Salvador Rodríguez López

El Artículo 17 Constitucional establece la obligación de los encargados de impartir justicia, que deben hacerlo de manera pronta y completa, como parte de una garantía individual o el derecho público subjetivo, lo que es posible en la medida que el aparato judicial cuente con el financiamiento necesario.
Es, sin duda, una de las principales exigencias que registran los aguascalentenses y a lo que tienen que responder los Tres Poderes del Estado, esto es, para que el Supremo Tribunal de Justicia cumpla con sus deberes el Ejecutivo debe incluir en el gasto anual el apoyo económico que requiere y su vez que el Congreso autorice la partida correspondiente.
Luego de que el gobierno envió al parlamento la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2018, corresponde al pleno legislativo aprobar en sus términos lo planteado o hacer algunas adecuaciones y aquí es en donde los legisladores deben considerar los 500 millones de pesos que solicita el Poder Judicial del Estado, 117 millones más de lo que ejerce este año.
Al titular del PJE, magistrado Juan Manuel Ponce Sánchez, le concierne inaugurar una etapa de vital importancia para el desarrollo de la entidad, como es la justicia laboral, que a partir de febrero se incorpora al mapa judicial, al mismo tiempo la consolidación del nuevo sistema de justicia penal, lo que junto con las acciones tradicionales exige crear espacios y contratar personal para cumplir con lo dispuesto en la Carta Magna.
En entrevista para este Diario, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia dejó en claro que se debe garantizar el cumplimiento preciso de las obligaciones que este órgano tendrá el año próximo y que no quede en “buenas intenciones”.
Como se ha informado ampliamente, con la desaparición de las juntas de Conciliación y Arbitraje federal y local la justicia laboral se integran al Poder Judicial federal y estatal, respectivamente, por lo que va a requerir espacios para juzgados y los recursos humanos obligados, además del área anticorrupción, que será de nueva creación y quedará incorporada al PJE.
En materia penal necesita por lo menos de dos juzgados, uno de lo familiar y otro de lo civil, que permitirán atender rezagos y crecimiento que se tiene en ambas áreas, lo que será factible si el Congreso analiza con amplitud lo expuesto, por lo tanto dependerá de los diputados que en Aguascalientes se garantice una justa aplicación de las leyes que ellos mismos han creado.
En una tesis que emitió en 2002 la Suprema Corte de Justicia señala “…es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales”.
Para el cumplimiento de lo citado hay que tener la infraestructura y los recursos humanos suficientes, que asegure que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan “de manera pronta, completa, gratuita e imparcial”.
Bajo este marco será responsabilidad del Congreso que en 2018 Aguascalientes tenga una buena justicia en todos los órdenes.

INVERSIÓN EN APUROS
Aguascalientes se encuentra entre las 14 entidades del país que podrían enfrentar riesgos en caso de cancelarse el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), o que se modifiquen las reglas que rigen desde 1994.
El gobierno de Estados Unidos pretende cambios drásticos en el convenio que tiene firmado con Canadá y México, que en algunos aspectos sería desfavorable para estos dos países, por lo que las rondas que tienen lugar entre las comisiones negociadoras han tenido momentos ríspidos.
De acuerdo con el Índice de Competitividad de las Entidades Federativas 2017 (ICEF) de ARegional hay riesgos para 14 estados mexicanos que se encuentran en un nivel medio y alto, de llegarse a la ruptura del TLCAN.
En la información difundida por El Universal, bajo la firma de Leonor Flores, se destaca que la consultora incluye en el indicador a Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro, Sonora y Tamaulipas.
La situación podría llegar a ser inestable en la fabricación, ensamblado y exportación de los productos si no hay acuerdo para la renovación del Tratado, lo que de acuerdo con el ICEF las ventas al exterior caerían 8% y su Producto Interno Bruto (PIB) se podría reducir 5%, en virtud que el 70% de sus envíos van hacia Estados Unidos.
También habría una pérdida de flujos de inversión extranjera directa y podría enfrentar un éxodo de empresas, consideró la coordinadora del área de Competitividad y Desarrollo Urbano de ICEF, Erika Peralta. Dijo que en los últimos cinco años la reducción en el gasto a la inversión afectó la competitividad y hubo retrocesos en el acceso a la educación superior.
Para enfrentar esta situación propuso un cambio a la política industrial y comercial, puesto que no es suficiente la actividad maquiladora que ha tenido el país. A nivel nacional “estamos reprobados tanto en innovación y desarrollo tecnológico, emprendimiento e impulso de empresas, en empleo de calidad, sustentabilidad, financiamiento empresarial, acceso a educación superior e infraestructura”, puntualizó.
Y si queremos sobrevivir al TLCAN “tenemos que ver hacia la educación”, propuso la directora regional de ARegional, Flavia Rodríguez.
En resumen, lo que plantea ICEF es una mudanza radical en la forma de hacer negocios y en la captación de la inversión extranjera, que no se ponga todos los huevos en la misma canasta, esto es, no atenerse sólo a la maquila automotriz, sino diversificar el mercado y darle el valor que le corresponde a la educación.
Muchas veces hay cierto regodeo cuando se menciona que Aguascalientes tiene un alto nivel de competitividad por actividad exportadora en el sector manufacturero, que junto con otras nueve entidades tienen 66.2 puntos más, respecto a la media nacional, sin embargo para la consultora su nivel sigue siendo mediano, por lo que hay que acelerar el paso para atraer otro tipo de capitales.
Cualquiera que sea el desenlace del Tratado de Libre Comercio, lo que cabe es hacer realidad los convenios comerciales que tiene firmados México con un número importante de naciones para depender menos de Estados Unidos y al mismo tiempo tener un horizonte más amplio en materia de inversiones, que a su vez se refleje en un empleo mejor remunerado.

COPIAN PROGRAMA
Hay quienes buscan que se les reconozca como descubridores del agua tibia, por lo que no vacilan en exhibir su nueva joya; es el caso del PRD estatal, que con bombos y platillos anunció la apertura de un consultorio médico gratuito, el cual funciona martes y jueves en sus oficinas con la entrega de medicamentos que son recetados por dos profesionales de la medicina. Es una actividad que con el mismo esquema tuvo el PRI a lo largo de varios lustros en su domicilio de López Mateos y Cosío, aunque más adelantado ya que cuando no tenía el medicamento se apoyaba al enfermo para que lo obtuviera en una farmacia con la que había convenio para un descuento y en caso de requerir estudios e incluso ser internado hacía el trámite ante un hospital, sólo que con tanto cambio de directivos se perdió ese apoyo que se otorgaba a la población en general.