Jesús Eduardo Martín Jáuregui

Un compañero maestro de la UAA, a quien los estudiantes conocen afectuosamente como “Pancho” Ramírez, les suele advertir: “es malo no saber, pero es peor inventar”. La señora Piedra, espuria presidente de la Comisión de Derechos Humanos, sin mas mérito de ser hija de su mamá y haber sido hermana de su hermano, está al frente de una de las funciones mas delicadas de los gobiernos modernos: la promoción, defensa y aplicación de los Derechos Fundamentales. La señora Piedra, ignorante, inculta y mal intencionada, y jugando el juego “lo que hace la mano, hace la tras”, ha pretendido desprestigiar no sólo el trabajo de personajes notables en la defensa de los Derechos Humanos, sino la función misma, Su ignorancia, probablemente sus limitaciones (estoy tentado a repetir las palabras del merolico López Gatell en el Senado a la senadora que lo cuestionó, pero mejor no), no le han permitido comprender como opera todo el sistema nacional de protección no jurisdiccional de los derechos fundamentales. Tampoco lo entiende el Presidente, la disminución drástica al presupuesto de la Comisión Nacional de Atención a Víctimas y a la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor y a otros organismos protectores de los Derechos Fundamentales ponen en riesgo la defensa de los ciudadanos.
Pero como no saben, les sonó bonito, ya sabemos que al Presidente le gustan los títulos propagandísticos, populistas y la Sra. Piedra propone transformar la CNDH en una Procuraduría de Pobres. ¿Para que inventar?.
La Ley de Procuraduría de Pobres fue promovida por Ponciano Arriaga como diputado local en el estado de San Luis Potosí el 7 de febrero de 1847, para defender a las clases sociales más vulnerables ante los abusos, excesos, agravios, vejación y maltratos de los poderes. Siendo un antecedente de la Defensoría de Oficio elevada a rango constitucional en 1857 y de la Defensoría Social. Transcribo algunos de su dispositivos: *6o. Recibida la queja en uno ú otro caso, las autoridades respectivas procederán sin demora á averiguar el hecho, decretar la reparación de la injuria, y aplicar el castigo legal cuando sea justo, ó á decidir la inculpabilidad de la autoridad, funcionario ó agente público de quien se interpuso la queja. En caso de que el hecho merezca pena de gravedad, pondrán al culpable á disposición de su Juez competente para que lo juzgue, y los Procuradores de pobres agitarán el más breve término del juicio. * 7o. Los Procuradores de pobres tendrán á su disposición la Imprenta del Estado, con el objeto de poner en conocimiento del público, siempre que entendieran que no se les ha hecho justicia, la conducta y procedimientos de las autoridades ante quienes se quejaron. El gasto del papel en estos casos, y en los de que habla el art. 5, será con cargo á las rentas del Estado. * 13. Además de los deberes señalados en los artículos anteriores para todos los casos particulares, será de la obligación de los Procuradores informarse de las necesidades de la clase pobre, solicitar de las autoridades el debido remedio, promover la enseñanza, la educación y la mejoría…
Muy interesante, muy plausible, cumplió una función importante es su época, si nos despojamos del penacho, encontraríamos que de alguna manera la Procuraduría de Pobres lo que hizo fue retomar funciones de la Real Audiencia, desaparecida como consecuencia del movimiento de independencia, y aunque la legislación civil y penal básicamente fue la misma y durante un buen tiempo “La Pepa” (Constitución de Cádiz de 1812) siguió siendo el marco de referencia orgánica para las funciones del gobierno, la Audiencia desapareció y con ella la aplicación del “Amparo”, el procedimiento extraordinario de protección de los derechos, en que los oidores en nombre del rey, morigeraban la actuación de las autoridades de la Nueva España, de virrey para abajo, suspendían las acciones ilegales, castigaban a los que se apartaban de la ley y velaban por la aplicación de Las Leyes de Indias, que manque les pese a muchos, constituyeron un modelo inspirado por los trabajos de Francisco de Vitoria y de Francisco Suárez y la apasionada defensa de Motolinía.
Aunque algunos han querido ver en la Procuraduría de los Pobres un antecedente de las Comisiones de Derechos Humanos, analizada su función es claro que tiene que ver más con el Juicio de Amparo, que con las recomendaciones de la CNDH. La intervención para deshacer los desaciertos, procesar y castigar a los culpables y obtener la reparación de los daños es desde luego, mas una función jurisdiccional que en ese momento se hacía imperiosa por no existir la figura del amparo.
La necesidad de un mecanismo jurisdiccional extraordinario de protección de los derechos frente a la autoridad se había dejado sentir en todo el país. Ya Don Manuel Crescencio Rejón, el ilustre yucateco de Campeche, había promovido la inclusión en la “Sabia y liberal constitución yucateca” de 1841 de un juicio de amparo. Mas tarde Rejón sería funcionario del gobierno de Antonio López de Santa Anna, como ministro de Relaciones Exteriores y luego enviado extraordinario y ministro plenipotenciario ante las repúblicas del sur (sic). Otro funcionario de Santa Anna, Mariano Otero, extraordinario jurista de vida muy breve, influido por Rejón, como diputado durante una de las múltiples gestiones de Santa Anna, propuso y logró que se incorpora en el Acta de Reformas de 1847, la figura del Juicio de Amparo.
Los organismos de protección y defensa de los Derechos Humanos no los inventamos en México, y dadas las características de nuestro sistema jurídico, tienen un régimen y una forma de actuación que deben armonizarse con la estructura ya operante. No tienen funciones vinculatorias, es decir sus recomendaciones no son obligatorias, porque de serlo estaría invadiendo las funciones del Poder Judicial. Eso le permite también no situarse en un terreno de competencia con las funciones jurisdiccionales ni con las de Procuración de Justicia. Tienen una amplia libertad de investigación y acceso a la información oficial para integrar los expedientes iniciados con motivo de las quejas y la autonomía para señalar las violaciones, y en su caso denunciar ante las autoridades superiores o jurisdiccionales e incluso ante el Congreso, la reticencia de las autoridades que no acaten las recomendaciones. Nada mas pero nada menos.
El retroceso que anuncia la 4T será de 160 años en materia de Derechos Fundamentales.
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