Jesús Eduardo Martín Jáuregui

Recuerdo que en alguna reunión del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, se entrampó el debate sobre el color de las armazones para colocar las bicicletas y Felipe Martínez Rizo comentó que no siempre los asuntos se discutían de acuerdo a su importancia, porque en temas baladíes todo mundo puede externar una opinión y en temas complejos o que requieran preparación técnica, conocimientos avanzados o práctica sólida no cualquiera puede opinar. Esto que seguramente se sigue aplicando en reuniones de comités, consejos, directivas, etc., parece tener excepciones importantes en los asuntos de carácter público, en buena parte porque las redes sociales han dado la posibilidad de participación en aparentes debates públicos a cualquier individuo que tenga un teléfono móvil e instale las aplicaciones correspondientes.

Umberto Eco lo decía en una forma que no se puede repetir en México sin colocarse en el patíbulo listo para ser linchado por una horda de ofendidos que se sienten con la autoridad, no para debatir, para eso no les da su cacumen, sino para condenar sumariamente y ejecutar sin apelación posible a quien manifieste una opinión contraria. Charlando con José Emilio Pacheco, en el jardín de Triana, mientras se fumaba un cigarrillo a escondidas de su esposa Cristina, me dijo “Disentir en México significa casi el pelearse a muerte”.

Opinar respecto de la resolución de la Suprema Corte respecto de la despenalización del aborto es uno de esos temas en que las inquisiciones toman partido de ambos lados, por más de que la resolución precise sólo un punto meramente jurídico y en particular jurídico penal. Las doctrinas religiosas, los criterios morales, las convicciones personales quedan a salvo, solo que la Corte estimó que no es punible el aborto por ir en contra de su determinación. No significa todavía la última palabra en un sistema como el mexicano en que puede acudirse a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha sostenido que la protección de las leyes debe darse desde la concepción.

Lucio Pegoraro, maestro de la universidad de Bolonia, coordinador del Centro studi sull’America latina (Bolonia); miembro del Comité directivo de la Associazione di Diritto pubblico comparato ed europeo; miembro fundator de la Sección italiana del Instituto Iberamericano de Derecho Constitucional y miembro de la Sección francesa; miembro titular del Centro Latinoamericano de Derecho Constitucional, entre otros destacados nombramientos, en la cátedra inaugural de un Curso de Derecho Constitucional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el día de ayer, señalaba lo resbaloso que pueden ser algunos conceptos y criterios sostenidos por los tribunales, que siempre lo harán desde una posición sesgada. Planteaba como ejemplo el concepto de dignidad y su contenido. Decía para la cultura occidental las penas corporales como latigazos son contrarios a la dignidad humana, sin embargo el confinamiento y aislamiento en una cárcel no lo consideran así. Agregaba que para las dos terceras partes de la humanidad, básicamente la cultura oriental, probablemente fuera preferible el castigo de los latigazos o el señalamiento público que el encarcelamiento. Lo que occidente pretende que sea el catálogo acabado, definitivo e inamovible de principios jurídicos está sujeto a los vaivenes de modas, corrientes e incluso intereses de grupo o de factores de poder.

Hace quizás cuatro años cuando el tema del aborto se planteó en la Corte, no como Controversia Constitucional, los ministros no habían unificado su criterio, ayer el ministro Jorge Mario Pardo Rebollar se excusó, el entonces ministro Salvador Aguirre Anguiano formuló un voto particular con un alegato de casi 500 hojas en el que analizó aspectos históricos, culturales, jurídicos, religiosos, filosóficos, fisiológicos, etc., fundamentado su despenalización del aborto. Ayer en clase, comenté el tema por considerarlo de relevancia y pertinente en cuanto a interpretación del derecho, pregunté su opinión a mis alumnos y sólo dos compañeras externaron estar de acuerdo. Al preguntarles ¿Por qué? Sólo una manifestó que era un derecho de la mujer decidir sobre su cuerpo.

Pregunté enseguida si conocían argumentos en contra y otra compañera me dijo que en contra sólo conocía argumentos religiosos. Les sugerí a quien tuviera interés en el tema leer el voto particular del ministro Anguiano y comenté que uno de sus argumentos tenía que ver con el ejercicio de la libertad. Toda acción tiene consecuencias, toda decisión también, toda elección implica renuncia y puse el ejemplo de una persona que decide ir a la ciudad de México, compra el boleto, canjea el pase de abordar, aborda el avión y en pleno vuelo decide regresar y alega que se coarta su libertad al no permitirle bajar hasta el destino de su viaje.

La Corte ya había definido un criterio por mayoría, de manera que no era aventurado considerar que el criterio se ratificaría, sin embargo la Controversia Constitucional se interpuso por la entonces Procuraduría General de Justicia de la Nación denunciando el Código Penal del estado de Coahuila en 1917. Si la Corte ya había sostenido un criterio ¿por qué esperar cuatro años para subirlo al pleno? Desde luego se presta a suspicacias. Llama la atención que el mismo asunto con los mismos argumentos, aplicando la misma legislación y principios tenga ahora una resolución unánime. Desde luego dada la existencia de la norma oficial mexicana que obliga a los centros hospitalarios de la federación a practicar el aborto a petición de la mujer, aún menor y dado que hay varios estados en que se permite no parecía haber urgencia para resolverlo.

En un momento en que la decisión presidencial de regresar a clases presenciales “llueve, truene o relampaguee” parece imprudente. El número de contagios es el más alto desde el inicio de la pandemia. El programa de vacunación no ha cumplido sus metas. La contabilidad de las vacunas presenta serias inconsistencias. El desabasto de medicinas sigue siendo un grave problema que afecta no sólo a derechohabientes sino a los ciudadanos en general. El número de niños y de maestros contagiados y de internados con cuadros graves, como era previsible, se ha incrementado y el fracaso de políticas económicas, educativas, de salud y de seguridad es evidente, cambiar la estatua de Colón por una indígena y resolver un asunto con cuatro años de actividad no parece ser casual.

Piensa mal y acertarás.

 

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