Lic. René Urrutia de la Vega

 Para nadie es ajeno que el diagnóstico que hoy nos arroja la situación que vivimos en materia de seguridad y justicia penal no es para nada halagüeño, todo lo contrario, no tenemos los resultados que necesitamos o deseamos; aunado a ello, si por otro lado realizamos una evaluación de las acciones y estrategias -si así podemos llamarles- que se han venido implementando y desarrollando a lo largo de las últimas décadas, podremos advertir que no han generado resultados positivos, por el contrario, estamos ante el creciente fortalecimiento de diversas organizaciones criminales en distintos rubros, la corrupción se ha institucionalizado en una gran cantidad de casos y de sectores públicos y privados, las instituciones policiales de todos los niveles de gobierno, así como las de procuración y administración de justicia, de ejecución penal y del sistema penitenciario están lejos de ser entidades verdaderamente fortalecidas, más bien se encuentran a merced de quienes las dirigen, dependiendo de ello su buen o mal funcionamiento, lo cual debilita sobremanera al sistema de justicia penal. Ello, sin dejar de considerar que el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio no ha rendido los frutos esperados ni ha cumplido las expectativas, en gran medida como resultado de lo apuntado inicialmente, además de que no contamos con un esquema adecuado y eficiente de prevención del delito y de conductas antisociales.

Como consecuencia de lo anterior, tenemos que establecer con asertividad que no podemos ni debemos mantener las mismas acciones, las mismas formas y mucho menos las mismas estrategias, tampoco podemos seguir sosteniendo la misma dinámica de atención a los temas de seguridad y justicia penal, ni hacerlos descansar sobre las mismas bases que hasta ahora tienen.

Pues bien, una de las circunstancias que condicionan la falta de resultados, sin duda alguna, tiene que ver con el hecho de que el sistema de justicia, desde la prevención, pasando por la procuración y por la administración de justicia, concluyendo con la ejecución de penas y el sistema penitenciario, se encuentren dominados y dirigidos por la política y los políticos, no obstante tratarse de temas de una naturaleza compleja y eminentemente técnica, pues hay que entender que la política y el gobierno en manos de personas emanadas de partidos políticos, tienen objetivos y directrices que no son compatibles con estas funciones. No es mi afán descalificar o satanizar a la política ni a los políticos, sino de entender que son cosas distintas, la seguridad y la justicia penal deben ser atendidos y operados por especialistas en su materia, por expertos que tengan un enfoque y una visión clara dirigida a conseguir un orden social con estrategias que no encuentren motivaciones o finalidades electorales, sino que se funden en estrategias sostenidas sobre la base una Política Criminal de largo alcance, algo de lo que definitivamente carecemos hasta ahora.

Para muchos de nosotros eso puede resultar utópico o inalcanzable, precisamente porque hemos vivido acostumbrados a que todo en este país se mida con el rasero de la actividad política, es decir, nos encontramos en manos de funcionarios públicos que integran los poderes ejecutivo y legislativo de la federación y de los estados, que tienen una vocación político-electoral y que enfocan sus esfuerzos, recursos y acciones al mantenimiento u obtención del poder político, lo cual no es malo o negativo en sí mismo, lo que pretendemos establecer y dejar en claro es que esa vocación y las acciones derivadas de ella no pueden ser compatibles con la función o tarea públicas de brindar seguridad y justicia a la ciudadanía, a juzgar por los resultados obtenidos hasta ahora bajo este esquema.

El llamado es a que llevemos a cabo una reflexión profunda que nos lleve a explorar la posibilidad de hacer cosas distintas para obtener resultados distintos, entendiendo que las instituciones encargadas de estas tareas tan importantes y trascendentes deben estar atendidas y dirigidas por especialistas técnicos y profesionales en las áreas y disciplinas afines, que permitan generar los resultados de largo plazo y de largo alcance que tanta falta hacen, partiendo del fortalecimiento efectivo de las instituciones.