La consulta para decidir si se lleva a juicio político a los ex presidentes de México “no es más que una tomadura de pelo y no valoración del Estado de Derecho en términos generales”, expresó el profesor e investigador del Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Claudio Antonio Granados Macías, quien opinó que suena más a una estrategia de índole electoral.

Consideró que si el presidente López Obrador tiene la decisión de enjuiciar a los ex mandatarios, no necesita tanto aspaviento, pues es un proceso que totalmente está en manos del Congreso de la Unión, donde tiene mayoría con los legisladores de MORENA y sus aliados, en tanto que de ser procedente, a la Corte de Justicia sólo le correspondería aplicar la sanción.

“En la actualidad contamos con herramientas jurídicas y políticas para llevar a cabo un proceso en contra de cualquier funcionario o ex funcionario público que haya vulnerado la orden constitucional y legal”, y para el caso de los ex presidentes, “ya están dentro del espectro del juicio político que es el mecanismo idóneo para responsabilizar la actuación de los ejecutivos de los últimos 32 años”.

Sobre el asunto, el académico refirió que los artículos 108 y 113 de la Carta Magna contienen un capítulo de las responsabilidades de los servidores públicos, “en el caso de los presidentes se señala que durante el tiempo del encargo, sólo puede ser acusado por traición a la Patria y delitos graves del orden común, obviamente siguiendo las reglas de prescripción de estos delitos en los que pudo haber incurrido”.

Comentó que el único delito que no prescribe es el genocidio, cuestión que no se da, al menos en los señalamientos de presunción que se hacen a los ex mandatarios, “si recordamos en el 2002 se quiso sujetar ante la Suprema Corte al ex presidente Luis Echeverría, por la responsabilidades que pudieran derivar de lo acontecido en 1968 y en 1971 con el halconazo, y no se encontró responsabilidad porque no se consideró genocidio”.

Así pues, subrayó que la convocatoria que pretende el presidente López Obrador no es más que un absurdo, pues no existe la posibilidad de someterlos al juicio político, “probablemente el único que pueda caber en la categoría sea Enrique Peña Nieto, pero aun así el procedimiento le correspondería al Congreso de la Unión” y sin necesidad de hacer consulta, sino aprovechar su mayoría, “por sí solos, tienen la capacidad de iniciar el procedimiento en la Cámara de Diputados”.