Aguascalientes no escapa al alto nivel de violencia que se registra en casi todo el país, sin embargo el nivel de investigación que tiene lugar aquí –y en todas partes– es de acuerdo con la importancia que tienen política o económicamente de las personas perjudicadas y el mejor ejemplo se encuentra en el caso Maverick, ocurrido hace 15 años y nada se sabe el fin que tuvo el grupo plagiado.

Lo contrario sucede cuando se presenta un asesinato en que familiares y conocidos de la víctima recurren a todos los medios a su alcance, lo que obliga a las autoridades a intervenir, llegándose al asunto hasta la Presidencia de la República, como recién acaba de ocurrir con la joven que falleció en circunstancias hasta la fecha no aclaradas. Con esto se acaba el clásico compromiso de que “se llegará hasta sus últimas consecuencias y habrá un castigo ejemplar al responsable”, cliché que se saben de memoria los funcionarios encargados de las indagatorias.

En su momento esta entidad se estremeció con la noticia que habían sido secuestrados 10 trabajadores del bar Maverick, que hacían trabajos de remodelación y albañilería, por lo que desde un principio se descartó que tuvieran nexos con algún grupo del crimen organizado.

Han transcurrido casi tres sexenios y hasta la fecha no hay una sola pista. Los entonces procuradores y después fiscales estatales han conocido el expediente que permanece en algún cajón de casos irresueltos. La falta de recursos de los allegados ha impedido que pueda hacerse algo efectivo, por lo que todo gira en torno a recordar este acontecimiento y considerar que todo indica que para las autoridades estatales la vida de nueve seres humanos no tienen la menor importancia –porque sólo uno fue localizado pero ya fallecido-.

La coordinadora del Observatorio de la Violencia Social y de Género en Aguascalientes, Violenta Sabás Díaz de León, consideró que han transcurrido muchos años, por lo que “es complicado seguir una pista o hacer una entrevista y encontrar alguna grabación del hecho ocurrido”, de tal manera que el caso del Maverick está estancado.

La pregunta obligada es ¿si los desaparecidos hubieran sido estudiantes, miembros de familias pudientes o relacionados con la política, no se habría puesto en marcha todo el engranaje gubernamental?, pero se trató de trabajadores que difícilmente podrían estar relacionados con gente nociva.

Lo que hicieron fue para causar un daño y aunque tardíamente podría investigarse si entre los dueños o socios de ese lugar había alguien que tuviera ese tipo de contactos, porque quien lo ordenó fue para afectar un negocio que estaba próximo a su estreno y que ya no pudo abrirse debido a estos hechos, con lo que logró su propósito, aunque a un costo muy doloroso para las familias que hasta la fecha desconocen el fin que tuvieron.

En la Fiscalía General del Estado guardan “prudente” silencio, simplemente esperan que pasen los días y que vuelva a mencionarse hasta dentro de un año y volver a hacer mutis, aunque para entonces ya habrá otra administración que ojalá tenga el interés de destinar personal y recursos que se dediquen a esclarecer esta y otras causas que están en el olvido.

SÓLO INTENCIONES

A un mes de que tenga lugar la elección al Gobierno del Estado, las candidatas han expresado grandes planes para hacer de Aguascalientes un lugar diferenciado, que basta con que se lo propongan para que vaya en primer lugar en la mayoría de los temas nacionales.

Llama la atención una de las propuestas que se escucha con mayor insistencia en los promocionales: de que habrá las suficientes guarderías para que las madres trabajadoras puedan dejar a buen resguardo a sus hijos, lo que sin duda atrae la atención de las señoras que batallan para encontrar un lugar seguro dónde dejarlos –luego que a la actual administración federal se le ocurrió cancelar el programa que tan buenos resultados dio y todo por llevarle la contra a quien le antecedió-.

Se desconoce si quien promueve la creación de guarderías estatales ya hizo el cálculo de lo que cuesta cada una de ellas. Es necesario tener plazas para directivos y educadoras, de personal especializado en la preparación de alimentos, de médicos y enfermeras, de empleados de oficina, limpieza y vigilancia, entre lo básico.

