Esta semana la agenda se marcó por la inseguridad en el país, por un lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que enviará un decreto para que la Guardia Nacional -que dijo al inicio de su administración sería civil-, hoy pretende que dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional; por otro lado, se desató una ola de violencia premeditada y orquestada para genera terror entre la población.

La realidad es que, aunque el presidente niega una crisis de seguridad y siga culpando a los gobiernos anteriores, esta administración ha hecho poco por combatir al crimen organizado y ese poco lo ha hecho mal.

Hay que recordar que López Obrador durante sus tres campañas presidenciales fue un duro crítico de las estrategias de seguridad y principalmente del uso del Ejército para combatir al crimen organizado, una estrategia que marcó tanto con Felipe Calderón, como con Peña Nieto. Recordemos que prácticamente el discurso en su última campaña fue la de regresar al Ejército a los cuarteles y buscaba una solución de cambio de conciencias en los criminales, con su célebre frase “abrazos, no balazos”, fue hasta el 2019 que, ya sintiendo el desgaste en su gobierno por la permanente crisis de seguridad, extinguió a la Policía Federal y creó a la Guardia Nacional pretendiendo que asumieran las labores de seguridad pública.

Hoy ante una grave crisis de seguridad, que se ve por casi todos los estados del país, esta semana el presidente anunció que emitirá un decreto para que la Guardia Nacional quede adscrita de manera total a la Secretaría de la Defensa Nacional, algo que operaba en los hechos, pero con ello pretende que quede formalizado, para así relanzar su estrategia de seguridad.

Lo anterior en medio de sucesos que conmocionaron los estados de Guanajuato, Jalisco y Chihuahua, donde grupos de delincuentes organizados de los carteles del narcotráfico, el 10 de agosto, cerraron calles, quemaron vehículos y atacaron establecimientos y personas de la sociedad civil. En Jalisco, delincuentes armados robaron e incendiaron vehículos en la carretera a Saltillo, asesinando a una persona luego de que le robaron su vehículo; los enfrentamientos se extendieron a Ixtlahuacán del Río y Cuquío de la misma entidad. Por otro lado, en Guanajuato, el terror se trasladó a por lo menos 35 municipios de Guanajuato, como Celaya e Irapuato, donde hombres armados realizaron bloqueos y quemaron vehículos, además de prender fuego a por lo menos 20 tiendas Oxxo. Un día después en Ciudad Juárez, Chihuahua, dos tiendas Oxxo fueron incendiadas por civiles armados; en uno de estos locales, dos mujeres perdieron la vida. Mientras que un Circle K y una sucursal de Del Río fueron baleadas por integrantes de la delincuencia organizada: cuatro personas resultaron heridas, incluyendo un menor de edad. Finalmente, el terror se expandió a una radiodifusora, donde fueron acribillados cuatro trabajadores de Mega Radio.

El ataque premeditado a establecimientos y a civiles, de la forma en que se dio, sin duda tiene el objetivo de crear terror, y esto podría considerarse terrorismo, un nivel en el que no estábamos en cuestión de violencia por parte de los grupos del crimen. Así fue la forma de operar de la narco guerrilla en Centro y Sudamérica, principalmente en Colombia. Hoy México se están generando y, cuando ya se está inserto en esa vorágine de violencia contra el ciudadano, perderemos lo más valioso que una sociedad puede tener: su tranquilidad y paz.

Por ello, es importante que los políticos les llamen a las cosas como son, ante situaciones de terrorismo se requieren medidas fuertes y, si es que las corporaciones militares toman el mando en dicho combate, que el presidente lo plante con todas sus letras y que la oposición dé el voto de confianza.

Hoy es necesario un pacto por la seguridad del país, donde todos los actores políticos dejen a un lado sus ambiciones electoras y acuerden una agenda mínima para devolver la tranquilidad a nuestra sociedad.