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La empresa de telecomunicaciones América Móvil, propiedad de Carlos Slim, anunció su decisión de desincorporar una parte de sus activos, algunas horas antes de que la reforma a la legislación secundaria en el sector fuera aprobada de manera definitiva por la Cámara de Diputados. Ante tal situación, diversos legisladores contrarios al contenido de esta señalaron que la determinación de la empresa era una muestra clara de que la nueva Ley Federal en Telecomunicaciones y Radiodifusión no sería capaz de cumplir sus objetivos.

Los diputados que se oponen a la nueva regulación sustentan sus afirmaciones a partir de la suposición -que ellos mismos sostienen- de que la reforma fue diseñada con el objetivo de perjudicar a Slim y beneficiar a Televisa. El hecho de que la propia Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que cobrará vigencia en algunos días, contemple la posibilidad de la desincorporación de activos es un elemento fundamental para descartar los señalamientos mencionados.

La desincorporación constituye una de las medidas más fuertes que el Estado puede imponer a una empresa para disminuir su poder en el mercado y generar mejores condiciones de competencia. Al tomar esta decisión, América Móvil permitirá la entrada de una nueva empresa con capacidad para competir en el sector y reducirá su dominio a un control menor del 50 por ciento, con la finalidad de perder su estatus de preponderante y las obligaciones que esto implica.

Tanto las experiencias internacionales en la materia, como la lógica económica que subyace en el mecanismo de desincorporación de activos, muestran que los cambios serán positivos respecto a estado actual del sector. Respecto a la desconfianza que puede existir en torno a los términos de la compra de una parte de América Móvil y a los riesgos que puedan derivarse de ésta, resulta importante mencionar que será el Instituto Federal de Telecomunicaciones, con sólidas facultades y alta capacidad técnica, el responsable de establecer los procesos para que se lleve a cabo.

Estamos ante una nueva realidad en el sector de las telecomunicaciones, donde las empresas dominantes han perdido la posibilidad de someter al regulador; en dicho escenario, es factible esperar que los participantes del mercado se dediquen a competir con base en la eficiencia de su desempeño, la calidad de los servicios que prestan y los precios que mantienen. Queda pendiente observar si estas condiciones serán suficientes para que se traduzcan en beneficios considerables para los consumidores.