El Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado de Aguascalientes, con un equipo de 34 defensores públicos, enfrenta una intensa carga de trabajo y crecientes necesidades de asistencia legal en la comunidad. Cada defensor gestiona entre 280 y 300 casos penales, una cifra que refleja la constante presión bajo la cual trabajan.
En una entrevista concedida a El Heraldo, Elizabeth Muñoz Padilla, directora del instituto, reveló que las incidencias más comunes en el ámbito penal incluyen delitos como lesiones, robos y casos de violencia. El IADPEA ofrece servicios a individuos de diversos estratos socioeconómicos.
Entre octubre de 2022 y octubre de 2023, el Instituto reportó 1,660 asesorías legales, 6 mil 100 entrevistas y declaraciones ante el ministerio público, 3 mil 900 procesos penales y ejecución de sentencias, así como 15 mil 500 audiencias judiciales y diligencias ministeriales.
La titular del Instituto señaló que muchos casos son inicialmente gestionados por abogados particulares, pero terminan siendo transferidos a defensores públicos debido a la insuficiencia de recursos económicos de los implicados. Este patrón subraya la urgente necesidad de recursos adicionales y de reformas legislativas para fortalecer la capacidad del Instituto de satisfacer su mandato de proporcionar asesoramiento y defensa legal efectivos.

A PESAR DE TODO. A pesar de la carga laboral, descrita por Muñoz como «exorbitante», aseguró que el IADPEA se mantiene firme en su misión “de asegurar la defensa y el respeto de los derechos legales de los ciudadanos en Aguascalientes”.