La fecha fatal se acerca y no hay trazas de que se resuelva el mayor número posible de juicios laborales, por lo tanto será la herencia que reciba el Poder Judicial del Estado (PJE) cuando se haga cargo de los asuntos que actualmente lleva la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA).

Desde principios de año el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Juan Manuel Ponce Sánchez, ha sido reiterativo en la necesidad de que el citado organismo finiquite los casos que tiene en proceso, pero por una u otra razón ha postergado la respuesta.

A la fecha hay cerca de siete mil juicios, asegurando la JLCA que el volumen se debe a la escasez de personal y recursos materiales, lo que hará difícil que el traslado de la justicia laboral al Poder Judicial cumpla con lo planeado, de comenzar de cero como parte del Nuevo Sistema de Justicia Laboral en el país.

El problema de fondo estriba en que cada expediente significa el nombre de un trabajador o una empresa que están a la espera de que se resuelva la demanda correspondiente, tiempo que incumple el estribillo por una justicia pronta y expedita”.

En todas las entidades federativas tienen pleno conocimiento de las reformas constitucionales, por lo que es obligación que se ciñan a los tiempos fijados, que en este caso es a partir de febrero y para entonces deberán estar concluidos la totalidad de los juicios para que se trabajen bajo el actual esquema.

Por lo que se observa ocurre exactamente lo mismo que con el nuevo sistema de justicia penal, que en 2008 se legisló para entrar en vigor ocho años después, pero al llegar 2016 se tenía sólo avances y quienes deberían intervenir directamente – ministerios públicos, abogados, policías, etc.,- no estaban capacitados, por lo que el cambio ha sido lento y todavía a estas alturas sólo una parte domina la técnica  de los juicios orales.

El Congreso del Estado ha estado ausente en plantear una salida, que entre otras cosas podría ser tramitar ante el Ejecutivo que destine más recursos financieros a la Junta de Conciliación y así pueda contratar el personal que se requiera para atender los asuntos en cartera, teniéndose en cuenta que sólo quedan tres meses para eliminar los siete mil juicios.

De no haber concluido, deberá destinar una partida en el presupuesto de 2018 y que parte del personal de la JLCA se comisione para resolver lo que esté en curso, de manera que el Poder Judicial se encargue de los nuevos asuntos bajo el naciente modelo.

Ponce Sánchez afirmó que el propósito es que, una vez que el PJE asuma el control de la justicia laboral, vigilará que a la mayor brevedad todo quede resuelto, lo que es una determinación que ha ventilado.

De manera paralela el Poder Legislativo del Estado tendrá que elaborar la ley que crea los centros de conciliación que deberán funcionar desde enero, además de reformas a una serie de clasificaciones como el Estatuto Jurídico, la Ley de Administración Pública y la propia Constitución Política local, que constituya el andamiaje por el que transitará la nueva justicia laboral.

¿PEREZA FAMILIAR?

En alguna ocasión preguntó el de junto cuántas iniciativas que formulan diputados y diputadas se apegan a las necesidades reales de la sociedad, porque tal parece que la mayoría tienen como finalidad el relumbrón, el presumir que presentó más propuestas que otros, sin importar que no fueron aprobadas, que se quedan en el cajón de pendientes o que en la siguiente legislatura las echa abajo por incongruentes.

Esta vez fue el diputado Guillermo Gutiérrez Ruiz Esparza el que planteó castigos que pueden ser hasta de prisión a los padres de familia que no tengan control sobre sus hijos, cuando éstos cometan actos ilícitos.

Se dijo “preocupado” por el creciente número de menores infractores, por lo que la única manera de disminuir la cifra es crear cursos a padres o tutores cuando el niño o niña actúen indebidamente, en espera que “esta medida garantizará una responsabilidad efectiva en el cuidado y educación de sus hijos”.

En caso de no acudir a los cursos, Gutiérrez propone aplicarles una multa y de faltar en tres ocasiones se les enviará a prisión (sin precisar si será por días, semanas, meses o años), como única vía de que comprendan que por su incuria los menores pueden convertirse en delincuentes “y pongan en riesgo su bienestar y su vida misma”.

De llegarse a cumplir con la  “amenaza” que hace el legislador van a faltar cárceles, puesto que no es lo mismo estar atrás de un escritorio, en un café o un restaurante y recibir casi 60 mil pesos mensuales de salario, a vivir la realidad familiar, principalmente en las colonias populares, donde la necesidad empuja a papá y mamá a trabajar, por lo que hay hijos que extravían su camino, pero no es por falta de cariño, sino al poco tiempo que tienen para convivir con ellos.

Obligar a que acudan a la “escuelita” para que les digan cómo actuar y en caso de no hacerlo se les impongan multas o prisión, provocaría otro problema aún mayor, que es tener el suficiente espacio en las instalaciones del DIF para dejar bajo resguardo a los hijos mientras los padres cumplen la condena.

Aunque parezca una idea original tiene sus raíces en otras de la misma estirpe. En Nuevo León, la fracción legislativa del Partido Acción Nacional (PAN) propuso que se impongan “de 6 meses a 3 años de prisión a aquella persona que, teniendo algún menor de edad bajo su patria potestad, guarda o custodia, se abstenga de enviarlo a recibir la educación obligatoria”. El diputado Luis Ángel Benavides consideró que la ley de educación es muy laxa, “lo que está en la legislación en la misma ley de educación es algo muy tibio, no hay realmente ninguna sanción, solamente menciona que el director de la escuela va a llamar al padre o tutor para darle alguna plática y cosas de ese tipo que no llevan absolutamente a nada, lo que queremos es que haya una verdadera sanción que sea de 6 meses a 3 años de cárcel para la persona que no lleve injustificadamente a su hijo a la escuela”.

Para no ser menos, el gobernador panista de Guanajuato, Miguel Márquez, sugirió el año pasado “unas buenas nalgadas y un buen cintarazo” como una forma de enseñar a los hijos a respetar a los padres y a las autoridades, sin embargo luego de la serie de protestas, el uno de noviembre reculó y pidió disculpas.

Cabe recordar que frente a este tipo de “recomendaciones”, el titular del Centro de Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, Elías Rafful, declaró el 11 de junio de 2016, en relación a las propuestas para combatir el bullying en las escuelas: “Definitivamente no puedo estar de acuerdo con una solución que implique la penalización de los jóvenes o de los padres de familia. Bajo ninguna circunstancia puedo estar de acuerdo. Las soluciones deben partir del reconocimiento de que todos somos responsables y por tanto tenemos que trabajar en la prevención. No podemos decir que esto se va a solucionar metiendo a los padres a la cárcel o metiendo a sus hijos a la cárcel”.

Más claro no puede ser.

 

CAMPAÑA PERMANENTE

Cada año hay un programa muy intenso para pedir a las mujeres que acudan a que les practiquen la mastografía, pero luego de unas semanas es poco lo que se menciona, no obstante que en el caso de Aguascalientes se registra un promedio de 68 fallecimientos cada año de quienes no asistieron al examen. Tanto el IMSS como el ISSSTE y el ISSEA deben tener como una acción fija la promoción, con carteles a la entrada de las oficinas de cada institución, en hospitales y unidades de medicina familiar, al igual que pláticas dentro de los cursos que se ofrecen en distintas actividades, lo que ayudará a que sea un recordatorio visual o auditivo que lleve a reducir, y en su caso eliminar, los decesos.