, sino de datos y cifras que permitan a las y los tomadores de decisión contrastar las propuestas con los hechos. Pero aquí nace una inquietud ¿qué pasa cuando las instituciones tardan en brindar información eficiente? O bien ¿qué sucede cuando la poca información disponible tiene poca representatividad y carece de solidez?

En los últimos días se llevó a cabo la mesa de diálogo “Aprende en Casa, retos y aprendizajes”, donde participaron el subsecretario de Educación Básica, Marco Bucio; la representante de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación (OEI), Patricia Aldana; el representante de la Unicef en México, Christian Skoog; y moderó el Dr. Carlos Ornelas, investigador de la UAM. En esta mesa de discusión, el subsecretario Bucio dio a conocer las cifras del ciclo escolar 2019-2020, en las que tenemos aproximadamente 25 millones de estudiantes de educación básica, de los cuales 19 millones fueron atendidos por sus docentes. Sin embargo, dentro de esta cifra 16 millones de estudiantes (85% de los estudiantes atendidos) se tiene información y comunicación eficaz, 1.7 millones (8.9%) no tienen una buena comunicación o es intermitente y 797 mil (4.2%) no se tiene ningún tipo de comunicación. Antes de analizar estas cifras hay que entender que las y los docentes son quienes reportan estos datos a través de la comunicación y evidencia que recaban de sus estudiantes, esto con la finalidad de evaluar su desempeño y poderles asignar una calificación (en el caso de no recabar ninguna información, las y los docentes no deben subir ninguna calificación y tampoco reprobar automáticamente a los estudiantes).

Este 4.2% que señala el subsecretario es realmente alarmante, dado que al estar incomunicados es muy difícil identificar las causas específicas. Por ejemplo, no sabemos si gran parte de ellas y ellos dejaron de comunicarse con sus profesores por temas de conexión, por falta de equipo o materiales e incluso por presión de sus familias para insertarse en actividades laborales y apoyar económicamente a su familia. Todos estos escenarios podrían estar sucediendo en estos momentos y no podríamos saberlo, lo cual nos lleva a un estado de incertidumbre en cuanto a qué podemos hacer desde los diferentes niveles del Estado. De no atender a este grupo de más de 790 mil estudiantes, su futuro económico y desarrollo personal estará en peligro, así como también pone en tela de juicio el cumplimiento del Artículo 3° Constitucional, ya que el Estado no puede ignorar el hecho de que cientos de miles de estudiantes desaparezcan del sistema.

Por otro lado, ese 8.9% de estudiantes con baja comunicación también es grave puesto que habla de un detrimento de la calidad educativa. En esta situación también debemos de generar políticas públicas a mediano plazo que busquen compensar los problemas que conllevan a esta comunicación ineficiente, desde la SEP hasta los Municipios. No es una cifra cualquiera, insisto, estamos hablando ahora de más de 1.7 millones de estudiantes, los cuales al verse perjudicados en sus estudios podría tener efectos negativos tanto en su aprovechamiento posterior como en sus posibilidades de subir en su siguiente nivel educativo (entiéndase una transición de primaria a secundaria, o secundaria a educación media, etc).

La agenda pública debe centrarse en atender el problema educativo con urgencia. El experto en investigación educativa, Marco Fernández (del ITESM), señaló a través de una entrevista realizada en el programa El Financiero TV que las cifras que revelan desde la SEP, en cuanto a los sondeos realizados a docentes sobre la calidad del Aprende en Casa es poco representativa, ya que 290 mil docentes califican a este programa con un 8.5 (sin mencionar que según datos del INEGI para el 2019 hay más de un 1 millón de docentes de educación básica); por otra parte, la profesora investigadora Alma Maldonado (CINVESTAV) también señaló en dicho programa que estamos enfrentando una emergencia educativa a nivel nacional y que la SEP (así como también las autoridades educativas de las entidades federativas) continúan con una visión triunfalista, sin hacer un ejercicio de crítica a sus decisiones o buscan encaminarse a mejorar el sistema educativo. Estos dos últimos argumentos, considero, describen con precisión el problema mayúsculo que tenemos, la falta de datos precisos en materia educativa, la visión triunfalista de las autoridades sobre el tema educativo y lo más triste, la poca disposición a generar medidas de cambio ¿cómo podremos generar políticas públicas en materia educativa sin información sólida y con poca preocupación institucional?

Este lunes tomará el encargo de la SEP la maestra Delfina Gómez y con ello renovará a gran parte del personal de la secretaria. Esta es, quizás, la única oportunidad que tiene la maestra para poder encaminar a un mejor rumbo la educación pública. Establecer mecanismos de evaluación de las políticas como Aprende en Casa, implementar mesas de diálogo con las entidades para realizar planes de emergencia educativa y lo más importante, afrontar el hecho de que se está llevando una mala gestión educativa. La SEP continúa manejando con optimismo un barco a la deriva, de no encaminar de manera adecuada las decisiones de política educativa no sólo seguiremos sin rumbo, sino que eventualmente este barco se va a hundir y con ello el futuro de la educación pública.