Como ya es bien sabido, los últimos comicios electorales en el país dieron como claro y contundente vencedor a un solo partido político, el cual, de la mano de sus «aliados», tendrá rienda suelta para gobernar en los próximos años. Los mercados financieros han estado un poco escépticos ante tal resultado y se han mostrado muy nerviosos ante la implementación de ciertas reformas electorales. El tipo de cambio de nuestra divisa nacional frente al dólar es un claro ejemplo.

Ante esto, considero importante revisar un poco de la historia económica de nuestro país para conocer si la implementación de ciertas políticas y maniobras económicas, a través del tiempo, fueron o no benéficas para el desarrollo del país; ya que, como mencionaba Napoleón Bonaparte: «Aquel que no conoce su historia, está condenado a repetirla». Indaguemos.

El primero de diciembre de 1964 llegaba a la silla presidencial Gustavo Díaz Ordaz. Este sexenio representó la última etapa del llamado «milagro mexicano», caracterizado por un largo crecimiento económico y profunda estabilidad política.

Durante todo su mandato, Díaz Ordaz continuó con el modelo del Desarrollo Estabilizador, cuyas estrategias consistían en la filosofía de eliminar barreras económicas como la inflación, devaluaciones o el déficit en la balanza de pagos. Con esto, se buscaba persistencia macroeconómica y crecimiento sostenido.

Durante este ciclo, existió un hombre clave que orquestó los pilares para una de las épocas de mayor bonanza de nuestro país: Antonio Ortiz Mena. El que fuera secretario de Hacienda por doce años instauró un eficaz programa que pretendía incrementar el ingreso de campesinos y obreros, diversificar las actividades productivas del país, promover la industrialización, aumentar la productividad, estabilizar el tipo de cambio, generar nuevas fuentes de financiamiento para las empresas y garantizar la estabilidad interna.

Una parte central de la propuesta fue limitar la deuda al financiamiento de proyectos de inversión pública con claros rendimientos sociales. En sentido estricto, este siempre debe ser el objetivo principal de la contratación de algún empréstito; esto no necesariamente se da en la realidad. México logró constituirse como una potencia industrial.

Este gobierno ofreció a los empresarios reglas claras y la capacidad de construir consensos para aumentar la calidad en servicios educativos, de salud y de seguridad social.

Esto se vio reflejado como un remedio perfecto para abatir la pobreza mediante la incorporación de la población de menores recursos a la clase media. La sociedad mexicana, en términos generales, tenía la capacidad de adquirir mayor calidad de bienes o realizar inversiones que potencializaban su patrimonio y/o generaban externalidades positivas.

A la par de los grandes avances, también se consiguió mejorar sustancialmente la posición financiera de Petróleos Mexicanos a través de políticas de control presupuestal. Al mismo tiempo, se capitalizó a la empresa con impuestos que no había pagado al Estado en años anteriores. La idea era que Pemex pagara impuestos solo por sus utilidades reales. Se extraña una paraestatal así.

Fue así como en el sexenio de Díaz Ordaz, el crecimiento promedio fue del 6.8%, la producción industrial creció un 8%, y la inflación apenas fue del 2.5%. No se bromeaba cuando se manifestaba que nuestro país estaba listo para entrar al primer mundo.

A pesar de los números mostrados en su sexenio, las decisiones que comenzaron a generarse fueron algo que fue calentando el declive económico que le explotó al sucesor de Díaz Ordaz. Ya se venía gestionando la llamada sustitución de importaciones, la cual fue acompañada de un freno total a la Inversión Extranjera Directa (IED). De esta forma, se fomentó una mexicanización de la producción que originó la creación de un gran número de empresas paraestatales. Se tenía la creencia de que era mejor tomar préstamos del extranjero que aceptar la IED. Sectores como la minería, petroquímica, hierro, acero, vidrio fueron limitados a una mayoría de capital mexicano para poder contar con apoyos y subsidios por parte del gobierno. Las empresas extranjeras en el país fueron obligadas a incrementar el uso de intermediarios mexicanos.

OVERTIME

La metodología cara a cara en determinadas viviendas, ejecutada por tres encuestadoras, con un numero de entrevistas efectivas de no mayor a 1,500, fue suficiente, según el 72 por ciento de la muestra, para determinar que deben ser elegidos los ministros de la Suprema Corte vía votación del pueblo mexicano. Este “justo resultado” fue enunciado por la presidenta electa a comienzos de esta semana. ¿Realmente nos consideraran tan tontos? Todos aquellos que creíamos que existiría una separación entre la administración actual y el entrante, parece desvanecerse. Ojalá y no sea el comienzo de seis años de lo mismo.

 

 @GmrMunoz