Jesús Eduardo Martín Jáuregui

(¿En qué se distinguen las pasarelas de los informes políticos? En que en las pasarelas el público va por su gusto).

Los niveles de servilismo a los que ha llegado la Cohorte de Justicia de la Nación en los primeros años del sexenio del presidente López Obrador, harían enrojecer a conformaciones anteriores que se habían caracterizado por el cinismo, la desvergüenza y el sometimiento al Poder Ejecutivo. El uso faccioso de la judicatura federal, más específicamente de la Presidencia de la Corte tiene un largo historial, casi desde su creación. No siempre estuvo integrada por juristas pero sí por políticos y en algún tiempo jugó un papel preponderante en la vida pública y en las jugadas y jugarretas políticas. Recordemos que durante un buen tiempo el presidente de la corte, ocupaba de manera provisional la vacante de la presidencia de la República. Fue así como Benito Juárez llegó a presidir la República y fue así como, hasta que la muerte los separó, se aferró a la primera magistratura contra viento, marea, constitución y leyes. La muerte, no siempre tan oportuna, lo salvó de haber pasado a la historia como un dictador y hasta le dio un halo de heroicidad alimentado y aprovechado por algunas facciones.

En tiempos recientes la corte (intencionalmente la escribo con chiquísculas) ha construido obras monumentales de desvergüenza. Con el decreto de estatización de la Banca, la corte en pleno acudió a felicitar al presidente López Portillo (el único López que se salva es López Mateos) no obstante que tendría que resolver los amparos que seguro se plantearían. Ninguno de los ministros tuvo la dignidad de reservarse y no acudir. Atroz comportamiento tuvieron los ministros cuando el golpe de estado de Ernesto Zedillo (desde entonces lo escribí así: recuerdo para los desmemoriados) en que por decreto desapareció la Suprema Corte de Justicia y luego de una semana se creó una corte diferente, sólo dos salas, desconociéndose a todos los ministros anteriores, excepto uno, el más rastrero: Mariano Azuela. Y sólo uno, de los más oscuritos, mi maestro Atanasio González tuvo el valor de señalar la

arbitrariedad en una entrevista para el diario Excélsior.

Con la alternancia vino un periodo de estabilidad y de restauración de la dignidad del máximo órgano judicial del país, dejándolo a salvo de las contiendas electorales, siempre tan desgastantes y centrándose en los temas constitucionales, recuperó algún prestigio entre los abogados, aunque ciertamente entre la población general no goza de la buena fama que debería tener un tribunal constitucional.

(El sueldo asegurado.- En 1966 Robert Theobald publicó el libro “El ingreso asegurado”, al que hice referencia en mi tesis profesional de 1971. Recién ahora lo están descubriendo en el Congreso Federal, cuando, por cierto, en los países nórdicos le están dando marcha atrás).

La debacle viene con la llegada al poder de López Obrador, seis meses antes del término de su mandato, Enrique Peña Nieto ya había dejado a un lado el papel protagónico de presidente, no es inexplicable la creencia generalizada de que Peña haya pactado un cambio terso con AMLO, pacto en el que se incluía la denuncia contra Ricardo Anaya, la investigación por lavado de dinero y la exhibición al aire de algunas “prendas” que mermaron la intención de voto opositor, que encontró en AMLO la única alternativa viable de oposición. De entonces para acá el presidente empezó a mostrar su verdadera personalidad: autócrata, déspota, autoritario, sordo y tozudo. La mostró en la conformación de su gabinete llevando políticos impresentables con un largo y negro historial de corrupción, sin más méritos que el sometimiento al nuevo “tlatoani”, lo puso en evidencia con el “rescate y oxigenación y restauración” de las cenizas de “grillos” del antepasado como la “maestra”, “napito”, los líderes petroleros, los de la CNTE, etc., etc. Lo confirmó con el manejo de las crisis desechando a funcionarios sensatos y apoyándose en lacayos lenguaraces sólo relevantes por su aceptación incondicional de las ocurrencias presidenciales. La desaparición de los fideicomisos, la de los fondos de reserva, la extinción o debilitamiento de los órganos constitucionales autónomos, algunos de manera tan burda apoyando a incondicionales de cuarta (de la cuarta T) como en el caso  de la CNDH (derechos humanos) o la CEAV (atención a víctimas) y para colmo, la amenaza para suprimir un ministro de la Corte y el nombramiento de tres, de los cuales sólo uno reúne los mínimos de preparación, experiencia, currículum e independencia que deben caracterizar a un juzgador.

El presidente de la Corte, impuesto desde la Presidencia de la República, se ha caracterizado por una avidez de reflectores que no suele ser compatible con el trabajo de un juzgador que, siempre fructifica más en la discreción, al margen de las apariciones públicas y de los compromisos que suelen establecerse o presumirse, en ambos casos inconvenientes, con grupos y factores reales de poder. La presión del presidente ha sido no sólo incómoda, sino delincuencial. López Obrador difamó impunemente al ministro José Ramón Cossío, ahora en retiro, amenazó a los demás ministros y les señaló como corruptos e incapaces producto de los regímenes neoliberales, presionó para extender ilegalmente el período del ministro Lelo y finalmente cedió ante la rebelión del Tribunal Electoral con el riesgo de encontrar eco en la Corte.

Ahora, en menos de una semana, la Cohorte resolvió por sospechosa unanimidad y previsibles mayorías tres puntos relativos al aborto. El primero la despenalización del aborto, que, en mi opinión, es una respuesta a grupos con los que la presidencia busca congraciarse, medida que me parece consecuente pero con la que no comparto las justificaciones de SCJN. El segundo que constituye una violación flagrante al pacto federal y una intromisión en la soberanía de los estados al declarar inconstitucional que las entidades federativas regulen tutelas o protecciones desde la concepción. Los ministros no entendieron que una cosa es prohibir la penalización y otra impedir medidas de protección. El tercero lo considero el más grave, la Cohorte se está entrometiendo en un área exclusiva, propia y autónoma del ciudadano: su conciencia. Si la Constitución tutela la libertad de pensamiento, la libertad de creencias, resulta anticonstitucional acotar el derecho de cualquier ciudadano a ser objetor de conciencia, particularmente los médicos. Estos asuntos seguramente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

(Cave canem.- No sé por qué siempre que veo un pejelagarto me acuerdo de aquel refrán: el peje por su boca muere).

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