Desde que tiene uso de razón el mexicano escucha que con el gobierno no hay que meterse, por lo que debe dejar que la situación siga su curso y esto lleva a que con toda libertad cada año aumenten los impuestos y los derechos y si necesita recursos inventa una contribución “especial”, que luego se queda como parte del ingreso del erario tal como sucedió con el derecho vehicular, que es independiente al costo de las placas.

Esto genera que gran parte de las ganancias y salarios se vaya en pagar toda clase de gravámenes, que se presenta comúnmente con el tristemente célebre Impuesto al Valor Agregado (IVA), que se aplica a todo lo que compran los habitantes, desde alimentos y medicamentos hasta golosinas y ya ni hablar de refrescos, yogures, servicio de agua potable y electricidad, gasolinas, en fin, nada se escapa de llevar esa carga.

Por ello causa irritación saber que el costo de las viviendas de interés social elevan su costo hasta en 42% debido a los impuestos que se debe pagar en la cadena de la construcción y venta, de ahí que cuesten casi el doble del precio que en teoría debería de tener.

El presidente de la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda (Canadevi), Antonio Rodríguez Mireles, relató todo lo que tienen que pagar para llevar a cabo la edificación de casas y lo cual termina pagando el comprador. Destacó que el costo por los derechos de conexión para el servicio de agua potable es uno de los principales rubros que perjudica el costo final, por lo que bien harían las y los presidentes municipales en hacer o promover una reducción, demostrando en los hechos que están con los sectores obrero y popular, que son los principales adquirientes.

El valor de una casa de interés social se incrementa en un 42% debido a los impuestos obligados que debe cubrir el constructor, como la requisición de inmuebles, predial, permiso del Seguro Social, Infonavit, SAR, además de lo que se carga a los materiales y flete.

La cuestión radica en que en este capítulo se trabaja “a medio gas, más lento”, manifestó el empresario, ya que construir hogares de interés social es donde menos se recupera, además que hay otro problema más agudo y es que se compra menos, por lo que la inversión tarda en recuperarse y cuando finalmente se logra es con muy poco margen de ganancia debido al tiempo que tardó en colocarse.

Rodríguez Mireles fue directo en su apreciación: “En este tipo de casas antes se ganaba poco pero se vendía mucho, ahora se gana poco y además no se vende”.

Lo anterior ha llevado a que prefieran edificar vivienda media y residencial, que se vende más, consecuentemente las familias que aspiran a adquirir una de interés social tienen menos posibilidades por el costo que registran, lo que motiva que la Canadevi pugne ante las autoridades federales y estatales para que otorguen un subsidio que permita esta compra: “Estamos buscando un subsidio para los trabajadores que son afiliados al Infonavit, pero también para los no afiliados, y se ha dicho que hay probabilidades de que esto sea posible, pues hay gente a la que no le alcanza el crédito que tienen por ahora”, además se busca que los municipios ”impacten menos al desarrollador, pues de ser así el beneficiado será el que compre la vivienda, y es que los derechos de agua nos impactan mucho, es el problema que tenemos”.

Queda el planteamiento público de los constructores, ahora falta que los tres niveles de gobierno respondan y así pueda cerrarse el círculo para que las familias que aspiran a tener un techo propio puedan acogerse a un programa de apoyo que le permita elevar sus condiciones de vida.

TODOS PAGAN

Si no fuera un asunto serio provocaría una risotada la respuesta que dio el director del transporte público estatal, Alberto López, a los operadores que hacen servicio de taxis mediante plataformas digitales, al señalar que el cobro que deben pagar para poder trabajar no tiene fines recaudatorios sino para dar certeza a la actividad que realizan.

Si tal fuera el caso, de que no tiene “fines recaudatorios”, entonces porqué no hacer el trámite sin costo, pero la verdad es muy distinta, ya que cada uno de los 4,100 operadores debe pagar 250 pesos por el holograma y la ficha de identificación, que en conjunto representa un millón 25 mil pesos, una cantidad nada despreciable para el erario.

Tan simple decir que la ley así lo establece y que el Congreso del Estado fue el que aprobó la citada legislación, por lo que si hay que hacer un reclamo que sea a los diputados y no a la autoridad ejecutora, que por su parte no puede salirse de esa disposición. Lo que sí podría hacer es promover una enmienda ante el parlamento y entonces sí, dejar sin efecto el cobro, pero mientras esté vigente hay que aplicarlo.

Las protestas que tuvieron lugar a finales del mes pasado, al manifestarse un grupo de choferes en la zona centro de la ciudad capital en demanda que se cancelara el cobro, no tuvieron el eco que esperaban, ya que para López Regalado sólo acudió “menos del 1%” de los presuntos afectados, por lo tanto no hay porqué inquietarse, no obstante, “las puertas están abiertas para escucharlos y aclarar dudas al respecto”, apuntó.

Más allá que sea o no una recaudación, la realidad es que no puede haber diferencia entre los taxis tradicionales y los de plataforma, ya que a los primeros se les exige una serie de requisitos para laborar, por lo que los otros no pueden estar bajo un régimen de privilegios.

Dirigentes del servicio habitual, que desde un principio se opusieron a los digitales debido a que no son concesionarios sino que invadieron la entidad, no les quedó de otra que aceptar la competencia luego que desde el gobierno del estado se impulsó su legalización a través de la ley de movilidad, por lo que ahora exigen piso parejo, que hagan los mismos pagos que hacen ellos y se sujeten a las normas que rige esta actividad.

De lo que no quitan el dedo del renglón es que dejen de hacer labores de ruleteo, toda vez que la misma ley establece que sólo pueden dar servicio mediante dispositivos, por lo que reiteran que los policías viales deben actuar de inmediato cuando sorprendan a alguien que ofrece traslados en vía pública, además del peligro que entraña para los ciudadanos porque son vehículos que no portan ninguna identificación pública como si sucede con los tradicionales, que por su color y número de sitio al que pertenecen son fácilmente identificables por los usuarios.

En estos tiempos se requiere ofrecer la máxima seguridad a los usufructuarios, por lo que no se debe permitir que hagan sitio o anden rondando por las calles sino concretarse a la función que les fue reconocida, lo que evitarán que sean detenidos por los agentes de tránsito.

NO ENTRAR EN SICOSIS

La dirigencia sindical de los trabajadores del Seguro Social recomienda a todos los habitantes ceñirse a las normas establecidas por las autoridades de salud, tanto en las actuales condiciones por el coronavirus como de la influenza y otras enfermedades de fácil contagio. El secretario general de la Sección XXI del SNTSS, Arturo Rodríguez, estableció que como medidas preventivas se recomienda lavarse las manos continuamente y en lo posible evitar el saludo de mano. De igual manera, se han tomado las medidas necesarias para protección del personal del IMSS y de los pacientes, por lo que existe el protocolo adecuado para atender cualquier emergencia. El propósito es que cada quien en su ámbito atienda las indicaciones, lo que evitará la propagación de alguna de las enfermedades, lo que no se puede circunscribir sólo al coronavirus sino que aquí mismo está la influenza que ha cobrado varias vidas, por lo que ante todo hay que acudir a recibir la vacuna y seguir las instrucciones que por todos los medios se hacen a los habitantes para evitar convertirse en una estadística más. Hay que hacerle caso a las recomendaciones actuando en propia defensa, es la sugerencia.