El presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Rojas García, reconoció que la gravedad de los delitos cometidos por menores de edad crea una percepción de injusticia en la sociedad debido a las penas impuestas. Alertó sobre la práctica de algunos adultos que manipulan a menores para que cometan estos delitos, aprovechándose de que el marco legal prevé penas potencialmente menos severas.
Rojas García explicó que, dentro del marco legal actual, los jueces deben impartir justicia, teniendo en cuenta que en el ámbito penal juvenil las sentencias no pueden superar los cinco años de prisión. Esta limitación genera la impresión de que las sanciones aplicadas a menores por delitos graves son insuficientes en comparación con la gravedad de los actos, ya que no se perciben como justas ni adecuadas.
Destacó que este dilema ha sido objeto de debate entre los miembros del Supremo Tribunal de Justicia, en un contexto donde el país se ve obligado a cumplir con tratados internacionales sobre derechos humanos y protección de la infancia. Este marco legal implica que los legisladores deben ajustar las leyes a estos compromisos, considerando que los infractores juveniles, debido a su corta edad, no pueden ser juzgados como adultos.
«Estas personas están en proceso de formación, y por ello, su comportamiento se considera atenuante al momento de dictar una sentencia. Son las normas que, por ley, debemos aplicar», afirmó Rojas García.
Reconoció que esta situación es un tema delicado que podría motivar un nuevo análisis por parte de los legisladores, con el objetivo de revisar las penas establecidas para delitos como el homicidio o el abuso sexual. Rojas García señaló que el marco legal vigente podría presentar deficiencias en cuanto a la reparación integral del daño a las víctimas de delitos cometidos por menores de edad.