Tan sólo la capital del estado tiene más de 400 colonias, a las que se suman las que existen en cada municipio, por lo que el citado programa no es “enchílame la otra”, aunque para efectos mediáticos sí sirve, el problema vendrá que si gana la elección está obligada a cumplir lo que hoy promete con tanta insistencia.

Otro asunto igual de espinoso es el del agua potable. Hay un compromiso general que habrá la suficiente en todos los hogares, lo que en teoría es posible, sólo que en la vida real no es tan sencillo. Hasta la fecha ninguna de las cinco aspirantes a la silla que ocupa Martín Orozco menciona cuál será el destino de Veolia, ateniéndose a que es un asunto municipal, sin embargo no pueden sustraerse al impacto que causa en más de 800,000 habitantes. Tampoco se explica cómo le van a hacer para que exista un equilibrio entre el uso que se le da a los mantos acuíferos, teniendo en cuenta que más del 70% de la extracción se utiliza en la agricultura y ganadería y el resto es para la población urbana, que crece a un paso apresurado. Tiene que haber un equilibrio entre la utilización que se le da en el campo y los centros poblacionales, por lo que no será cuestión de un decreto sino de encontrar un punto intermedio, teniéndose en cuenta que los veneros están cada vez están más profundos debido a la excesiva explotación.

Es incuestionable que esto del agua debe analizarse con pinzas, porque los habitantes de distintos rumbos de la ciudad capital han dado muestras de excitación, al grado de obstaculizar en algunas avenidas el paso vehicular debido a la falta de líquido en su domicilio, por lo que el próximo gobierno deberá informar desde el primer día qué planes tiene y cuál es el plazo que se da para tener solucionado este tema, para ello tendrá tres meses para estructurar el programa –entre el día de la elección y la toma de posesión-, claro, deberá cumplir si quiere llevar la fiesta en paz.

La sociedad actual es más exigente y cada vez da muestra de no hacer caso a las promesas, máxime que ahora tiene a su favor los medios de comunicación y las redes sociales que le permiten promover acciones que tengan un resultado efectivo. Ya no se asustan con la presencia de los rambos ni de todo el aparato policíaco que se utiliza para amedrentar una demanda ciudadana, lo que obliga a tener resultados firmes y a la mayor brevedad.

ACOSO MALSANO

Algo le deben haber hecho en el Poder Judicial del Estado al diputado local Enrique García, que no cesa en la persecución que mantiene en contra de los magistrados. Primero fue hacia la hoy ex presidenta del Supremo Tribunal, Gabriela Espinoza Castorena, hasta que logró que se nombrara en su lugar a otro magistrado. Ahora pretende reducir de 15 a 8 años el periodo de los magistrados y que haya una sola reelección por siete años. Según sus dichos, con ello habrá una mayor movilidad y garantizar que los juzgadores públicos sean idóneos. Ahora sí que los patos le tiran a la escopetas, porque mire Usted, amable lector o lectora, para ser diputado lo único que se requiere es que sepa levantar el dedo y decir sí o no a lo que le ordena su coordinador parlamentario o su partido. La Constitución Política del Estado establece que a un aspirante a diputado le basta con ser ciudadano mexicano por nacimiento en ejercicio de sus derechos, tener veintiún años cumplidos al día de su elección y haber nacido en el estado de Aguascalientes o tener una residencia efectiva en él, no menor de cuatro años inmediatamente anteriores al día de la elección, o sea que no importa que no sepa leer ni escribir. En tanto que para ser magistrado del Supremo Tribunal de Justicia se requiere ser ciudadano por nacimiento, originario del estado, o con residencia en él no menor a tres años, poseer título de licenciado en derecho con una antigüedad mínima a diez años al día de la designación, tener cuando menos 35 años cumplidos y no pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto. Sobran los comentarios entre lo que es un diputado y un magistrado.

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