Fernando López Gutiérrez

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El 13 de noviembre pasado, el Senado de la República eligió al Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para el periodo 2014–2019. Después de un amplio y complejo periodo de discusión y negociación, Luis Raúl González Pérez fue designado como el responsable para ocupar dicho cargo.

Al inicio del proceso, cobró fuerza la idea de que los dos partidos políticos con mayor representación en la Cámara de Senadores buscaban respaldar la reelección del anterior Presidente de la CNHD, Raúl Plascencia Villanueva. Sin embargo, la activa participación de las organizaciones de la sociedad civil en rechazo a dicha posibilidad, así como el señalamiento constante respecto a los limitados avances que nuestro país presentó en materia de derechos humanos durante el periodo 2009–2014, fueron reduciendo gradualmente la factibilidad de dicha alternativa.

En un escenario que ha hecho evidente la necesidad de contar con una CNDH más activa, crítica y antagónica, ante los actos u omisiones de las autoridades gubernamentales, las diversas fuerzas políticas se inclinaron por nombrar en la presidencia de dicho órgano a una persona ampliamente reconocida por las organizaciones vinculadas con el tema y con una evidente capacidad para la comprensión de los asuntos políticos.

Los diversos grupos políticos, las organizaciones no gubernamentales y los especialistas en la materia han coincidido en torno a los retos inmediatos que enfrenta la CNDH: intervenir de manera sólida e intensiva en la revisión y seguimiento de los casos de Ayotzinapa y Tlatlaya. Dichas acciones resultan fundamentales, pero en el fondo lo que tendrá que evaluarse son los alcances de la actuación de la CNDH en temas tan complejos, dentro del marco de sus atribuciones y facultades.

Es indudable que la CNDH requiere trabajar para tener una mayor presencia en la vida nacional y recuperar la confianza de los mexicanos; sin embargo, es indispensable cuestionarnos si conforme al esquema legal vigente dichos objetivos pueden ser alcanzados. Sin dejar de lado la atención a los casos y acontecimientos específicos en materia de derechos humanos, una tarea obligada del nuevo presidente será evaluar las limitaciones que la dependencia a su cargo mantiene. Solamente con un diagnóstico claro de sus restricciones será posible fundamentar un trabajo realista y responsable para la CNDH en los siguientes cinco años.