Saúl Alejandro Flores

Estimados lectores, como lo anticipé la semana pasada dadas las circunstancias por la que atraviesa el país, respecto a la iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales que presenta extravío en lo que pretende y cómo lo pretende, aunado al tema que vive Aguascalientes respecto a la negativa a renovar el título de concesión a favor de la empresa que ha sido concesionaria en los últimos 25 años, son temas que no pueden pasar desapercibidos, son extensos por ello los abordaré en entregas y de manera breve por cuestión de espacio. Comenzaré entonces un punto respecto al caso Aguascalientes.

Como recordarán, la semana pasada, gentiles lectores, mencioné que el título de concesión es una figura unilateral desde la perspectiva jurídica, por lo que es facultad del municipio decir sí o no, el fondo sería que la decisión sea la correcta y cuente con un amplio y sólido soporte, dado que el servicio de agua no sólo es un asunto legal, es un asunto que reviste aristas técnicas, financieras, comerciales, sustentables, preservación, energéticas, económicas y sociales. Así que desde todas esas perspectivas debe ser analizada y tomarse la decisión al decir no o al asignar a la misma u otra empresa, incluso al propio municipio quien no quedaría exento de que se le apliquen esos parámetros.

Vamos a un tema recurrente, que nada más de escuchar esa palabra provoca que se alce la voz sin conocer a fondo, me refiero a la palabra “económico”, dado que el agua es un bien económico; un sector mayoritario asimila que eso es privatización, aspecto que hablaré más adelante para decir porqué no es privatización y qué es una privatización. Al agua se le aplica el criterio de económico, por la simple razón de que es un bien escaso, únicamente por eso, la perspectiva económica debe propiciar las medidas de racionamiento y prelación prefiriendo el uso y consumo humano, espero darme a entender; ustedes, amables lectores, cuando tienen un bien escaso racionan el consumo y su administración para un mejor rendimiento, evitar su desperdicio y obtener un mejor aprovechamiento. Nada más, ni siquiera es objeto de comercio, lamentablemente se cuelgan muchas teorías o posturas llamémosle “conspiratorias” que sólo generan confusión. Este párrafo va enfocado a los temas que abordaré en lo nacional y local. La próxima semana volveré con más detalles para el servicio de agua potable en Aguascalientes.

Ahora vamos al tema de la iniciativa de reforma de Ley de Aguas Nacionales, cuya visión y fondo adolece de la solidez jurídica y exhibe un desconocimiento pleno del sector agua, podrá tener intenciones de solucionar problemas o bien cumplir con una agenda política e ideológica, pero está fuera de foco y los riesgos por contar con un diagnóstico equivocado, sólo incrementarán la brecha hídrica la cual requiere décadas para ser abatida en nuestro país y las inversiones sufrirán una proyección imparable, pero además también aislarán a los actores sociales que son indispensables para ejercer una buena gobernanza.

Debo recordarles que en las entregas que hice en esta columna en el mes de julio, pueden consultar los argumentos que aplique respecto a los decretos de reserva del 06 de junio que no son privatizadores, es importante remitirse a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos artículos 4, 27 párrafo V, 28 y 115 fracción III, y 133.

Hago la advertencia que el aspecto jurídico es importante, sin embargo, no es el único componente en la transversalidad propia del sector hídrico y su gestión. Partamos del análisis normativo y ustedes lo pueden consultar recurriendo a la propia constitución y verifiquen que no es una postura mía que obedezca a apreciación subjetiva, es lo que dice nuestra ley suprema y en este tenor el Artículo 133 que a la letra nos dice: Está constitución y las leyes que de ella emanen, así como los tratados internacionales suscritos por el presidente de la República y ratificados por el Senado serán la ley suprema de la nación”. Advierto que omití algunas palabras, pero lo que nos interesa, aquí está. Podrá haber muchas leyes, pero lo que diga la Constitución y los tratados es ley suprema y sobre ellos nada, ni siquiera la Ley de Aguas Nacionales.

En segundo lugar, si nos remitimos al propio 27 párrafo V, ahí enumera las aguas nacionales, en conclusión son aguas de la nación, no privadas y en estos temas no aplica interpretación, no caben; la constitución es clara, ahora bien la participación privada es bajo la figura de concesión, de la cual he mencionado también en este espacio, sobre la concesión no se transmite la propiedad, no se puede porque es de la Nación, puede operarse y esta es temporal, 20, 30 o los años que se determine, y luego puede volver a la federación, estado o municipio, según se trate, ¿entonces?, en el caso de la participación privada, no se asume la propiedad, existe una asociación con el estado.

Posteriormente nos vamos al artículo 4 párrafo sexto, el derecho humano al agua, con todo lo que describe, así que las acciones del estado deben garantizar que este sea una realidad, aunque aquí está el vacío por no contarse con la Ley de Aguas Nacionales o Ley General de Aguas, que lo desarrolle y consolide. Finalmente, tenemos el artículo 28, en donde no podemos perder de vista que el agua es un monopolio del Estado. ¿Entonces? Amable lector, desde la perspectiva jurídica, que es fundamental, puede usted constatar que no es posible la privatización del agua, no hay manera. Lo que sí ha urgido durante estos años es una ley del sector agua que defina los usos y competencias, que resuelva sobre las lagunas legales, no podemos darnos el lujo de que se legisle de manera errónea, los costos serían fatales, se necesita una ley pero que participen los personas que conocen el sector desde todas sus aristas. El espacio se agotó, pero la siguiente semana continuaré con el “cómo” de los artículos 4, 27 y 115 en específico, reiterando que sobre la constitución no hay nada más, ni puede, si se violenta hay recursos que la propia ley establece. Parte de la problemática no es la legislación (aunque sí hay aspectos que deben reformarse) sino la ausencia de fortaleza de las instituciones que participan en el agua a nivel federal, estatal y municipal. En conclusión, la iniciativa de reforma no es recomendable y adolece del soporte jurídico. Eso lo veremos la próxima semana, recordándoles que debemos emprender acciones que permitan que en México y Aguascalientes el agua nos alcance.

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