Por: Octavio Díaz G. L.

@octaviodiazg

En las noticias sobre la residencia que ha sido bautizada por los medios de comunicación como la “Casa Blanca”, y que iba a pasar a ser propiedad de la Primera Dama Angélica Rivera (ya declaró que no) se ha puesto el acento en cuestionar si este es un posible caso de corrupción que podría involucrar al Presidente, su familia y a funcionarios de la SCT o bien si hubo omisiones de carácter administrativo que deben ser subsanadas y sujetas a investigación por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Pero en las notas que circulan en la prensa nacional y extranjera, no se ha comentado acerca de la posible responsabilidad que pudiera tener la empresa Ingeniería Inmobiliaria del Centro y su propietario. Esta empresa construyó dicha casa y financió el total del valor de la propiedad ($54 millones de pesos) a la Primera Dama quien la pagaría en 8 años con intereses. Dicha empresa pertenece al Grupo HIGA, al igual que una de las empresas –Constructora Teya– que ganaron la licitación del tren rápido a Querétaro, aunque posteriormente dicha licitación fue cancelada por el Secretario de Comunicaciones y Transportes. En los medios de comunicación y redes sociales se ha supuesto que existe relación entre ambos asuntos lo que, de ser cierto, podría implicar un posible conflicto de interés o algo más grave. Grupo HIGA es propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú y donde también participaba su hijo, fallecido en un accidente aéreo, Juan Armando Hinojosa García, ambos, amigos del presidente Peña. Este Grupo recibió contratos por más de 8 mil millones de pesos durante la administración del gobernador Peña Nieto en el Estado de México, de acuerdo a diversas notas periodísticas. Además según nuevas notas también en este sexenio Grupo Higa es contratista del gobierno federal; entre otras obras, reconstruyó el hangar presidencial y el contrato se le adjudicó no por licitación, sino directamente.

En cuanto a la “Casa Blanca”, de acuerdo con el comunicado dado a conocer por la Primera Dama este 18 de noviembre por la noche, ella venderá los derechos del contrato que tiene con la empresa Ingeniería Inmobiliaria del Centro. Con sus declaraciones a través de un vídeo, la Primera Dama ha procedido a transparentar una operación comercial entre particulares pero en el que el constructor de la casa de las Lomas es y ha sido un contratista relevante del gobierno del Estado de México y del gobierno federal durante las administraciones del entonces gobernador y ahora presidente Peña. Creo que es importante también que el empresario Hinojosa Cantú aclare cuál ha sido su papel en estos acontecimientos.

Para que haya un acto de corrupción se requieren dos partes: el servidor público que acepta un soborno y, tratándose de contrataciones públicas, el empresario que lo ofrece. De haberse realizado algo inapropiado, el empresario tendría que enfrentar su responsabilidad también. Además, hay que recordar que no era sólo Constructora Teya quien ganó la licitación. En el consorcio ganador estaban también China Railway Construction Corporation, Prodemex de Olegario Vázquez Adir y GIA de Hipólito Gerard, cuñado del ex presidente Salinas de Gortari, por lo que, de ser necesario, también estas empresas tendrían que deslindarse del asunto.

Lo importante ahora es determinar si Grupo HIGA y sus socios ganaron la licitación del tren México a Querétaro que realizó la SCT a cambio de la “Casa Blanca”; o bien si la construcción de la casa tuvo alguna relación con los contratos que ganó en el Estado de México o en el gobierno federal; o si la construcción de la casa se trata de una relación de tipo comercial entre dos particulares a quienes une un lazo de amistad; o, finalmente, una combinación de estas tres posibilidades.

Si la PGR y la SFP llegan a investigar el caso y se considera que hay elementos suficientes, el empresario Hinojosa Cantú podría estar sujeto a procesos penales y administrativos. La Ley es clara al respecto. El Código Penal Federal en su artículo 222 respecto al Cohecho, dice que cometen el delito de cohecho “II. El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a… (Servidor público o interpósita persona)… para que cualquier servidor público haga u omita un acto… relacionado con sus funciones.” Delito que es penado con prisión y decomiso de los bienes entregados como cohecho. Por otra parte, está la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas que en su artículo 8 dice que las personas físicas, morales o sus representantes que ofrezcan dinero o dádivas a servidores públicos que intervengan o tengan injerencia en una contratación pública para obtener una ventaja o beneficio indebidos en las contrataciones públicas federales serán sujetos a procedimientos administrativos y en su caso a sanciones que van desde inhabilitaciones hasta multas con montos muy elevados.

Antes, deberán realizarse las investigaciones respectivas. Con los indicios que se han dado a conocer, la PGR seguramente podrá abrir una investigación del Grupo HIGA y sus socios y la SFP deberá determinar si hubo violaciones a la Ley Anticorrupción. Esto con independencia de las posibles responsabilidades de los servidores públicos que participaron en la licitación del tren, todos ellos de la SCT. Lo importante es no perder de vista la responsabilidad de los empresarios involucrados en ambos asuntos, de comprobarse acciones indebidas.

 

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